En la madrugada del viernes 3 de marzo los diputados avalaron la Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19 y que incluye un endeudamiento interno por Q11 mil millones para cubrir los programas que se ejecutarán durante esta emergencia.
Asimismo, el domingo, el domingo 5 de marzo, los bloques vinculados al oficialismo, con la ausencia de 56 diputados, aprobaron una ampliación presupuestaria por Q5 mil 138.9 millones, de los cuales solo el 16 por ciento servirá para atender emergencia por el covid-19.
Castillo, quien también es secretario general del partido Visión con Valores (Viva) afirmó que a lo interno de su bancada han hablado de que a partir de ahora se van “enfocar mucho” en los temas del seguimiento y la fiscalización, porque “dimos mucho dinero”.
El congresista explicó que la ampliación se aprobó de manera rápida porque el Ejecutivo dijo que a partir de la Semana Santa existiría la mayor posibilidad de contagio, por lo que “cumplimos con el compromiso con darle los instrumentos legales y financieros para que trabaje”.
Castillo explicó que la fiscalización la ejecutarán desde tres puntos: 1) que los programas se ejecuten de manera urgente y no tarden en implementarlos; 2) que los efectúen con transparencia y rendición de cuentas y 3) que se mejoren los procesos que han anunciado para la entrega de los recursos, por ejemplo, el de que se parte del consumo de electricidad, “el cual crea mucha incertidumbre”.
Giammattei tendrá que rendir cuentas
En la misma línea el secretario general y jefe de bloque del Partido Humanista, Rudio Lecsan Mérida, afirmó que era muy necesario conocer las iniciativas necesarias para dotar al presidente Giammattei, “como ciudadano encargado de dirigir la emergencia” de los recursos necesarios para que el Gobierno haga frente a la crisis, “con ese objetivo se pasaron los préstamos”.
Mérida explicó que después dotar de fondos al Ejecutivo, el presidente Giammattei deberá rendir cuentas, porque así lo ordena La ley de orden público. “Tiene que rendir cuentas porque no es el Congreso de la República el que va a ejecutar los recursos. El presidente es el que va a decidir cómo lo gasta, qué contrata. El Legislativo no le va a decir a quién le debe ir a comprar las mascarillas, por ejemplo, eso es asunto de él”.
Rodolfo Neutze, jefe de bloque del partido Compromiso Renovación y Orden (Creo) asevero que su bancada apoyó la aprobacion de los fondos de la emergencia y las ampliaciones, y que “aunque sean para atender crisis todos los recursos públicos deben ser fiscalizados”.
“Lo más importante en estos momentos es que esos recursos lleguen a los necesitados, pero en dos o tres meses cuando la crisis se haya reducido vamos a verificar que hasta el último centavo haya sido bien utilizado y que nadie se haya aprovechado de esta tragedia”, sentenció Neutze.
El jefe de bloque del Partido Victoria, Manuel Rivera, afirmó que esta legislatura traía varios asuntos atrasados, entre otros, el tema de la ampliación presupuestaria que era algo que se veía venir, no por el efecto del coronavirus, sino porque el Ejecutivo ya lo venía trabajado.
Con relación al uso y transparencia de los recursos aprobados, Rivera anunció que enviará una solicitud a los ministros de Finanzas Pública y de Desarrollo para que le expliquen cuál será el procedimiento para ejecutar los fondos de Q1 mil que serán entregados a las familias y donde se ha mencionado que será a través de un recibo de energía eléctrica”.
Incertidumbre en agenda del Congreso
Algunos jefes de bloque consultados informaron que hasta el momento desconocen cuándo y cuál será la agenda que se retome después de la Semana Santa. Dijeron que hasta el momento no saben si habrá reunión de jefes de bloque el lunes 13; sin embargo, coincidieron en que de ser convocados sería para cuestiones de la emergencia del coronavirus.
De lo que están seguros es, que por ahora, se queda paralizada por un tiempo la agenda que se venía manejando del 14 de enero hasta los primeros días de marzo cuando se analizaba el paquete de leyes que envió el Ejecutivo relacionado con tipificar como terroristas a los integrantes de las pandillas y el cierre de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (Saas)
Asimismo, se desconoce cuando elegirán a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones, porque este proceso se encuentra en manos de un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Bernardo Arévalo, jefe de bloque del Movimiento Semilla, consideró que existen varias razones para que en estos momentos los temas del Legislativo se reduzcan a atender los temas de la emergencia que ha provocado la pandemia del covid-19.
“Creo que si el gobierno dentro de diez días, ante la dimensión que va tomando la crisis, necesita un nuevo paquete de ayuda seguramente nos van a convocar a la Comisión Finanzas, jefes de bloque y habrá un pleno para conocer una nueva solicitud de fondos extraordinarios, porque estaría ligado a lo mismo”, ejemplificó Arévalo.
El líder del Movimiento Semilla consideró que reunirse en estos momentos para conocer temas regulares “no sería muy responsable porque el distanciamiento social es la herramienta central para prevenir los contagios”.
Arévalo recordó que dentro de la agenda que estaba el paquete de temas solicitado por el presidente en cuanto a seguridad relacionado con el ataque a las “mara, el cierre de la Saas, así como la elección de los magistrados de la CSJ y los de Apelaciones, lo cual depende de la CC. Son temas del orden regular que quedaron pospuestas”.
En cuanto a la fecha en que se podría retomar esta agenda, el dirigente de, Movimiento Semilla no se puede especular porque en el tema de magistrados es la CC la que tiene que definir qué se puede hacer y que no, pero sobre todo porque “será el avance de la crisis y sus características la que dictará lo que se debe hacer”.
Ampliación aprobada
Gobierno central
- Q150 millones para el Ministerio de Gobernación, complemento al incremento salarial
- Q500 millones para complemento a nómina e incremento salarial
- Q724 millones para infraestructura vial y remozamiento de infraestructura de Salud
- Q30 millones para infraestructura de Salud
- Q26 millones para bono de riesgo
- Q370 millones adquisiciones de ventiladores pruebas de covid-19 y trajes especiales
- Q1 mil 200 millones de deuda pública
Obligaciones a cargo del tesoro
- Q120 millones para la Contraloría General de Cuentas para pago de salarios
- Q22 millones para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
- Q42 millones para el Instituto de la Defensa Pública Penal
- Q10 millones Oficina Nacional de la Prevención de la Tortura
- Q200 millones para incentivos forestales
- Q600 millones para Consejos Departamentales de Desarrollo
- Q294.9 millones para el Ministerio Público
- Q100 millones para fondo de vivienda
- Q360 millones para subsidio a la energía eléctrica
- Q350 millones para el Organismo Judicial
- Q40 millones Instituto de atención a la víctima
