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También señalan un convenio de tercer país seguro, como el que se ha mencionado, de traer a migrantes y brindarles condiciones mínimas, no sería bueno para el país, ni recibiría el apoyo político en el Congreso, porque Guatemala no está en la capacidad de darle atención ni a su población, menos a miles de migrantes.
Por último, pese a todo el contexto que se tiene, los legisladores consideran que si se discutiría un convenio en materia migratoria que firme el Ejecutivo, siempre y cuando este procure ventajas para la población del país.
Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), afirmó que “hay una irresponsabilidad por parte del presidente Jimmy Morales, quien se fue a negociar sin informarle a la población sobre los compromisos que se están adquiriendo en ese marco”.
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“Fue hasta el Gobierno de los Estados Unidos planteó que había una negociación en curso que los guatemaltecos nos enteramos, y hasta el momento no conocemos que se negoció. Pedimos la información y no la han mandado”, afirmó el congresista.
Añadió que es difícil tener una posición sobre algo que no se conoce, pero reconoció que sí hay necesidad de firmar acuerdos bilaterales que ayuden a solucionar la problemática de la migración y que el país no siga siendo puente de ilícitos.
“Nadie se opone a que se generen opciones para frenar el tráfico ilegal de personas, de eso todos estamos convencidos. Pero hay que hablarlo, y conocer bien qué acciones se tomarían”, declaró Blanco.
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Rudy Castañeda, jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional, indicó que no han decidido que postura tendrían en caso llegue al Congreso para su ratificación un convenio de tercer país seguro.
“El origen de todo este problema se dio por el alto secretismo en que se manejaron las cosas y luego vinieron las amenazas del presidente Trump. El problema acá fue una relación entre lo mediático y una expectativa”, señaló el parlamentario.
Castañeda consideró que las amenazas del presidente estadounidense podrían afectar la economía, pero el castigo con aranceles está sujeto al tratado de libre comercio y hay órganos específicos que se dejaron para discutir estas situaciones, por lo que no es tan fácil que pase.
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Manuel Conde, jefe del bloque Partido de Avanzada Nacional, destacó que “los guatemaltecos todavía no saben qué es lo que el Estado guatemalteco dialoga con Estados Unidos para llegar a un convenio”.
“Anticipar un criterio de qué puede resolver el Congreso ante algo que no conocemos sería poco responsable. Ahora, si lo que dicen que es —acuerdo de tercer país seguro—, sería inconveniente para el país, no podemos ser recinto de migrantes que piden asilo. No creo que el convenio vaya a respaldar un convenio de esa naturaleza”, afirmó el diputado.
Conde agregó que “se puede llegar a suscribir un convenio dentro de las partes, que incluya al Triángulo Norte, México y Estados Unidos, para que juntos se aplique una estrategia para mejorar los niveles de seguridad de todos los involucrados”.
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Walter Félix, jefe de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, aseguró que un convenio de tercer país seguro no conviene al país y “lo más lamentable” es que todo se ha hecho a escondidas del pueblo.
“No estamos de acuerdo con que se obligue al Congreso a aprobar leyes o convenios para favorecer los intereses de otro país. Un tercer país seguro no sería beneficioso para Guatemala”, afirmó Félix.
Leonel Lira, subjefe de la bancada Encuentro por Guatemala, explicó que, si eventualmente el Ejecutivo firma un convenio, al llegar al Congreso debe ser analizado, previo a emitir cualquier opinión o postura.
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“Hay que analizar si se está comprometiendo al país en diferentes temas, no solo en temas de Derechos Humanos, es decir, hay que hacer un análisis profundo y verificar si un acuerdo no violenta otros que ya están ratificados”, afirmó el congresista.
Lira señaló que “no se trata de vender al país”, que los legisladores deben tomar en cuenta que sus acciones pueden afectar en general a los guatemaltecos y que un acuerdo de tercer país seguro no sería viable por las condiciones que actualmente vive el país.
Aníbal Rojas, quinto secretario de la Junta Directiva del Congreso, resaltó que “el Congreso tiene que ser responsable en su actuar porque este es un tema delicado”.
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“Están en riesgo primero las remesas que nuestros hermanos que están allá mandan al país, también está en riesgo todas las exportaciones que Guatemala hace a su principal socio económico”, afirmó Rojas.
El secretario aseguró que “está totalmente de acuerdo” con que se analice y discuta un convenio en materia migratoria. “Lo que pasa es que tenemos un montón de especulaciones, no sabemos en qué consiste el proyecto que plantea el presidente, debemos de esperar y al tenerlo analizarlo. El Congreso debe estar dispuesto en primer lugar a apoyar a su gente que está en Estados Unidos”.
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