Desde mediados de año la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció a la exministra de Salud Amelia Flores por considerar que incurrió en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado por sustracción al momento de firmar el contrato con la entidad Human Vaccine para el suministro de 16 millones de dosis de vacuna Suptnik V.
Esta denuncia se sumó a la que ya había interpuesto Acción Ciudadana (AC) contra Flores y el presidente Alejandro Giammattei por fraude, peculado e incumplimiento de deberes.
Tanto la CGC como AC argumentaron que la exministra y su equipo firmaron un contrato en condiciones desventajosas para el Estado de Guatemala, ya que las cláusulas no comprometían al proveedor a entregar la cantidad de dosis pactadas, pero por otro lado, obligaban al Gobierno guatemalteco a pagar la totalidad de las vacunas aunque no las recibiera.
Tampoco se establecía un cronograma de entregas y la cartera guardó en secreto el contenido del contrato aduciendo que era confidencial. Sin embargo, no siguió el procedimiento legal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública para decretar la confidencialidad de los documentos.
“Mucha pasividad”
Eddy Cux, de Acción Ciudadana, dijo que desde junio presentaron la denuncia en el MP para investigar irregularidades en la firma del contrato, pero no los ha citado para ratificar los hechos reprochados, un paso indispensable del proceso. Esto evidencia una pasividad por parte de la fiscalía, aseguró.
“Estos retrasos se relacionan con los cambios de fiscales que está realizando el MP. En la Fiscalía contra la Corrupción, que está a cargo del caso, se ha cambiado a la jefa fiscal. De manera sospechosa hay una pasividad en la investigación que afecta a todos los guatemaltecos”, comentó Cux.
Advirtió que hay hechos concretos que requieren la presentación de sindicaciones en los tribunales de justicia contra quienes hayan participado en la adquisición de las vacunas, particularmente contra la exministra de Salud.
“Hay ilícitos que pueden encuadrarse en fraude, ya que no se respetó la ley. Se evadieron los controles y posiblemente hubo peculado por sustracción, ya que se pagaron recursos del Estado que no han sido retribuidos de ninguna forma y el dinero no será devuelto. Esto puede afectar el erario”, agregó Cux.
David Gaytán, consultor en temas de transparencia, considera que hay temas, como las anomalías en la compra de vacunas contra el coronavirus, que debieran ser prioridad para el MP, pero no se refleja voluntad para avanzar en el caso.
“Los tiempos que se toma el MP son excesivos para casos relativamente sencillos. No se ve ningún avance, no se evidencia la persecución penal en contra de ningún funcionario. Este año ha quedado claro que los temas relevantes de país no han sido prioridad para esa institución”, cuestionó.
Gaytán concuerda con que hay incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios que intervinieron en las negociaciones, ya que tenían la obligación legal de proteger el presupuesto nacional y el bien común, pero en cambio firmaron un contrato que se mantuvo en secreto y que no garantiza que el Estado vaya a recibir el producto que ya pagó.
“Los procesos de compra deben ser transparentes. Esto no significa que no se puedan adoptar cláusulas de confidencialidad requeridas por las empresas que distribuyen vacunas, pero para hacerlo se debe seguir el procedimiento establecido en la ley y hacer las consultas con la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría General de Cuentas. También establecer plazos y tiempos para las entregas son elementos esenciales de cualquier contrato”, dijo Gaytán.
Condiciones apremiantes
Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opina que el contexto en el que se firmó el contrato estaba marcado por presiones sociales y políticas que pudieron afectar el proceso de adquisición.
“Cuando se firmó el contrato no había información. No había antecedentes de cómo llevar una negociación de este tipo. No es lo mismo negociar en circunstancias apremiantes que en condiciones normales. A Guatemala se le había negado la venta de vacunas por parte de los grandes productores y la única que mostró apertura fue la empresa rusa. Además, había un boicot de parte de la oposición en el Congreso y no hubo serenidad en quien negoció este tema”, expuso Quezada.
A su consideración, el MP deberá determinar si hay delitos para investigar o solo se trata de faltas administrativas. A la fecha se han pagado Q614.5 millones. Antes de que finalice el año, debieran arribar al país 8 millones de dosis, pero falta por ingresar poco más de dos millones del cargamento que ya se pagó.
En análisis
El MP, encargado de realizar la investigación y esclarecer los hechos, asignó la investigación a la Fiscalía contra la Corrupción, pero más de seis meses después no hay ningún resultado. Juan Luis Pantaleón, vocero de la institución, dijo al ser consultado que los agentes fiscales se encuentran analizando los informes de la CGC y el contenido del contrato “para tomar las acciones correspondientes”.
