Política
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Cuatro de cada 10 menciones en espacios digitales son sobre corrupción
En los 100 días de gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera se analizan las conversaciones de los guatemaltecos en los espacios digitales.
Karin Herrera y Bernardo Arévalo asumieron la vicepresidencia y presidencia de la República de Guatemala, respectivamente, el pasado 14 de enero del 2024. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
A raíz del cambio de Gobierno, los temas de interés social lideraron la conversación de los guatemaltecos en las redes sociales y en la web, dejando de lado los mensajes de defensa de la democracia y los relacionados a fraude electoral y a golpe de Estado que repuntaron previo a la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera a la presidencia y vicepresidencia del país, respectivamente.
El análisis de la escucha social realizada en Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, YouTube y motores de búsqueda por la empresa Interacción Digital a través de la herramienta Goo, entre el 15 de enero y 16 de abril, muestran datos sobre lo que se habla en Guatemala alrededor de los gobernantes, de los 100 días de Gobierno y del Movimiento Semilla.
El 3 de agosto pasado, Arévalo y Herrera presentaron su Plan de los 100 días de llegar a asumir la presidencia, y con base en esas primeras acciones de gobierno se enlistaron los temas que se rastrearían en espacios digitales para este análisis.
Se monitorearon 11 temáticas y las menciones que surgieron alrededor de estas, que sumaron 75 mil 689.
De este universo, el 44.40% de menciones sobre corrupción y transparencia están relacionadas a poner un alto en las prácticas corruptas de los anteriores gobiernos y a denunciar a los involucrados en hechos de este tipo. En este apartado también se hace mención de la Fiscal General, Consuelo Porras, del Ministerio Público y de la elección del Comisionado Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo.
Seguridad y Justicia se convierte en el segundo tema más conversado, con el 13.6% de las menciones. La población tiene la percepción del aumento de la inseguridad y de la delincuencia en los espacios públicos, y manifiestan la urgencia de implementar medidas para disminuir extorsiones y robos.
El otro tema de interés es Salud, que ocupa el 11.5% de las menciones. Los usuarios hablan de la importancia de tener un sistema de salud pública eficiente, del abandono y desabastecimiento de los hospitales y de la dificultad de acceder a los servicios estatales. Hay peticiones relacionadas a mejorar la atención, además de conversaciones sobre la recién aprobada Ley de Atención Integral de Cáncer.
Un menor volumen de conversaciones se generó alrededor los temas de educación, inclusión social, migración, medio ambiente, desarrollo económico, canasta básica, participación ciudadana e innovación y tecnología, según la escucha social.
Corrupción y transparencia
“Salvar a Guatemala urgentemente de la corrupción”, esa fue la primera acción que Bernardo Arévalo dijo que realizaría en los primeros tres meses de su gobierno.
“Karin Herrera y Bernardo Arévalo asumimos la responsabilidad de liderar el combate a la corrupción con el ejemplo”, mencionó en el discurso de presentación del Plan de los 100 días en agosto pasado, y para ello denunciarían a los corruptos ante las instancias correspondientes, nombrarían en cargos públicos a personas probas y capaces, crearían un código de ética y transparencia para el servicio público, y cumplirían con la ley de acceso a la información pública para transparentar el gasto.
Durante el tiempo en que Arévalo y Herrera están en el poder, en materia de corrupción y transparencia en el país han salido a luz plazas fantasmas en instituciones públicas relacionadas al gobierno anterior, la designación de funcionarios en la Lista Engel y sancionados bajo la Ley Magnisky de Estados Unidos y la denuncia por la compra de las vacunas Sptunik V.
En ese contexto, a criterio de Jahir Dabroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), 100 días es un tiempo corto para evaluar a un gobierno, y como mínimo se debería de considerar un plazo de seis meses.
