En el informe se destaca que se efectuaron 444 auditorías de cumplimiento, financieras y de desempeño, a las entidades de la administración central, gobiernos locales y entidades descentralizadas y 655 exámenes especiales de auditoría.
También detalla que se emitieron 51 denuncias penales por presuntas irregularidades que suman Q230 millones 297 mil 492.50; 27 informes de cargos -dinero que se debe reintegrar- por un monto de Q7 millones 860 mil 754.07 y de hallazgos y acciones a la auditoría del presupuesto se emitieron sanciones por Q72 millones 214 mil 358.12.
Según el informe, las entidades con mayor cantidad de medidas correctivas fueron los gobiernos locales y consejos de desarrollo. Mientras que las denuncias fueron aplicadas, en mayor cantidad, al sector de gobiernos locales, seguidos de educación y fideicomisos.
Sobre los exámenes especiales de auditoría, se emitieron 178 denuncias penales por un monto de Q2 mil 417 millones 242 mil 631.99; 27 informes de cargos por Q3 millones 985 mil 929.74 y mil 129 sanciones por un monto de Q1 mil 75 millones 163 mil 424.86.
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Fernandez indicó que el monto de las denuncias penales afecta principalmente al sector de comunicaciones, infraestructura pública y vivienda, le siguen gobiernos locales y consejos de desarrollo y por último instituciones y organismos relacionados con economía, finanzas, trabajo y previsión social.
El monto de los informes de cargos, en su mayoría, fueron para el sector defensa, seguridad y justicia, le sigue comunicaciones, infraestructura púbica y vivienda y por último impacto ambiental.
Mientras que en sanciones, el mayor porcentaje fue para los gobiernos locales, educación y ciencia, cultura y deportes, comunicaciones, infraestructura pública y vivienda.
Mientras que las auditorías de desempeño fueron seis y se implementaron con el propósito de detectar problemas, analizar sus causas y formular recomendaciones para resolver los problemas identificados y, consecuentemente, mejorar el desempeño de la entidad fiscalizada.
Vigilarán elecciones
Fernández indicó que la administración del actual contralor, Edwin Salazar, autorizó que un grupo de auditores vigilaran las elecciones, esto con el propósito de evitar la utilización de recursos públicos para fines políticos.
“La contraloría pondrá en practica el operativo electoral que consistirá en desplazar a auditores gubernamentales en municipios del territorio nacional en un horario de 6 a 19 horas el día de las elecciones. Además, estarán abiertas todas las delegaciones departamentales de la Contraloría para la recepción de denuncias”, explicó Fernández.
El subcontralor señaló que del 18 de septiembre del 2018 al 7 de marzo del 2019 se emitieron 49 mil 98 finiquitos, en su mayoría fueron para personas que se postularon a un cargo de elección popular, de ese total 26 mil 73 fueron físicas y 23 mil 25 en línea.
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Hallazgos importantes
Una de las denuncias penales presentadas por la Contraloría fue en contra del ministro de Agricultura Mario Méndez Montenegro y personal que fue parte de su equipo como Manfred Melgar Padilla, Luis Alberto Franco Ramírez y Heber Cesario Arana Quiñónez, esta fue por un monto de Q156 millones 954 mil.
La denuncia penal es por el incumplimiento a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos por la inclusión de beneficiarios que no son agricultores en la subvención para la adquisición de alimentos por efectos provocados por la canícula prolongada 2018.
La auditoría estableció que 52 beneficiarios se encuentran registrados en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y según actividad económica establecida, no tiene el perfil de agricultores.
También hay 26 beneficiarios que se encuentran en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con establecimientos activos, afiliados a impuestos y en estatus cancelado, 47 beneficiarios se encuentran habilitados en Guatecompras y 20 no se encuentran habilitados. Por aparte, otros seis se encuentran con procesos adjudicados como contratistas del Estado, además hay dos personas que tienen familiares que laboran para el Estado.
“En los listados de beneficiarios proporcionado por el Ministerio de Agricultura existen personas que recibieron el beneficio de los cupones canjeables por alimentos que no llenan el perfil de agricultor. También se concluye que el listado de beneficiarios no fue depurado debidamente”, refiere la denuncia.
Comunicación social del Maga dijo que no han sido notificados de la denuncia penal y que al momento de hacerlo presentaran las pruebas de descargo. El informe de auditoría señala que el ministro delegó este proceso a otras dependencias.
También hay otra sanción hacia el Maga por la inclusión de 31 estudiantes a un programa de becas que no tiene el perfil socioeconómico de los beneficiarios.
La Contraloría también planteó otra denuncia penal en contra de dos trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por la dotación de materiales de construcción para vivienda.
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Según la denuncia, se compraron láminas para la atención de las necesidades de beneficiarios que fueron solicitadas en los años 2016 y 2017. Sin embargo, el beneficio fue entregado en el 2019.
En las actas se determinó el material tenía irregularidades como la compra de ponchos por Q4 mil 500, cemento por Q84 mil 658.50 y lámina acanalada por Q334 mil 849.05.
Además, en el trabajo de campo que hicieron los auditores detallan que una de las personas señaladas como beneficiaria indicó que ella no es presidente de ningún consejo comunitario de desarrollo.
Acciones contra López Bonilla
El ente fiscalizador también presentó una denuncia penal contra Mauricio López Bonilla y Manfredo Pacheco, exministro y exviceministro de Gobernación, así como en contra de Telemaco Pérez, exdirector de la Policía Nacional Civil, por deficiencias en las bases de licitación y contratos en la adquisición de 50 vehículos por un monto de Q14 millones 402 mil 640.50.
Treinta de los 50 vehículos fueron adquiridos por Q8 millones 143 mil 584.30, y 20 por Q6 millones 259 mil 056.20. En las bases el precio de los vehículos incluía 21 servicios de mantenimiento preventivo de 0 a 100 mil kilómetros para cada uno, pero en las facturas fueron cobras en rubros distintos.
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