El próximo año el Congreso deberá convocar a una nueva Comisión de Postulación, que deberá de preseleccionar al grupo de profesionales para integrar la nueva CSJ y las salas de apelaciones.
Este procedimiento se rige bajo la Ley de Comisiones de Postulación, que la Junta Directiva de la que recientemente la Junta Directiva del Congreso, tramitó una propuesta de reforma legal.
La iniciativa se encuentra bajo el número de registro 6028, fue firmada por los diputados Aníbal Samayoa, de Partido Humanista, y Marvin Alvarado, de Bienestar Nacional (Bien).
Ambos congresistas refieren en la exposición de motivos de la iniciativa, que el espíritu de las Comisiones de Postulación es hacer que un grupo de profesionales de manera independiente y técnica propongan a un grupo de candidatos.
“Para que se cumpla este cometido, está claro, que se requiere fortalecer y modernizar la Ley de Comisiones de Postulación. En la presente iniciativa se busca establecer requisitos y formas de integración de las Comisiones de Postulación, para que los perfiles de los comisionados sean los idóneos y capaces, fortaleciendo todo el proceso de elección”, señala el documento.
Su contenido
La iniciativa cuenta con cinco artículos, y entre sus principales puntos se pretende mejorar la dinámica de trabajo, según la propuesta que expone, entre sus principales modificaciones, las siguientes.
El artículo 1 de la propuesta de ley, refiere que la convocatoria deberá de hacerse con tres meses de antelación antes de la toma de posesión de las nuevas autoridades, procesos que actualmente la normativa, en el caso de la Postuladora de CSJ, cita la convocatoria a cuatro meses, lo que implicaría 30 días menos para la dinámica de preselección.
El mismo artículo explica que los colegios profesionales que deban de nombrar integrantes para lo diversas postuladoras, deberán de hacerlo utilizando listados abiertos, para votar directamente por el nombre y apellido del profesional y no por una planilla.
También proponen la implementación del voto electrónico, lo que podría ayudar a tener mayor participación en este tipo de convocatorias internas, que según los antecedentes, su principal protagonista es el abstencionismo.
El artículo 2 estipula una tabla de gradación general para cada postuladora, para que cada una tenga una distribución igualitaria; punto que suele ser de discordia y fricciones en algunas Postuladoras pasadas, como ocurrió con la Postuladora para Contralor General de Cuentas (CGC) en el 2022.
En este modelo de tabla de gradación se fijan para méritos académicos 35 puntos, en méritos profesionales 60 puntos, para la sección de proyección humana 5 puntos, y la sección de méritos éticos tan solo hay dos opciones, “califica o no califica”.
El artículo 3 de la iniciativa, referente a la elaboración de la nómina, estipula que tan solo serán tomados en cuenta para la integración aquellos aspirantes que tengan 80 puntos o más de calificación.
Finalmente, el artículo 4 ordena derogar cualquier disposición que sea contraria a la ley, y el artículo 5 refiere a la entrada en vigencia de la posible nueva ley, que sería ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Poco viable
Aunque la iniciativa fue tramitada recientemente por la Junta Directiva que lidera el oficialismo, para Carmen Aída Ibarra, de Movimiento Pro Justicia, es poco probable que la iniciativa de ley, camine.
Afirma que desde el 2012, hace más de 10 años, ha habido intentos por reformar la Ley de Comisiones de Postulación, sin éxito, y considera que en este caso el escenario será el mismo.
“Hay un evidente desinterés de la mayoría parlamentaria por no mejorar los procesos de postulación y elección de funcionarios con rango constitucional”, entre estos, Fiscal General, CGC, CSJ y el mismo Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó Ibarra.
La iniciativa tiene elementos novedosos y oportunos, considera. “Es bueno que especifique que los comisionados delegados por colegios deban llenar ciertos requisitos, y es interesante plantear el voto electrónico y los listados abiertos”, pero agregó que “no existen en este momento las condiciones para concretar los cambios”.
Entre elementos que no ve aconsejables están el acortar el tiempo de trabajo de las Comisiones y el fijar una tabla de gradación general. “Los comisionados ya solo tendrían un papel de revisores de expedientes, cuando a lo que se aspira es que vayan mucho más de eso; y que algún día verdaderamente hagan una tarea profunda de selección para nominar a los idóneos y no solo a los que cumplen con los requisitos”, refirió.
Por su parte, Sebastián Palomo, analista de Guatemala Visible, estima que en este momento se está en los tiempos adecuados para impulsar alguna reforma que venga a fortalecer el proceso.
“Independientemente de que sea aprobada en esta legislatura o al inicio de la próxima legislatura, creemos oportuno que se presenten reformas a la ley de Comisiones de Postulación, ya que estamos a buen tiempo, para utilizar una ley más estructurada y fortalecida para que sea implementada a partir del proceso de elección de cortes en el 2024”, señaló.
