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Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, destacó que en el apartado del convenio donde dice “cruce de cartas también dice que conste que cada parte ha cumplido con los procedimientos jurídicos necesarios, es decir, deja la situación indefinida, el gallo gallina para amarrar y que no sea objeto de un amparo directamente”.
“En pocas palabras, deja abierta la duda de si necesita o no pasar por el Congreso y lo contemplaron. Es un convenio que cuando se leen los considerandos destaca solo a Guatemala, y Estados Unidos qué, eso llama la atención”, resaltó el exmagistrado.
Fernández Molina afirmó que a su criterio “sí es necesario que —el acuerdo— pase por el Congreso” y que “hábilmente puso presión, tanto al Congreso como al presidente, porque el mismo dice que puede quedar sin efecto con una denuncia de tres meses antes”.
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“Pero se puede interpretar como que Estados Unidos dijera atrévanse a plantear la denuncia, dejó abierto la puerta, sobre todo al nuevo Gobierno”, señaló el jurista.
El exmagistrado argumentó que “es necesario que el acuerdo pase por el Congreso, por el artículo 171 literal l —de la Constitución—, porque “se afecta en un contexto el dominio de la Nación, porque nos van a trasladar personas y, de hecho, la frase traslado de solicitantes se repite varias veces en el acuerdo”.
Fernández Molina añadio: “No quiero usar la palabra campo de refugiados, pero aquí será una situación de refugiados a discreción de Estados Unidos, por lo mismo en ese contexto afecta el dominio de Guatemala y sí creo que necesita de la aprobación del Congreso”.
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Manifestó que “lo más probable es que se va a generar una duda de si en realidad aplicar el artículo 171 literal l de la Constitución” y que se podría consultar a la Corte de Constitucionalidad (CC) lo cual traería “un punto de inflexión”.
“Afecta el dominio de la nación, no en el sentido territorial físico, pero sí en que no podremos determinar quién entra y permanece en nuestro territorio. El propio acuerdo contempla que el mismo entrará en vigor por medio de canje de notas en que deberá constar que cada parte ha cumplido con los procedimientos jurídicos necesarios para que entre en vigencia”, concluyó el exmagistrado.
Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista, considera que es un poco apresurado dar una opinión sobre si este acuerdo debe ser ratificado por el Congreso, sin un análisis profundo del mismo y cotejar los convenios internacionales que invoca en los considerandos.
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“Son atribuciones del Congreso de la República aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando afecten a leyes vigentes para las que esta constitución requiera la misma mayoría de votos”, apuntó el experto.
Agregó que estos acuerdos también deberán pasar por el Congreso si “afecten el dominio de la Nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total” lo que a su criterio “está fuera”.
“Por ese lado yo diría que no es obligatorio que pase al Congreso, lo que extraña es que en ningún momento el acuerdo menciona que se le haya facultado al ministro de Gobernación para suscribir ese acuerdo”, aseveró Molina Mencos.
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Agregó que “los acuerdos se hacen con base en un poder plenipotenciario que otorga el Presidente de la República, como director de la política internacional, es decir, no la maneja el Ministerio, es la Presidencia de la República”.
“Él —Jimmy Morales— debería haber acreditado al ministro de Gobernación dejando claro en el acuerdo que él estaba debidamente facultado para firmarlo. Esto para mí ya no es un problema legal, el problema está en que se cometió el gravísimo error de dar una promesa a Estados Unidos y esto ni siquiera es comparable con la historia de David contra Goliat, Estados Unidos está intentado imponer una serie de condiciones”, razonó el constitucionalista.
Para el experto “el daño ya está hecho” y “pelear contra Estados Unidos es imposible, menos cuando se le ofreció algo”, por lo que esta situación la califica como “otro de los múltiples desaciertos que tuvo este Gobierno”.
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Alejandro Balsells Conde, abogado constitucionalista, destacó que los pronunciamientos de Guatemala y Estados Unidos son diferentes y que el país norteamericano lo califica como un acuerdo de tercer país seguro.
“Es bien claro que este Gobierno ha firmado un acuerdo sin respetar el anterior fallo de la CC. Es evidente, que con eufemismos, se nos convierte en tercer país seguro y que acá podrán estar las personas de cualquier nacionalidad hasta que Estados Unidos dé trámite a sus solitudes de asilo”, analizó el experto.
Consideró que esto es una burla para la CC y que a su criterio este acuerdo “debe pasar por el Congreso, sin duda alguna, aunque se le haya querido dar una forma para evitar dicha obligación constitucional”.
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“La CC ha quedado como adorno y ya sabemos que el Ministerio Público es un adorno más en todo lo que se refiere a los abusos de este Gobierno”, realtó Balsells Conde.
Consultada al respecto, la Dirección de Comunicación Social del Congreso respondió que el Organismo Legislativo, respetuoso de la independencia de poderes, esperará que los procesos terminen para emitir una opinión.
Resaltó que esperarán una comunican oficial por parte del Organismo Ejecutivo y por el momento no habrá ningún comentario sino hasta que se tenga de forma oficial la información sobre lo que se firmó este viernes es Washington.
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