Samayoa comentó que algunos guatemaltecos que se encuentran fuera del país se han puesto en contacto con la comisión y han expresado el interés de volver a Guatemala. Como respuesta, el comisionado les ha garantizado que no habrá ningún tipo de intimidación.
Sin embargo, Samayoa hizo la aclaración que se refiere al actuar exclusivamente del Ejecutivo, pues por la independencia de poderes no puede asegurar el mismo extremo por el MP y el Organismo Judicial.
“Es el sistema de justicia quien toma las decisiones sobre la persecución penal, el Ejecutivo no puede intervenir, es un poder independiente y el presidente Bernardo Arévalo es respetuoso a la independencia de poderes”, dijo Samayoa.
Explicó que desde la Copadeh se promoverá el respeto, los derechos humanos y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) respecto de algunos casos.
“Lo que sí podemos hacer es promover lo que han mencionado los organismos internacionales, eliminar la preocupación de una posible persecución a la libertad de expresión”, indicó Samayoa.
Autoexilio
Al menos 46 exoperadores de justicia y 26 periodistas guatemaltecos viajaron a Estados Unidos para evadir investigaciones o intimidaciones por su trabajo. Jueces, fiscales, activistas y periodistas se autoexiliaron en los últimos cinco años.
Desde que el expresidente Jimmy Morales no renovó la estadía de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig), y declaró no grato al jefe de la extinta instancia, Iván Velásquez, los actores claves en el actuar del Ministerio Público en esos años decidieron dejar el país por miedo a represalias.
La primera que buscó refugio en Washington fue la exfiscal general, Thelma Aldana. Luego salieron del país Francisco Sandoval, Miguel Ángel Gálvez, Érika Aifán, Claudia Paz y Paz, entre otros. Algunas personas, incluso, no hicieron público que salían del país.
De los 72, algunos tienen denuncias o son objeto de investigación en alguna fiscalía, pero otros salieron de Guatemala al sentirse intimidados por el actuar de algún funcionario.
Casos judicializados
Una acción que podría tomar el gobierno central, a criterio de Carmen Aída Ibarra del Movimiento ProJusticia es retirarse de los casos en los que figuran como partes procesales requiriendo sanciones.
“Vale la pena que la Copadeh y el presidente analicen ese cúmulo de acusaciones en las cuales está el estado de Guatemala con representación de la Procuraduría General de la Nación, para que proceda a retirarse como como parte interesada en ese tipo de casos”, recomendó Ibarra.
A su juicio, no pueden hacer mucho más desde el gobierno central porque con los casos judicializados o investigaciones del MP ya no tiene potestad el presidente.
En esos casos, la decisión de regresar va de la mano con la idea de que sean conducidos a la Torre de Tribunales al ingresar al país, si cuentan con orden de captura.
“En ese sentido, el Estado tiene que garantizar que, si deciden regresar y someterse a la justicia, sus derechos serán respetados, aún dentro de los centros carcelarios, para que no sean ahí objeto de ningún brejamen”, apuntó.
En esa misma línea, se pronunció Sergio Morales, exprocurador de los Derechos Humanos. El exfuncionario recomendó que basandose en las resoluciones de la Cidh se evaluén las acciones a las cuales hace referencia la instancia internacional para tomar decisiones al respecto.
“Una disposición presidencial para evaluar la validez de las capturas con amparo en las resoluciones de la Corte Interamericana puede ser un camino. Lo que no creo que pueda ser un camino es que en forma arbitraria se pueda descalificar una investigación”, advirtió Morales.
Además, añadió que es una línea delgada en la qe estaría actuando el Ejecutivo para no sobrepasarse de sus funciones. “El gobierno tiene una tarea muy delicada”, comentó.