Indica que Arévalo y Herrera llegaron al Ejecutivo avalados por el rechazo popular a los corruptos y se ubicaron como una opción política distinta a la clase tradicional, y ese ha sido el principal punto de la acción gubernamental, pues es “más práctico” hacer una revisión en ministerios y secretarías de la utilización de recursos públicos, para luego denunciar los casos de corrupción.
Destaca de este período de gobierno la creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción, pero, hay que esperar los resultados.
Si bien la lucha contra la corrupción ha sido la principal carta de presentación de Arévalo, el analista menciona que este discurso puede llegar a “cansar” a la población que espera soluciones a las necesidades cotidianas, como la inseguridad, acceso a la salud y educación, por ejemplo, sin embargo, hay que estar claros que estos problemas estructurales no pueden resolverse en tres meses.
“Se requiere que articulen muy bien las piezas para poder entregar resultados, y ese será el punto donde el guatemalteco dirá: ‘está bien que presenten casos, pero también necesito que me solucionen el día a día’”, indica Dabroy.
Ese será el desafío, agrega, pues llegará el momento en que la lucha contra la corrupción no será suficiente para satisfacer la demanda ciudadana.
Dabroy menciona como desaciertos en estos 100 días de Gobierno que no hay un manejo homologado en los discursos de Arévalo y Herrera. “No es que vayan por rumbos distintos, pero se percibe que tienen diferentes formas de abordar los temas. La vicepresidenta Herrera es más activa y reactiva de lo que es el presidente Arévalo, que piensa un poco más las acciones”, señala, lo que se evidenció en la destitución de la ministra de Ambiente, María José Iturbide.
“Están muy preocupados de lo que se discute en Twitter, más de lo que del guatemalteco se vive cotidianamente. Ese puede ser un punto para mejorar”, agrega.
Seguridad y justicia
Walter Menchú, analista del CIEN, menciona que al Ejecutivo le concierne lo relativo a seguridad, mientras que el área judicial le corresponde a un poder aparte.
Partiendo de ello, uno de los ejes que Arévalo presentó dentro del Plan de los 100 días fue frenar la delincuencia, un problema que señaló no ha sido del interés de quienes han gobernado Guatemala.
“La falta de un adecuado enfoque de seguridad ciudadana ha provocado que la población desconfíe de las fuerzas de seguridad, que son las encargadas de protegernos”, dijo en su discurso.
Mientras que, como medidas para frenar el flagelo ofreció combatir las extorsiones desde las cárceles, el control del crimen actuando preventivamente, aumentar la presencia de Policía Nacional Civil en las áreas más afectadas por la violencia y dignificar a los policías.
Lo que la población ha percibido en los últimos meses es que la violencia homicida aumentó, pese a que las cifras dicen lo contrario, pues en el primer trimestre del año esta disminuyó un 13% comparado con el mismo período en 2023. Las extorciones relacionadas a pandillas, como los asaltos protagonizados por motoristas también generan inseguridad en la población. Mientras que las autoridades realizan requisas en cárceles y patrullajes de las fuerzas de seguridad en las calles para evitar atracos.
Walter Menchú, analista del CIEN, menciona como acierto del gobierno de Arévalo en materia de seguridad el que desde el inicio se tenido claridad de los desafíos a enfrentar, y partiendo de ello se han implementado acciones para resolver la problemática.
Ve como positivo las requisas en las cárceles, también mantener a algunos reclusos separados del resto por su perfil criminal, pero falta aislar con medidas de máxima seguridad a extorsionistas para que dejen de operar desde los centros de detención.
Añade que al inicio de esta Administración se planteó el bloqueo de la señal telefónica en las cárceles y reuniones con las empresas de telefonía para coordinarlo, pero no hay avances en el tema.
Por otro lado, se anunció una fuerza interinstitucional para mejorar los controles de ingreso a las prisiones, pero el desacierto para Menchú es haber limitado la acción con visitas aleatorias y no dejarla de forma permanente en los centros que presentan los mayores desafíos.
