La trama del negocio, publicada ayer por Prensa Libre, documenta cómo el Directorio del Renap aprobó en febrero el arrendamiento de un inmueble en la zona 13 para trasladar las oficinas administrativas de la institución, sin conocer más ofertas que la de Zabla, cuyo inmueble aún se encontraba en fase de construcción.
El contrato se firmó con el visto bueno del Directorio, presidido por la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, sin que el inmueble estuviera todavía terminado. Actualmente se encuentran haciendo acabados finales al edificio y las instalaciones eléctricas, para hacerlo habitable y pueda ocuparse por los empleados de la institución.
Ayer, la CGC informó que el tema se encuentra en auditoría en la Subcontraloría de Calidad del Gasto, aunque por el momento todavía no hay resultados de las revisiones.
Agregó: “La Comisión de auditoría ya se encuentra evaluando el arrendamiento del edifico de Renap, así mismo informa que se verifico el Sistema Sicoin y no se ha realizado ningún pago, el plazo del contrato iniciaban partir del 19 de septiembre de 2023”, explicó.
De acuerdo con la CGC, “dentro de los hallazgos preliminares se encontró que el contrato se llevó a cabo, aunque no han realizado ningún pago, y que en septiembre señalaron un plazo para que estuviera culminado para habitar”, remitió la entidad.
La auditoría forma parte del informe anual, adelantó la institución, sin especificar cuándo tendrán los primeros resultados
Inconsistencias
De acuerdo con la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles, del Ministerio de Finanzas Públicas, el edificio por el cual el Renap pagará Q41 millones por 35 meses de uso está valorado en Q28 millones.
“Es algo donde hay indicios de anomalías, tanto la CGC como el Ministerio Público debieran de investigar, porque son negociaciones que son comunes en la administración pública al final de un periodo”, sugirió Luis Linares, experto en transparencia y gestión pública de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes)
El experto también criticó que no se haya evaluado ninguna otra propuesta, además que la empresa arrendataria se haya constituido legalmente meses antes de firmar el contrato, incluso cuando ya había sido aprobado el negocio por el Directorio.
“Todos esos indicios llevan a pensar que es una operación a dedo”, declaró el analista.
A su criterio, en el último año de gobierno, las instituciones aprovechan para utilizar como botín político la adquisiciones y el presupuesto del Estado.
“Se tratan de esas negociaciones que dejan mucha duda y que por lo tanto permiten suponer que hay de por medio arreglos ilícitos”, resaltó.
Asimismo, el experto resaltó el hecho que la empresa propietaria del inmueble Business Center Zabla, se haya creado meses antes de la firma del contrato.
Prensa Libre documentó que la empresa fue constituida por dos mujeres en marzo pasado con un capital de Q50 millones, pero en junio ya figuraba un nuevo representante legal, quien firmó el contrato de arrendamiento con el Renap.
Falta de transparencia
La institución reiteró por medio del departamento de comunicación social que la contratación se hizo de acuerdo con el artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado, y ya que era necesario cambiar de edificio no estaban obligados a licitar o cotizar el servicio.
Carlos Melgar, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), también analizó el caso y se sumó a las críticas. Comentó que genera inseguridad que no se haya considerado ninguna otra oferta, pues no se tuvo un punto de comparación en cuanto a las necesidades del Renap.
“Podría ser desafortunada la actitud de solo haberse realizado una evaluación, de no haber considerado otras opciones que también pudieron haber sido convenientes”, especificó.
El experto refirió que por el monto involucrado las autoridades debieron buscar otra opción, que aunque no lo establece como tal la ley, habría ayudado a no plantar dudas sobre posibles intereses de fondo.
“El hecho que la sociedad se haya creado meses antes y que es el único contrato que tiene con el Estado son hechos que ponen sombras de duda”, advirtió Melgar.
Poca transparencia
Melgar también criticó el actuar del director ejecutivo, Rodolfo Arriaga, y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro y Gabriel Aguilera, quienes evitaron dar declaraciones respecto al contrato de arrendamiento, a pesar de haber conocido del tema cuando se discutió en el Directorio, y avalaron la contratación a pesar de las irregularidades.
“No deja de causar preocupación la actitud evasiva de las autoridades que tuvieron que ver con el visto bueno del contrato”, insistió.
Caso similar
En 2018, el MP bajo la administración de Thelma Aldana, adquirió un inmueble en la zona 5 valorado en Q35 millones.
Por ese caso, en 2019 el Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del MP, giró orden de captura en contra de Aldana por los delitos de abuso de autoridad y fraude.
La pesquisa se centra en que la compra no cumplió con los requisitos establecidos en la normativa legal y que no hubo necesidad ni justificación previa a la compra. Además, que la obra se compró estando en obra gris, tenía una hipoteca de Q10 millones, no era habitable y la zona no era segura para ese tipo de instalaciones.
El 25 de septiembre de 2020, el MP declaró el contrato como lesivo a los intereses de la entidad y, como consecuencia, a los intereses del Estado.
