Además de los temas incluidos en la agenda, existen criterios divididos respecto al proceso legislativo a seguir. De acuerdo con Oliverio García Rodas, uno de los diputados con más experiencia legislativa, el Congreso debería seguir con el juicio político en contra del ministro hasta que se agote y solo después de eso conocer otros temas.
Según el legislador, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que habla sobre la interrupción de las interpelaciones solo debería aplicarse cuando hay temas de carácter constitucional con un plazo perentorio, que no es el caso de la interpelación.
De aplicarse el criterio sugerido por Rodas, hay temas en donde sí se podría aplicar la interrupción del juicio político, como la elección del Contralor General de Cuentas.
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El jefe de la bancada oficial, Javier Hernández Franco, sostiene que hasta el momento no hay consensos para elegir al jefe de la Contraloría, por lo que no ve la probabilidad de realizar la elección. En cambio, se incluyó en la agenda la discusión en primer debate de las iniciativas que buscan la aprobación de la ley marco del Plan Nacional de Desarrollo y la ley Orgánica del Instituto Guatemalteco para la Promoción Comercial, Competitividad, Inversión, Marca, País e Inteligencia de Mercados.
Agenda confrontativa
En el punto sexto de la agenda está la discusión en segundo debate de la iniciativa 5377, reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, la propuesta ya ha generado una serie de roces dentro del hemiciclo desde su aprobación en primera lectura y en la Instancia de jefes de bloques.
Las reformas a dicha ley van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además, propone absolver a los condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.
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En pasillos del Congreso se mencionó que hay una serie de enmiendas para dicha iniciativa, las cuales podrían presentarse en el transcurso de la aprobación del proyecto de ley, aunque Herbert Melgar Padilla, subjefe de la bancada oficial y ponente de la iniciativa, por ahora descarta que se trabaje en cambios a la iniciativa original.
Crítica
La tarde del martes los representantes de los Estados Unidos Norma Torres, Eliot L. Engel, James P. McGovern y Albio Sires emitieron una declaración en respuesta a la iniciativa de ley 5377.
“Estamos horrorizados por la propuesta del Congreso de Guatemala de otorgar la amnistía para los criminales de guerra. Durante la larga guerra civil del país, el pueblo guatemalteco, especialmente las comunidades indígenas, sufrieron horrores indescriptibles. Masacres enteros fueron masacrados, las mujeres fueron secuestradas y forzadas a la esclavitud sexual, y miles fueron desaparecidas y torturadas”, señala el documento.
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“Para la amnistía, los responsables de estos crímenes contra la humanidad ahora significarían que más de treinta hombres condenados y actualmente encarcelados por la más grave de las violaciones de los derechos humanos serían liberados. Amenazaría la seguridad pública en Guatemala, reabriría viejas heridas, socavaría la rendición de cuentas y el estado de derecho, y retrasaría la transición del país a la democracia”, agregan los congresistas estadounidenses.
“Desafortunadamente, esta propuesta es solo la más reciente de una serie de esfuerzos de la elite política de Guatemala para revertir la causa de la justicia mientras se ignoran las obligaciones del país en virtud del derecho internacional”, señalan.
Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas en derechos humanos, advirtió el 22 de enero último que esa reforma promociona la impunidad por crímenes de guerra.
Según ese organismo, la ley actual ha servido para que los tribunales conozcan casos emblemáticos que buscan justicia por violaciones graves a los derechos humanos.
No obstante, “esta enmienda, si se aprueba, representará un retroceso drástico hacia la rendición de cuentas y el estado de Derecho en Guatemala. Al mismo tiempo, pondrá en grave peligro los avances logrados por el país para lidiar con el legado de la guerra civil y para prevenir más violencia”.
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Amenaza
Amnistía Internacional aseguró este martes que la iniciativa de reforma a la Ley de Reconciliación Nacional amenaza “seriamente” los derechos humanos
La directora para las Américas de esta organización, Erika Guevara-Rosas, dijo que el cambio pone en riesgo los avances de la última década en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos en Guatemala.
“Estos avances han sido posibles gracias a los esfuerzos valientes e incansables de las víctimas, sus representantes legales, fiscales y de las personas y organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos”, proclamó.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de derechos humanos, recordó la organización, han reiterado que las amnistías por crímenes de derecho internacional o violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con las obligaciones de los Estados de investigar, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes.
A pesar de los avances realizados, Amnistía Internacional asegura que hasta la fecha miles de víctimas siguen esperando justicia en Guatemala, pero advierte que si la iniciativa es aprobada “investigaciones en curso sobre estos crímenes serían suspendidas y los condenados por los tribunales de Guatemala durante la última década serían liberados dentro de las 24 horas”.
“Representa una seria amenaza para los derechos de miles de víctimas del conflicto armado interno del país para conocer la verdad y obtener justicia para las atrocidades que ellos y sus familias sufrieron”, proclamó Guevara-Rosas.
Oenegés
En esta sesión también se aprobaría la iniciativa 5257 para aprobar las reformas a la ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (Oenegés).
El proyecto propone que existan mecanismos que le permitirían al Gobierno cancelar la personalidad jurídica de las agrupaciones que puedan resultar indeseables por su labor de fiscalización.
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Uno de los cambios es que las oenegés podrán disolverse “cuando se compruebe que sus actividades son contrarias a la ley y al orden público”, algo que expertos han calificado como un poder discrecional que se le otorga al Gobierno.
Sarah Cleveland, profesora de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, por ejemplo, realizó una visita a Guatemala y calificó como preocupante la intención del Congreso.
“Es una gran preocupación, una serie de iniciativas de ley que están ahora pendientes en el Congreso y que podrían vulnerar mucho más el estado de Derecho y las protecciones a los derechos humanos”, dijo Cleveland.
La experta en Derechos Humanos señaló que la iniciativa de reformas a la Ley de Oenegés “arriesga las libertades fundamentales de la sociedad civil”.
La Coordinadora de Oenegés y Cooperativas (Congcoop) rechazó las reformas que los diputados buscan hacer porque atentan contra la libre organización y libertad de expresión, sería un retroceso a la incipiente democracia y una fragante violación a derechos constitucionales.
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Al tiempo que demanda de la reforma no sea conocida en el pleno, la Congcoop advierte que esta no aporta nada al fortalecimiento de las oenegés ni al proceso democrático.
Amnistía Internacional reflexionó que esas reformas amenazan a los derechos a la libertad de expresión y asociación en Guatemala al imponer “controles excesivos y onerosos requisitos para el registro y funcionamiento de las ONG”.
Además, a su juicio, supondría conceder “amplios poderes” para el Gobierno respecto a la suspensión permanente de las actividades de una ONG por razones tales como “alteración del orden público”, un término “ambiguo” cuya interpretación podría llevar al cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil o su penalización.
“En el contexto de repetidos actos de estigmatización, campañas de difamación y otros ataques constantes por parte de actores privados y las autoridades de Guatemala contra organizaciones y defensores de los derechos humanos, (…) parece ser otro intento de obstaculizar la labor de los que trabajan por la justicia y los derechos humanos”, dijo.
Teniendo en cuenta este contexto, la directiva pidió al Congreso que en lugar de aprobar leyes que supondrían “retrocesos en la lucha por la Justicia y los derechos humanos” se dedique a “garantizar” los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y garantizar un “ambiente seguro” para los activistas.
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