El contralor Carlos Mencos dijo desconocer a quiénes se benefició con el fallo intencional del sistema informático de la Contraloría, por lo que será el Ministerio Público quien individualice responsabilidades.
Mencos indicó que fue a través de una auditoría que se identificó la alteración en los registros y se procedió a denunciar penalmente a cinco personas que tenían acceso al sistema.
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“Una auditoria de sistema detectó que había algunos registros que estaban afectando la plataforma. Por el momento, se ha determinado que no se ha entregado finiquitos a personas que tengan procesos o sanciones en la Contraloría. Pero por un problema futuro se presentó la denuncia al Ministerio Público”, refirió Mencos.
Preocupación constante
La directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, señaló que los finiquitos nunca habían sido un tema de preocupación porque nadie le ponía atención por su poca utilidad. Fue hasta 2015 que empezaron a haber inconvenientes porque se denegaron varias constancias y eso impidió que los candidatos se inscribieran como candidatos a cargos de elección popular.
“Cuando la Contraloría empieza a hacer bien su trabajo, en denegar los finiquitos, empiezan los ataques internos al sistema. Ese es un verdadero problema. Antes no había problema porque todo era compadres hablados y ahora es de mucha preocupación porque sí le interesa a la ciudadanía”, refirió Ibarra.
La ejecutiva indicó que es “preocupante” porque hay posibilidades de que se vulnere la emisión del documento que se debe presentar al Tribunal Supremo Electoral para la inscripción de las personas como candidatos a cargos de elección popular.
El consultor de Acción Ciudadana, Edie Cux, considera que es una situación muy delicada, aunque calificó como positivo que ya se hayan presentado las denuncias respectivas.
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“Es algo muy grave, sobre todo porque estamos de cara a las elecciones generales, en donde se espera que la Contraloría responda para transparentar el proceso y que no se permita la participación de candidatos que tienen reparos o señalamientos y que no estén a cabalidad con sus cuentas con el Estado”, indicó Cux.
El profesional indicó que es imperativo que el Ministerio Público haga una investigación muy responsable, no solo de los hechos que detalla la Contraloría, sino en todo el sistema de finiquitos, y determinar si existe o no alguna estructura criminal.
El subcontralor de Probidad, Fernando Fernandez, que asumirá el cargo de contralor interino a partir del viernes a las 4 de la tarde debido a que finaliza el periodo por el cual fue nombrado Mencos, indicó que se está emitiendo alrededor de 300 finiquitos diarios, de los cuales 150 son solicitados de manera física y el resto de forma electrónica.
Precedentes
En octubre del 2017, Prensa Libre informó que la Contraloría señaló a Gerardo Paiz de haber cometido los delitos de falsedad material y uso de documentos falsificados, por alterar un finiquito para poder ser candidato a la presidencia de la Federación de Futbol (Fedefut).
La CGC señaló en esa oportunidad que Paiz falsificó una constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos —finiquito—; uno de los requisitos básicos para que el Tribunal Electoral del Deporte Federado (Tedefe) aceptara su inscripción para optar a un cargo en el balompié guatemalteco.
¿Qué es un finiquito?
La constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos es un documento que extiende la Contraloría General de Cuentas que certifica que la persona no tiene cuentas pendientes con el Estado en el tema del manejo del erario.
Este documento es un requisito para optar a un cargo público ya sea de elección popular -alcaldes, síndicos concejales, diputados, presidente y vicepresidente- o por nombramiento directo, como secretarios y ministros de Estado.
El documento tiene una vigencia de seis meses y no es entregado a personas que tiene sanciones por el mal manejo de los fondos públicos.
A pesar de que no es obligación, muchas personas que no han manejado fondos públicos lo solicitan para que conste que no tienen hallazgos.
En el proceso electoral del 2015 la Contraloría emitió alrededor de 50 finiquitos a candidatos por amparo que obtuvieron en juzgados y que luego de ser apelados en la Corte de Constitucionalidad los mismos fueron revocados, por lo que no pudieron participar en el proceso electoral.
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