Por esa razón, la entidad fiscalizadora impuso una sanción de Q141 mil 388.94. La multa deberá ser pagada, entre otras personas, por el magistrado Ranulfo Rojas, el exministro Gendri Reyes y Rodolfo Arriaga, director ejecutivo del Renap.
Ellos intervinieron en distintas fases de la compra de dicho equipo, incluidos computadoras de escritorio o portátiles, escáneres, impresoras, cámaras digitales, dispositivos para huellas dactilares y para firma manuscrita, un programa para captar información biográfica y biométrica, y otros productos.
La negociación se llevó a cabo en el 2021, con la firma alemana Mühlbauer ID Services GmbH. No obstante, los resultados de la auditoría fueron revelados apenas a finales de agosto del año pasado, según el informe revisado por Prensa Libre.
En su escrito, la CGC informó que en esa contratación la compañía le vendió al Registro 823 licencias de antivirus, valoradas en Q505 mil 264. Sin embargo, la CGC agregó que estas no fueron requeridas en las bases de licitación.
De hecho, la inspección determinó que la aplicación no fue utilizada en las estaciones de cómputo compradas, porque el Renap ya había adquirido previamente otras licencias de antivirus, por las que pagó Q385 mil 295.
Además, los trabajadores del Registro que recibieron los aparatos dijeron que no se requirió la implementación del antivirus obtenido en la licitación auditada, debido a que no es recomendable que convivan dos programas de ese tipo en una misma estación de trabajo.
Deficiencias
En las bases de licitación se establecieron las características técnicas de los equipos, la forma en la que se iba a calificar las ofertas y los requisitos que debían cumplir las empresas para participar en el evento.
El ente fiscalizador comentó que esas bases eran deficientes y aseguró que, pese a que fueron modificadas siete veces, las cualidades técnicas de los dispositivos requeridos en ellas tenían diseños, tipos y orígenes que hacían referencia a marcas específicas.
Tal práctica está prohibida por la Ley de Contrataciones del Estado. Según la Contraloría, entre los responsables por ese hecho se encuentra Rodolfo Arriaga, quien fue el encargado de aprobar las bases.
En relación con el señalamiento, el directivo expresó que los requerimientos estipulados eran mínimos, “pudiendo los interesados ofertar equipos con características técnicas iguales, similares, equivalentes o superiores”.
Calificación
La CGC mencionó que las personas que evaluaron las ofertas utilizaron criterios que se basaron en interpretaciones o consideraciones particulares, y no de acuerdo con lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
En ese concurso público, la propuesta de la empresa Mayoreo de Computación fue rechazada por no cumplir con todos los requisitos. La compañía quiso proveer los aparatos y el software al Renap por Q48.77 millones.
En esa línea, la Contraloría afirmó que las consideraciones de la junta calificadora para desechar la propuesta de esta segunda corporación se apoyaron en “deficiencias de las bases de licitación”, mismas que el ente fiscalizador señaló de no ser “claras y precisas”.
Aun así, Rojas y Reyes avalaron que el proveedor fuera Mühlbauer. Ellos realizaron tal acción porque, respectivamente, eran los representantes del Tribunal Supremo Electoral y del Ministerio de Gobernación en el Directorio del Renap.
Ambos manifestaron que el mecanismo de evaluación de la junta “estuvo apegado a derecho” y añadieron que se aprobó la adjudicación después de hacer una “revisión exhaustiva del proceso de calificación y de la asignación del evento al oferente ganador”.
Utilidad
La CGC acudió a Escuintla, Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango para verificar la instalación y funcionamiento de algunos dispositivos de captura de datos comprados por medio de esta contratación.
De esa manera, la institución comprobó que los equipos colocados en las oficinas del Renap en hospitales nacionales y privados, Seguro Social, Inacif y Organismo Judicial no cumplían con el objetivo para el que fueron adquiridos.
El ente fiscalizador expresó que en dichos lugares el Registro “únicamente” prestaba el servicio de inscripciones por nacimientos y la emisión de certificaciones de defunción, matrimonios y otros.
Por ello, la Contraloría refirió que el requerir la compra de 823 estaciones de trabajo no tenía “válida justificación” del gasto, porque algunas de estas no tenían como propósito la captura de datos de personas para la emisión del DPI.
Bodega
La CGC indicó que 154 equipos no estaban siendo utilizados. Los aparatos fueron encontrados en la bodega del Renap, ubicada en la calzada Roosevelt 13-46, zona 7 de la capital.
Por eso, la Contraloría cuestionó que se le haya pagado la totalidad de los bienes a la empresa contratada, ya que a su parecer había dispositivos que estaban pendientes de ser instalados y de poner en funcionamiento.
En contraparte, Caren Guzmán Sagastume, quien fungió como registradora central de las personas, argumentó que sí se realizó la configuración e instalación de las estaciones en cada una de las oficinas registrales a nivel nacional.
“Los equipos que verificó la Contraloría —en la bodega—, a través de sus auditoras gubernamentales, son los que se encuentran destinados para enviar a las misiones consulares, así como para el fortalecimiento de las unidades móviles”, agregó.
Postura
Ruth Hernández, mandataria de Mühlbauer ID Services GmbH, expuso que no estaba de acuerdo con la Contraloría en torno a que en las bases de licitación se hizo referencia a determinados diseños, tipos y orígenes de marcas específicas.
“Las especificaciones técnicas eran generales y se podían ofertar varias marcas, siempre y cuando cumplieran con lo indicado en sus características”, citó la profesional, quien explicó que las empresas participantes presentaron equipos de distintas marcas en este concurso público.
Respecto de la entrega de los antivirus, la abogada declaró que Mühlbauer es el creador del software para captar datos biográficos y biométricos, por lo que incluyó en su propuesta todos los elementos que son necesarios para el desarrollo de la misma.
“Cada desarrollador de la aplicación utiliza distintos métodos y licencias, como las que se incluyeron en nuestra oferta, que no solo fue el antivirus, sino también licencias que garantizan la interoperabilidad de los dispositivos”, dijo la mandataria.
“Los antivirus se ofrecieron y entregaron al Renap, quien consideró en su momento innecesario instalarlos por poseer otro en funcionamiento. Sin embargo, tiene la propiedad de dicho licenciamiento para usarlo en el momento que considere oportuno”, añadió.
Asimismo, Hernández manifestó que la instalación de los equipos se realizó en todo el país, con base en un cronograma entregado por el Renap.
