La denuncia contra el vicepresidente no es nueva. El caso se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2020, y el 31 de julio de ese año el antejuicio fue admitido para trámite.
La defensa del vicemandatario presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) que frenó la denuncia, pero al ser revocado el amparo, la solicitud de antejuicio siguió su curso y el expediente llegó al Organismo Legislativo, listo para que se conozca.
En corrillos parlamentarios trascendió la semana pasada que la intención de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, es agendar para esta semana el antejuicio contra Castillo.
Rivera ha estado ausente de las últimas reuniones de jefes de bloques, pero luego de que ingresó el antejuicio al Organismo Legislativo convocó a la instancia para el martes 7 de noviembre.
El caso contra Castillo obedece a un nombramiento, aparentemente irregular, en la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), denuncia presentada por el abogado particular Nimrod Israel Estévez.
El caso tendrá que ser expuesto ante el pleno, y al momento de continuar con el trámite, mediante una tómbola se seleccionará a cinco diputados para que integren la comisión pesquisidora.
Esta mesa legislativa tendrá que recibir la ratificación de la denuncia, conocer las pruebas de descargo de Castillo y posteriormente redactar un informe, en el que recomiende al pleno que se le retire o no la inmunidad. Esta recomendación no es vinculante, la decisión final depende de la mayoría parlamentaria.
El primer diputado seleccionado mediante el sorteo, según lo fija la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, presidirá la comisión y debe convocar a las reuniones de trabajo.
Opiniones legislativas
Aunque mañana mismo puede agendarse el antejuicio para la sesión del próximo miércoles, pareciera que aún no hay consensos para decidir el futuro legal de Castillo.
Óscar Chinchilla, jefe de bloque de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), por ejemplo, dijo que, como congresistas, deben hacer lo que les manda la ley, sin fijar una posición clara sobre cómo votaría en caso de que se someta a discusión el tramite del antejuicio.
“Este antejuicio ya se venía dilucidando en las cortes, ahora se remite al Congreso de la República y lo que toca es cumplir con lo que manda la ley; hay que entrar a conocerlo”, dijo.
Para otros diputados como Walter Félix, jefe de bloque de URNG–Maíz, podría haber “serías intenciones de fondo” en querer tramitar un antejuicio cuando la gestión del vicepresidente está a menos de tres meses de finalizar.
“Yo creo que esto va dentro de la agenda que intentan impulsar en este momento algunos sectores para bloquear el relevo presidencial. Entonces, si esto es así, me parece que lo están acelerando”, afirmó.
La teoría que plantea Félix ha sido compartida por otras personalidades en el Congreso y fuera de este organismo, según declaraciones de Román Castellanos, subjefe de Movimiento Semilla.
Castellanos es claro en calificar esto como rumores, y al no tener ningún fundamento, no ve un escenario en el que sea probable.
Respecto de que se someterá a discusión el antejuicio de Castillo, el legislador de Semilla indicó que, como bancada, analizarán el caso antes de tomar una postura.
“No sé si al final del año se retomen las sesiones. No sé qué tanto podría prosperar a esta altura”, comentó el diputado.
¿Estrategia?
Aunque no existan fundamentos para un antejuicio a estas alturas del mandato del vicegobernante, el analista político independiente Renzo Rosal considera que podría tratarse de una acción de ciertos sectores para tratar de impedir la toma de posesión de las nuevas autoridades.
“Una acción de carácter político, aunque se le intenta colocar el traje de un asunto legal”, explicó el analista.
Para Rosal, se debe estudiar en detalle los tiempos y las posibles repercusiones en caso de que al vicepresidente le retire el Congreso la inmunidad.
“Forma parte de este hilo, de este juego de dominio que pretendería obligarlo a que sea destituido o que presente su renuncia”, añadió.
Esta nueva estrategia, a criterio del analista, tiene como fin bloquear procesos democráticos.
Agregó: “Tomando en cuenta la vacancia, se puede nombrar a una persona todavía más cercana al oficialismo vigente, nombrarlo a cargo temporal”.
Ese sería un esfuerzo más, de acuerdo con el analista, de parte de algunos actores para complicar los resultados electorales.
“Están empecinados en que no tome posesión el binomio electo”, insistió Rosal.
Quien no logra identificar el fondo de la denuncia y el paso de este antejuicio es el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
Quezada prefiere ser cauto en sus declaraciones y no pinta escenarios devastadores para la democracia.
“Me cuesta pensar en algo de fondo. Quizá que, ante la falta del presidente, no quisieran que Castillo asumiera, ya sea que Giammattei renuncie o se enferme”, comentó.
Aunque se intentó obtener la opinión del vicepresidente Guillermo Castillo al respecto, no fue posible contactarlo.