Con respecto a reconvertir los patrullajes motorizados del Grupo de Reacción Inmediata LOBOS a una nueva fuerza enfocada en las extorsiones, si bien es una acción en la vía adecuada, no es suficiente para frenar a los extorsionistas, pues “se requiere más de un trabajo de investigación criminal que de algo disuasorio”. En su opinión la estrategia estaría más acorde al combatir robos, asaltos o desorden público.
Menchú indica que el trabajo de inteligencia ha servido para mejorar la incautación de ilícitos, ya que en el primer trimestre se incautaron 3 mil 981 kilos de cocaína más que en el mismo período del 2023. Sin embargo, no se ven los mismos resultados en el fortalecimiento de la investigación criminal, para lo que es necesario el trabajo conjunto de los equipos de investigación del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público.
“Se han continuado las redadas en las que se captura a personas para vincularlas a diversos delitos, como parte del trabajo de investigación, pero el problema de las extorsiones no se ha controlado”, dice el analista.
Destaca que en el primer trimestre de este año la violencia homicida se ha reducido en el país.
Salud
La falta de medicamentos en los hospitales de la red pública ha sido uno de los desafíos que ha tenido que enfrentar el gobierno de Bernardo Arévalo desde los primeros días.
Una millonaria deuda de arrastre con los proveedores ha limitado la adquisición de los insumos más esenciales para atender a los guatemaltecos. La nueva administración recibió 19 hospitales con baja disponibilidad de productos, pero fue el General San Juan de Dios el que sufrió una de las peores crisis de desabastecimiento, al punto que se vio en la necesidad de trasladar pacientes a otros centros asistenciales, y suspender las cirugías programadas al no tener anestesia.
El pago de la deuda a proveedores, que ascendió a Q733 millones, se han ido dando, lo que ha mejorado el despacho de medicamentos, pero mantener el abastecimiento continuo es la demanda de los médicos para poder trabajar y dar un buen servicio a la población.
El brote de Guillain-barré que se presentó desde comienzos del 2024 también puso en aprietos a las nuevas autoridades de salud, que enfrentaron la emergencia con servicios que no contaban con el tratamiento para la enfermedad.
Se establecieron equipos con epidemiólogos, infectólogos y otros especialistas para investigar la aparición repentina de casos. Según las autoridades del Ministerio de Salud el brote ya está controlado -se contabilizan 87 casos y cinco fallecidos-, y se espera el resultado de los estudios realizados para conocer su origen.
El gasto millonario a través de compras de baja cuantía a proveedores cuestionados para adquirir mobiliario, equipo médico, insumos y realizar remozamientos son acciones que han debilitado los presupuestos de los hospitales y centros de salud, son problemas que heredó la actual administración y que ha llevado a la destitución de directores y de personal involucrado en estas adjudicaciones.
En ese contexto se han desarrollado los primeros 100 días del Gobierno de Arévalo en el área de salud, en el que también se ha anunciado un convenio por US$900 millones con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para la compra de medicina, una medida que desde la campaña electoral presentó como parte de su plan de trabajo para abastecer los servicios de salud y farmacias públicas con medicamentos a precios accesibles a la población.
A criterio del médico José Luis Ranero, expresidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, la evaluación de políticas de salud es un proceso multidisciplinario que involucra determinantes políticos, económicos, sociales, educacionales y ambientales, por lo que cualquier toma de decisión en temas de salud es difícil de evaluar en un periodo corto, como lo son 100 días de gobierno.
Sin embargo, resalta las propuestas de mejorar el acceso oportuno a la atención médica, principalmente en áreas que históricamente han sido desatendidas. Además, de priorizar la atención primaria de salud sobre la creación de unidades hospitalarias especializadas, que consumen mayor presupuesto y tienen baja cobertura social.
Resalta aumentar el número de personas que coticen a la seguridad social, pero aumentando el recurso humano e infraestructura para asegurar una atención digna en un ambiente digno de trabajo.
“Ante la situación nacional se debe trabajar para construir consensos y asegurar la negociación política para avanzar”, dice Ranero.
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