Afirman que en los acuerdos que firmó el Plan Mundial de Alimentos (PMA) con los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social hay cláusulas de confidencialidad que limitan la fiscalización y podrían violar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
“Vemos con preocupación al PMA, sí ha respondido consultas, pero dice que no es sujeto obligado a brindar información pública por no ser una entidad que pertenece al Estado propiamente, pero sabemos que las leyes establecen que cuando se ejecutan recursos públicos hay obligación de brindar información”, señaló María del Carmen Peláez, coordinadora del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (Alac).
David Gaitán, consultor en procesos de transparencia y fiscalización, e integrante del mencionado movimiento, aseguró que han detectado inconsistencias en el monitoreo de las compras.
“En este programa en particular, de ayuda alimentaria, existen muchas deficiencias y contradicciones por parte de las instituciones públicas. A nosotros como organizaciones de auditoría social nos preocupan, principalmente, las cláusulas de confidencialidad que firmó el Estado de Guatemala con el Programa Mundial de Alimentos porque no permite una correcta fiscalización ciudadana”, dijo.
Las organizaciones profiscalización alertaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos, como garante del cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, y evalúan emprender acciones penales.
Auditoría
La función del PMA es recibir recursos económicos asignados a Agricultura y Desarrollo Social, licitar, evaluar ofertas, seleccionar los mejores proveedores y entregar las compras, pero no las distribuye.
Laura Melo, representante del PMA para Guatemala, explicó que existen cláusulas de confidencialidad para los proveedores, pero las autoridades conocen la lista.
“Si nosotros empezamos a dar detalles de quiénes son los proveedores, nos pone en riesgo de viciar el proceso”, explicó.
Melo resaltó que su objetivo como institución no es perjudicar al país, sino contribuir en los procesos de compras, y para garantizar la objetividad pedirán una auditoría externa al terminar el trabajo.
“Nuestro compromiso es que los recursos que existan puedan llegar al máximo de personas”, dijo.
La cartera de Finanzas señaló en rueda de prensa que los dos ministerios encargados deben encontrar un mecanismo para difundir la ejecución de los Q700 millones para comprar alimentos ante la crisis por el covid.
Cláusula de confidencialidad
En los acuerdos que firmó el PMA con los ministerios, según las organizaciones, existe una parte que limita su trabajo de fiscalización, que se sitúa en la página siete de los acuerdos.
“Los certificados de calidad y cantidad de los productos alimenticios emitidos como resultado de la inspección serán vinculantes para las partes y para los proveedores de los productos alimenticios en relación a la calidad de los productos según lo establecido en el acuerdo específico”, refieren los documentos.
El PMA asegura que toda la información de los eventos de compra se están entregando a los ministerios, acotando que no es su función servir como voceros de las instituciones, ya que deben de ser estas quienes comuniquen sus avances.
