La jornada de los diputados comenzó el lunes, al consensuar el proyecto de ley, y el martes empezó la sesión, que duró 12 horas y finalizó a la 1 de la madrugada del miércoles 25 de marzo.
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La ley establece en al artículo primero que será temporal y que tiene el propósito de crear medidas iniciales, sanitarias, económicas, financieras y sociales para atender, contener y mitigar los efectos de la pandemia de covid-19, las cuales van orientadas a proteger a los habitantes del país, con mayor énfasis a la población más vulnerable.
La normativa otorga una ampliación presupuestaria de Q3 mil 667 millones 500 mil, de los cuales los congresistas solo aprobaron Q800 millones, equivalentes al 21.81 por ciento, para atender la emergencia sanitaria por el covid-19, y Q1 mil 450 millones, equivalentes al 39.54 por ciento, para cubrir la crisis económica, al extender bonos a campesinos y apoyar a sus empresas por medio de créditos a mipymes.
De los Q800 millones aprobados, Q100 millones son para adquirir pruebas y reactivos para diagnosticar el covid-19 y Q700 millones para atender la emergencia y equipar hospitales y centros asistenciales.
Q1 mil 417 millones 500 mil aprobados van dirigidos a atender los compromisos adquiridos en el gobierno anterior para otorgar los aumentos aceptados en los pactos colectivos de los ministerios de Salud y Educación, así como el incremento salarial a los agentes de la Policía Nacional Civil.
Libran servicios
Los diputados se negaron a aprobar una enmienda que buscaba la suspensión de los pagos de agua entubada, teléfono, energía eléctrica e internet, así como alquiler de vivienda o de locales comerciales mientras dure el estado de Calamidad Pública, y tampoco para otorgar un fondo de compensación por desempleo.
La propuesta no buscaba que no se cobraran los servicios, sino que se suspendieran y que el cobro se hiciera de manera proporcional hasta el 31 de diciembre del 2020.
A la deriva
El analista en economía de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) Fabián Juárez opina que la normativa tiene muchas deficiencias, sobre todo porque no hay muchos fondos asignados para atender la emergencia por el coronavirus. Además dijo que carece de medidas de control para impedir actos de corrupción.
“Nosotros consideramos que esta es una ley a la que le falta, que tiene que ser complementada por otras leyes que busquen atender específicamente a sectores vulnerables, a sectores como el turismo, que está siendo principalmente afectado, y a las personas que se quedarían sin empleo, a las personas que están en la informalidad”, indicó el experto.
Juárez añadió que es necesario que se aclare a qué empresas se va a atender o priorizar con los fondos que aprobó el Congreso.
“Las medidas de incluir a las personas políticamente expuestas y aumentar el monto de adquisiciones directas también puede llevar en algún momento a que no se utilicen para la emergencia o para quienes de verdad lo necesitan”, advirtió el analista.
El experto considera que definitivamente se debería mejorar la ley, pero reconoce que será complicado, por la emergencia, por lo que se debe complementar con otras acciones. “En el Congreso hay iniciativas que buscan apoyar a otros sectores, que se tome en cuenta a grupos que están en riesgo y que han sido los más afectados”, comentó.
El consultor político Ricardo Barreno considera que desde la lógica de la administración pública se tiene la claridad de cuáles son esos parámetros de entrada, como la aprobación de bonos, préstamos para contener una crisis que se entiende como incremento de casos, atención a las personas que padezcan esta enfermedad, incluso dentro de la misma contención se entiende la construcción de infraestructura, fortalecimiento económico a los actores involucrados.
Sin embargo, Barreno cree que, desafortunadamente, la gestión de la crisis actual “lo que está demostrando es que a pesar de que se tiene una válvula o un parámetro de entrada para enfrentar la crisis, no se está previendo o considerando los parámetros de salida”.
“Es necesario reconocer que la crisis sanitaria está teniendo efectos económicos en la pequeña y mediana empresa, está teniendo efectos económicos dentro de la informalidad laboral, está teniendo consecuencias dentro de la misma capacidad del sistema de Salud de atender de forma adecuada mecanismos de prevención, no a los que ya están con los casos detectados”, agregó el experto.
Aunque considera que la forma como se está abordando la actual crisis es adecuada, Barreno señaló que el Estado no está buscando la sostenibilidad posterior a la problemática. “Vemos que, desafortunadamente, los préstamos y la gestión legislativa están demostrando cómo intentan frenar el incremento de casos y no generar condiciones para atender a los que no son vulnerables por la crisis sanitaria, sino son vulnerables por los efectos de la crisis”, enfatizó.
Beneficios aprobados
- La Diaco vigilará que no exista acaparamiento, que haya disponibilidad y estabilidad de los precios de 34 productos de la canasta básica.
- También se contempla el control del abastecimiento de toda la red hospitalaria.
- Finanzas deberá trasladar fondos para la alimentación escolar, aunque los menores no asistan a clases.
- Además, el apoyo al Ministerio de Agricultura y al de Desarrollo Social, por Q700 millones para atender a los adultos mayores y personas vulnerables.
- Aparte, ahora es el fondo de Q400 millones para las mipymes.
