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El pasado 14 de junio —dos días antes de que se celebraran las elecciones generales— la Contraloría emitió el Acuerdo Gubernativo 96-2019, con el cual reformó el reglamento de su ley orgánica.
Uno de los cambios que más llamó la atención es que, anteriormente, según el reglamento que había estado vigente desde enero de 2017, para ser director de área o secretario de la institución se tenía que acreditar una maestría afín al trabajo que desempeñaría.
Pero desde el mes pasado el reglamento precisa que “de preferencia” se debe acreditar dicho grado académico, con lo cual se baja el perfil para que las personas pretenda ocupar un cargo.
Edwin Salazar, contralor General de Cuentas, aseguró que “se hicieron modificaciones a un reglamento que ya estaba en la Contraloría el cual solo se retomó”.
El funcionario reconoció que se redujeron los requisitos para ocupar los cargos de director y secretario “porque no se le puede vedar el derecho a ningún profesional de que pueda trabajar en la Contraloría”.
Según Salazar, la modificación al reglamento no es para beneficiar a alguna persona en particular y se hizo porque “los subcontralores no necesitaban maestría, por lo que es ilógico que a un director sí le pidieran cuando al que está arriba no se la piden”.
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El contralor argumentó que “todo se ha hecho de acuerdo a la ley”, pero no supo precisar cuántos directores que recientemente han tomado posesión del cargo no tienen ese grado académico y se limitó a responder que “la mayoría lo tiene”.
El funcionario resaltó que lo único que buscaba era “darle la oportunidad a los profesionales”, por lo cual también se bajó “al nivel de colegiado activo”, lo cual pese a que era un requisito no todos los directores lo cumplían.
Agregó que desde que tomó posesión del cargo ha nombrado a 15 directores.
Críticas a modificación
Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, calificó que lamentable que el contralor “promueva a gente de su confianza y no necesariamente a quienes cumplieran los requisitos y tuvieran experiencia en esos cargos.
“Esta fue una modificación Ad Hoc, no se trató de una mirada integral de las normas que rigen en la Contraloría para hacer las modificaciones necesarias sino que le urgía nombrar al secretario general, por ejemplo, y salió con apresuro a modificar el reglamento”, criticó.
Añadió que le llama la atención que desde el Organismo Ejecutivo se haya apresurado la emisión del reglamento. “Estamos ante un acomodo en la Contraloría producto del cambio de contralor, el algo que ha sucedido antes, solamente que ahora incluyó la modificación del reglamento”, dijo.
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Eddy Cux, presidente de Acción Ciudadana, comentó que “la Contraloría debería privilegiar la capacidad, formación y experiencia los elementos que han estado trabajando en la institución y cumplir con el artículo 113 de la Constitución”.
“Tiene que existir también una formación académica, en base a experiencia, para ser considerado en los puestos. Llama la atención que de entrada, pues lleva poco tiempo en el cargo, ya da indicios de que tendrá cerca a la gente que sea más afín a sus posturas”, añadió el experto.
Agregó que “pedirle la renuncia a funcionarios que llevan años dentro la de institución podría debilitar a la CGC, porque se socava la institucionalidad y no se sabe qué perfiles ingresarán a la Contraloría”.
Anabella Rivera, directora ejecutiva del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social, comentó que este tipo de acciones ya no extrañan dentro de la institucionalidad pública pues “tanto el presidente como las autoridades de instituciones fuertes están concentrados en modificar cualquier cosa que les de protección”.
“Esto es exactamente lo que se evidencia cuando vemos estos cambios sin sentido, ojalá y fuese para mejorar los niveles y perfiles de los trabajadores y funcionarios y no únicamente para cobijase y protegerse de las anomalías que puedan estar incurriendo”, subrayó.
Rivera añadió que es importante que la ciudadanía esté atenta “a lo que pueda suceder en los cinco meses que restan y que serán de transición de Gobierno”, porque podrían aparecer “este tipo de alteraciones a normas que afectarán las institucionalidad, el estado de derecho y la democracia”.
Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza y quien citó al contralor para discutir el tema coincidió en que los cambios repentinos “llaman la atención”.
“Lejos de ponderar la meritocracia lo que puede pasar es que se pondera el amiguismo para la contratación de personas. Indagaremos más sobre esta situación”, apuntó el congresista.
Destituciones y nombramientos
Datos de la Contraloría señalan que del 4 de abril al 17 de julio último, se han dado de baja a 29 personas, de las cuales 13 eran directores de área de la institución.
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En ese mismo lapso se han hecho 65 nombramientos, de los cuales 37 son de primer ingreso, y los restantes son reingresos o ascensos. Todo este movimiento ocurrió posterior a la toma de posesión de Salazar.
Respecto al aumento de personal en la institución Salazar dijo: “No es crecimiento. Cuando llegué había personal 029 contratado y hubo necesidad de despedirlo. Habían personas que tenían contrato hasta el 30 de junio y había respetarlo”.
Entre las nuevas contrataciones figura la de Óscar Mauricio López Ixcolin, quien fue nombrado secretario general de la institución y que fue cercano a la gestión de Otto Pérez Leal, exalcalde de Mixco, y que tuvo algunos señalamientos durante esa administración municipal.
Otra contratación que llama la atención del general Juan Francisco Godínez Cuevas, quien tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año bajo el renglón 029 y que estará involucrado en temas de seguridad.
Nota del editor
Luego de recibir una carta de Óscar Mauricio López Ixcolin, este martes 23 de julio, se corroboró la información vertida en la citación de la UNE, dirigida por el diputado Orlando Blanco, en la que se señaló al aludido como alguien cercano a la gestión municipal de Otto Pérez Leal, en Mixco, y se determinó, en base a la documentación que el parlamentario mostró ese día que se trata de otra persona, Mynor Arturo Aquino Girón. Por lo cual ofrecemos disculpas a López Ixcolin y a nuestros lectores.
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