Política
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Congreso respalda pagos por Q6 mil millones en obras de Alejandro Giammattei
En la ampliación presupuestaria se derogó un artículo que podría dejar sin responsabilidad penal a ocho exautoridades del CIV.
Los proyctos están bajo investigación de MP y la CGC interpuso denuncias hace algunos meses.. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El pasado miércoles, el pleno del Congreso aprobó de urgencia nacional una ampliación presupuestaria por Q14 mil 451 millones. Antes de concluir el proceso y de darle un número de decreto, los diputados Jorge Castro, de la bancada Visión con Valores; Luis Aguirre, del bloque Cabal, y Román Castellanos, electo por el Movimiento Semilla, presentaron una “enmienda” para incorporar un nuevo artículo a la normativa.
La propuesta fue derogar el artículo 7 de la Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, decreto 21-2022. Ese artículo autorizó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) una ampliación presupuestaria de Q3 mil 191 millones 242 mil para 112 proyectos de infraestructura vial que serían ejecutados en ese año por las distintas unidades de la cartera.
El total de la intervención de los proyectos era por 719.14 kilómetros, entre rehabilitación, recapeo menor, construcción, señalización, compra de puentes Bailey, edificios y construcción del puente Belice.
La eliminación del artículo, que fue consensuada entre los diputados que votaron a favor y el CIV, levanta una restricción del decreto que no permitía que las obras fueran modificadas. Aquel 15 de marzo del 2022, cuando se aprobó la ley, la entonces bancada Semilla fue uno de los principales críticos, con el argumento de que la norma aprobada podría tener fines de corrupción.
Denuncia
En mayo de este año, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia contra el exministro Javier Maldonado y siete funcionarios más, entre directores y viceministros, por haber adquirido compromisos no sustentados en el decreto. El monto del señalamiento asciende a Q6 mil 960 millones y está bajo investigación en el Ministerio Público (MP).
Cuando esa ley fue aprobada, surgieron dudas y críticas, debido a que otorgaba más de Q3 mil 191 millones al CIV para obras. Ahora, el oficialismo sostiene que la enmienda se presentó porque no se podía avanzar o finalizar dichos proyectos.
“Lo que ha pasado es que el mismo CIV se ha topado con que este artículo les dificultaba continuar con algunos proyectos de infraestructura que están por finalizarse, pero que toparon ahí. Fue un requerimiento particular del ministerio”, sostuvo Castellanos, quien en el 2022 fue uno de los principales opositores.
El viceministro de Infraestructura, Alejandro García, aseguró que más allá de ser una petición surgida en la institución, fue un aspecto consensuado entre la cartera y los diputados, quienes constantemente hacen consultas de los proyectos de sus departamentos.
“Más que una solicitud expresa del ministerio, es una respuesta a las constantes solicitudes por parte de los diputados en distintas bancadas y de todos los distritos”, afirmó.
El CIV justificó que, al levantar las restricciones de esa normativa legal, continuarán con la ejecución y finalizarán los pagos pendientes.
“—La derogatoria— sí abre la puerta para que se puedan seguir ejecutando, aunque estén bajo investigación. Nosotros vamos a hacer el análisis cuando el decreto salga publicado”, manifestó el viceministro.
Por su parte, el diputado Orlando Blanco, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos), cuestionó ese aspecto, con base en que la ley no es retroactiva en materia administrativa ni financiera.
“Según ellos, con esto tendrían el aval para pagar toda esa corrupción que se dio en el marco de ese decreto; pero, además, pagar los excesos que hubo en el tema de las ejecuciones”, mencionó el legislador.
Bajo investigación
El viceministro explicó que muchos de los proyectos son investigados por el MP y que les han indicado que están bajo reserva, por lo que no se les ha informado el sentido de la pesquisa. El diputado Orlando Blanco mencionó que también presentaron una denuncia al respecto este año.
García aseveró que la derogatoria del artículo no debe influir en las averiguaciones que realiza el MP, ni en los procedimientos de la CGC. Castellanos también defendió que se solicitó la derogatoria con base en criterios técnicos del CIV.
“Yo esperaría que no, porque si son hechos ya consumados, en todo caso siguen prevaleciendo y que en adelante estoy seguro de que no se cometerá este tipo de irregularidades”, refirió el congresista.
Blanco insistió en que es un intento del oficialismo por “jugarle la vuelta a la ley”.
Se preguntó al MP sobre la pesquisa, pero no se recibió ninguna respuesta. También se solicitó a la CGC su postura respecto de la derogatoria, pero tampoco respondió.
Excedió el techo
Cuando la ley se aprobó, se destinaron Q1 mil 286 millones a la Dirección General de Caminos (DGC), Q1 mil 748 Covial, Q120 millones a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y Q35 millones al Fondo Social de Solidaridad (FSS).
Solo un año y cinco meses después Covial ya había consumido todos los fondos y Caminos había sobrepasado la asignación por Q80 millones. Además, se hicieron readecuaciones que dejaron el presupuesto del subprograma en Q1 mil 746 millones solo en 2023.
Los recursos se invirtieron Q1 mil 900 millones en mantenimiento de las carreteras centroamericanas, otros Q366 millones en rutas nacionales y Q480 en rutas departamentales. También se destinaron fondos para la asistencia técnica y adquisición de puentes, para la construcción y mejoramiento de carreteras, también en pasos a desnivel e infraestructura educativa.
Maldonado, titular de la cartera en ese momento, declaró que los diputados ponentes de la ley seleccionaron las obras qe se incluirían en la iniciativa y se lo trasladaron al CIV.
Aprobación
En el año en el que se aprobó la Ley, Shirley Rivera era la presidenta del Congreso. Ella junto a Mynor Mejía y Carlos Roberto Calderón la firmaron. Se convirtió en ley a los 15 días de ser presentada como iniciativa en la Dirección Legislativa.
En ese entonces, el diputado Castellanos fue de los principales opositores de la ley porque consideraba que “es una estrategia para saquear el Estado”.
"En aquel momento los diputados de Semilla y los diputados nuestros nos opusimos a esta cuestión porque nunca habíamos visto un decreto tan tosco y tan cínico, en el sentido de que en ese decreto básicamente los diputados de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Valor, Vamos, Todos y Bien lo que estaban haciendo era hacer una asignación fuera del presupuesto millonaria", recordó.
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