En un comunicado que se hizo público ese mismo jueves 4 de mayo, cuando el movimiento sindical de Joviel Acevedo salió a las calles, en el Congreso explicó que la iniciativa 5563 tiene un dictamen del 2019 y reconoció que antes de considerar su aprobación se debe volver a discutir en la comisión y, en todo caso, actualizar el dictamen.
Que la propuesta de ley regrese a discusión a la sala legislativa no es la opinión unánime del Congreso. Varios diputados jefes de bloques sostienen que es necesario comenzar con la aprobación de la norma, como se acordó el pasado 26 de abril.
Incluso, la urgencia de los diputados por reformar la ley de clases pasivas del Estado llevo a que algunos parlamentarios propusieran que se aprobara de urgencia nacional, y evitar así las tres lecturas requeridas. Finalmente no se entró a discusión en el pleno la propuesta 5563.
¿Qué busca la iniciativa?
La 5563 busca reformas la ley de clases pasivas del Estado, lo que de fondo significa mejorar el rango de las pensiones que reciben los antiguos trabajadores gubernamentales, ahora jubilados.
La propuesta de ley no es nueva, comenzó su camino en el Congreso el 14 de marzo del 2019. Fue presentada el 10 de abril de ese año y el 28 de noviembre siguiente recibió un dictamen favorable.
En primera instancia la iniciativa modifica los aportes de las cuotas que cada trabajador del Estado debe aportar para tener derecho al final de su vida laboral a una pensión por jubilación. Esto, en otras palabras, significa que los actuales trabajadores del Estado que tienen derecho a jubilación deberían aportar una cuota más alta cada mes y asegurarse así una pensión más grande cuando se jubilen.
Actualmente los aportes del trabajador al fondo de pensiones para jubilados oscila entre el 9% hasta el 15% de la base salarial. La reforma aumenta los aportes y fija un mínimo del 13% hasta un máximo del 20%.
Porcentaje actual Iniciativa 5563
1.00 a Q. 400.00 9% 1.00 a Q. 4,000.00 13%
400.01 a Q. 2000.00 10% 4,001.00 a Q. 6,000.00 14%
2000.01 a Q. 4000.00 11% 6,001.00 a Q. 8,000.00 15%
4000.01 a Q. 6,000.00 12% 8,001.00 a Q.10, 000.00 16%
6,000.01 a Q. 8,000.00 13% 10,001.00 a Q.20,000.00 18%
8,000.01 a Q.10,000.00 14% 20,001.00 en adelante 20%
10,000.01 en adelante 15%
Con este incremento en los aportes, la iniciativa 5563 busca aumentar el pago de la pensión y evitar que existan jubilados que no puedan ni siquiera cubrir sus necesidades básicas.
La propuesta plantea que la pensión más baja por orfandad, viudez, invalidez o pensiones especiales no podrá ser menor al salario mínimo ni superior a los Q6 mil. Los extrabajadores no profesionalizados no podrán recibir menos de Q8 mil ni mayor a Q10 mil, mientras que los profesionales no podrán recibir menos de Q10 mil, ni montos superiores a Q12 mil.
Un tercer aspecto que propone la iniciativa es crear un fondo de Q100 millones anuales que se denomina Cuenta de Dignificación, que vendrá a suplir el montepío, que se diluyó en el fondo común. Este fondo deberá de ser acreditado a uno de los bancos del sistema, sin especificar a cuál, y su función es poder generar intereses a favor de los pensionados.
Expertos en temas económicos y laboralistas dividen sus criterios sobre los alcances de esta iniciativa, aunque coinciden en que la propuesta merece ser analizada porque existen tanto aspectos positivos y negativos.
Mejora las pensiones
Para Percy Méndez, abogado experto en materia laboral, es importante que se legisle a favor de los pensionados. Considera que “el tema de las clases pasivas del Estado es algo muy cruel, Guatemala, el gobierno central, ha dejado de cumplir sus responsabilidades y la propuesta es básicamente financiar”.
Méndez afirma que actualmente existen pensiones que están por debajo de la canasta básica vital, que impide a los jubilados y a sus familias poder subsistir de manera digna. “Poco se debe de investigar para ver que en Guatemala hay pensiones de hasta menos de Q1 mil 500 mensuales, son cosas que lloran sangre”, añade.
El laboralista ve positivo el punto medular de la iniciativa: “sí creo que la financiación de parte del Estado es algo prioritario, elevar las pensiones; creo que vale la pena entrar a una discusión de fondo y por sobre todo el Estado tiene que asumir su responsabilidad y dejarse de estar haciendo el loco”.
