La investigación que se denomina subordinación del Legislativo al Ejecutivo detalla cómo la vicepresidenta Roxana Baldetti entregaba dinero a diputados en el Congreso para que aprobaran leyes, así como la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.
La decisión que tomen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia evidenciará si se desmarcan de quienes los eligieron en esos cargos y resuelvan los antejuicios planteados conta: Estuardo Galdámez, diputado y candidato presidencial de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro, Marco Antonio Orozco y Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y señalado de participar en la supuesta entrega de dinero a los congresistas.
Analistas del sector justicia consideran que la credibilidad del Poder Judicial esta en juego en este momento, ya que los magistrados quienes fueron producto de ese pago de sobornos deben de desligarse de quienes los eligieron y demostrar con independencia los casos plateados.
Modelo caduco
Elvyn Diaz del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales considera que el modelo de elección de magistrados es el que ya venció, mientras que este permita que los magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones participen en las comisiones de postulación siempre evidencia las negociaciones espurias.
“A pesar de que fueron electos por estos diputados, cuando asumen el cargo de magistrados tienen que ejercerlo con total independencia la cual funciona a partir de estar en el cargo y tiene que ejercer sin importar si tiene que juzgar a personas que hayan votado por ellas. La independencia debe darse hasta de las personas que los eligieron, sus actuaciones deben de resolverse apegada a Derecho y no a intereses que puedan tener determinadas personas”, dijo Diaz.
A decir del abogado si el juez tiene interés en el asunto, el magistrado se puede inhibir de conocer el asunto, pero en este caso no hay interés y lo que se aborda es que ellos deben de resolver contra los diputados que los eligieron y esa no es razón ni para inhibirse.
“Sin duda alguna los magistrados estarán más en el escrutinio público al igual el proceso de postulación y la elección en el Congreso”, refirió el profesional.
El presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Ovidio Orellana indicó que la Corte Suprema de Justicia no puede resolver cuestiones políticas, ellos -los magistrados- deben resolver conforme lo establece la Constitución, las constancias procesales, la Ley y su conciencia.
“Estos cuatro factores son importantes para resolver no solo esta clase de procesos sino cualquier proceso, porque la justicia es igual para todos, y se debería de resolver en base a esas cuatro premisas y si se resuelve de otra manera no es justicia”, dijo Orellana.
El profesional considera que la independencia judicial es lo que debería de privar, prácticamente la independencia es una garantía constitucional de los jueces y si no hay independencia no hay justicia, deben de apegarse al marco constitucional aplicando las normativas.
“Ellos no pueden estar resolviendo por presiones de ninguna naturaleza, de ningún sector, de ninguna persona ellos tienen que ajustarse a los preceptos ya indicados, hacer lo contrario es decir que no hay justicia”, concluyó Orellana.
Independencia
El presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Stuardo Ralón manifestó que todo magistrado no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino de Apelaciones y Corte de Constitucionalidad se debe a la Constitución.
“Desde el momento que asume el cargo hace un juramento de aplicar correctamente la Constitución y se desliga de cualquier persona que lo haya designado en el caso de las designaciones directas que se dan en las más altas Cortes del país incluida la que el Congreso resulta par la Corte Suprema. Ejercer la judicatura tiene esa gran responsabilidad de apearse a la ley y la Constitución, aunque las resoluciones no sean de simpatía popular”, indicó el profesional.
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Ralón añade que, si se quiere fortalecer el estado de Derecho, la institucionalidad, debe de darse el ejemplo de cualquier magistrado como lo es la Corte Suprema de actuar siempre apegado a una aplicación correcta de la Ley y de la Constitución.
“Es una obligación de todo magistrado deberse al respeto de las leyes y la constitución y en este caso escandaloso ojalá se pueda llegar a la verdad de los hechos de que fue lo que ocurrió, que prevalezca que mediante los medios científicos de prueba establecerse las responsabilidades que corresponda y aplicarse las sanciones para que no vuelva a ocurrir”, dijo el presidente del Cedecon.
La directora de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads), Eleonora Muralles considera que la gran duda de que pasa en las Cortes, hay un señalamiento en contra de la forma en la que se eligieron los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Apelaciones.
“Ellos deben de resolver conforme a Derecho, pero hemos visto que no lo hacen, como ejemplo el antejuicio contra Felipe Alejos en donde ellos incluso mienten para protegerlo y el caso no avanza. Hay una desconfianza total a la Corte Suprema de Justicia y con este señalamiento es peor. Aunque ellos digan que se despojan de quien los eligió y vamos a revisar independientemente el caso, pareciera que no ocurriría”, dijo Muralles.
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