El informe pesquisidor protegía la inmunidad del vicepresidente del Congreso, pese a que el congresista intentó, sin éxito, en 15 ocasiones separar a Valladares del proceso y fue multado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por promover recusaciones “malintencionadas y frívolas”.
El legislador se había ausentado a citaciones de la Sala en cuatro oportunidades. Finalmente presentó sus pruebas de descargo por escrito, a pesar de ser citado bajo apercibimiento.
“Es político”
En varias ocasiones el diputado y secretario general del partido Todos fue cuestionado respecto al proceso penal y los señalamientos del MP y la Cicig en su contra; siempre respondió que había un interés político atrás de la acusación.
Alejos dijo: “No voy litigar en los medios de comunicación como lo ha hecho Thelma Aldana -exfiscal General- e Iván Velásquez -director de la Cicig- para buscar una condena mediática a falta de pruebas. Estoy ejerciendo mi derecho de la legítima defensa, consagrado como una garantía constitucional”.
“He ejercitado mi derecho de defensa porque el proceso está viciado, manipulado y politizado. Todo esto se trata de un antejuicio político y espurio interpuesto por la ahora candidata a la presidencia, Thelma Aldana, quien aún maneja una estructura politizada dentro del MP”, agregó.
El caso
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) presentaron el antejuicio en contra de Alejos el pasado 25 de enero. La CSJ lo aceptó para su trámite el 25 de abril y fue ratificado el 17 de agosto. No obstante, el diputado se había resistido a comparecer ante el juez pesquisidor.
El MP acusa al diputado de Todos y primer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.
Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.
Contenido relacionado
>Congreso aumenta presupuesto para viáticos y asesores
>Finanzas recortará fondos a cuatro ministerios para dar a la Usac