No obstante, dice Méndez, existen otros elementos que ameritan un análisis más profundo, por ejemplo, la creación del fondo económico. “Vivimos en Guatemala y en este país los muertos acarren basura. Alguien va a decir a qué banco se lo van a dar”, advierte.
Para el experto en temas laborales, es necesario que este posible fondo sea seguro y se debe definir su administración en la misma ley, de lo contrario se pueden generar dudas sobre quién o quiénes serán los responsables de la administración de este fondo. “No hay que escarbar mucho en la historia, donde algunos bancos de repente desaparecieron y dejaron a los pensionados solos”, dijo Méndez.
Necesita análisis
Para Luis Linares, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asíes), esta serie de reformas propuestas en la iniciativa 5563 son necesarios, pero sí se necesita un análisis técnico y a detalle antes de aprobarlas.
“Requiere una reforma más a fondo, para que el sistema no se convierta en una carga excesiva para el Estado (…) ahora plantean que para los trabadores civiles la pensión no podrá ser menor de Q8 mil, esto quiere decir que uno que se jubiló sobre Q4 mil o Q5 mil va a recibir casi el doble del salario, esto no tiene sentido”, dice Linares.
Linares también advierte un riesgo en que una propuesta de ley de esta envergadura debe incluir una revisión a la edad de jubilación, para evitar que el Estado adquiera un compromiso económico muy alto.
“Ahora se puede jubilar alguien con tiempo de servicio de 10 años y recibe el 36 por ciento del salario, es algo muy caro para el Estado; se jubila alguien a los 35 años y vive hasta los 80, pasaría 45 años recibiendo la tercera parte del sueldo, es demasiado generoso y oneroso para el Estado”, critica Linares.
Diálogo abierto
La forma tan abrupta con la que el Congreso cedió a las exigencias del sindicato de Joviel Acevedo es un punto que genera suspicacia a Luis Mack, analista político independiente.
Destaca que por estar en periodo electoral, prácticamente a poco más de un mes de las votaciones, ningún político desea ganar enemigos y sobre todo con un movimiento tan grande como el magisterial.
“Pesa, porque representan a un sector organizado que representa votos, en épocas electorales los congresistas están muy atentos a esto, a generar mayor apoyo de los grupos que pudieran influir en movilización. Lamentablemente, este tipo de prácticas son al estilo clientelar, yo te doy y tú me das, a pesar de que es parte del juego democrático, termina desvirtuando”, señaló.
Otro punto a considerar ahora es la forma en que el Congreso replanteará el tema, y Mack destaca que “ya que el Congreso no está al servicio de un solo grupo, y si dan marcha atrás por un grupo, deberían de abrir el proceso de diálogo para que otros sectores se pudieran manifestar”.
Ahora ninguno de los diputados que apoyaba la iniciativa argumentó sus beneficios, ante el rechazo del magisterio, “obviamente si los congresistas sabían que esta ley era para beneficio de un grupo específico – como los jubilados – deberían de haber tenido un poco más de capacidad para defender la iniciativa, si fue creada con ese espíritu”, critica Mack.
Mientras tanto, sobre la mesa está el compromiso de la presidenta del Congreso de instalar la instancia técnica para analizar la propuesta, esta será coordinada por el diputado Javier Hernández, del Frente de Convergencia Nacional, aunque todavía no se conoce quiénes la integrarán.
Peligro en las aulas
El gremio magisterial liderado por Joviel Acevedo se manifestó en contra de la iniciativa 5563 en la capital, pero a pesar de que lograron la promesa del Congreso de suspender la aprobación de la iniciativa, no todos los maestros levantaron las medidas de hecho. El grupo Empresarios por la Educación advirtió en un comunicado el pasado jueves que el ciclo escolar atraviesa un problema de calidad educativa porque se amenaza la presencialidad en las aulas.
“Lamentamos la suspensión de clases presenciales en algunos municipios”, dice Empresarios por la Educación, que recuerda en el comunicado que la iniciativa que los maestros rechazan está suspendida de su aprobación en el Congreso, por lo que no hay motivos para continuar suspendidas las clases.
“Tres años después del cierre de las escuelas, más que un paro, lo que se necesita son estrategias efectivas para contrarrestar la pérdida de aprendizajes, prevenir el abandono escolar, así como apoyar el bienestar socioemocional de los estudiantes”, añadió Empresarios por la Educación.
