Junto a los congresistas con quienes formó la anterior Junta Directiva emitió el acta 46-2021, en la cual el Congreso se desvincula del Sistema Guatenominas, portal que registra todas las contrataciones en la institución.
Algunos de los argumentos es que el Organismo Legislativo cuenta con su propio sistema de registro electrónico que permite vincular todas las acciones financieras del parlamento, cosa que no sucede, según ellos, con Guatenominas.
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“El sistema de Guatenominas no se enlaza con el Sistema de Recursos Humanos – DELTA- del Organismo Legislativo, lo que afectaría la ejecución de diferentes procesos, ya que este sistema es la fuente principal de información para las distintas actividades que se realizan en las diferentes direcciones del Organismo Legislativo”.
Lo anterior es un fragmento del oficio 0027-2022 firmado por Eber Mejía, Director de Recursos Humanos del Congreso y por Mario Flores, encargado de despacho de la Dirección General del Legislativo.
El documento está registrado con la fecha 7 de enero de 2022, tan solo a una semana que Allan Rodríguez tuviera que entregar la presidencia del Congreso a la también oficialista Shirley Rivera.
El pasado 28 de enero el Ministerio de Finanzas respondió a la Dirección General del Congreso, pidiendo al organismo de Estado que “reconsidere” la medida.
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Dudas y desconocimiento
La decisión que tomó la anterior Junta Directiva despierta dudas entre diputados de la oposición, quienes consideran que esa decisión puede ser un esfuerzo por tratar de ocultar algo en particular.
Carlos Barreda, diputado del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO), considera que la nueva Directiva tiene que corregir ese error, “esta decisión de Junta Directiva que inició el año pasado se debe de dar marcha atrás, deben de rectificar y entregarse la nómina completa del Congreso”.
Barreda añadió que en el pasado, antes que no existiera Guatenominas, había muchas actividades de dudosa legalidad que rodeaban las contrataciones públicas por existir relaciones laborales que reñían con la ética y la legalidad.
“Podrían haber dobles contratos con municipalidades o parentescos con algunos diputados, lo cual también está prohibido en la propia ley orgánica del Congreso. En el caso de dobles contratos se requiere una denuncia penal contra las personas que están trabajando en el Congreso y en otra entidad, de hecho se les pide una declaración jurada a los 022 y 029, donde indican que no tienen contratos con el Estado o entidad privada”, señaló.
La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, al ser cuestionada fue breve: “Yo me estoy enterando hasta este momento, parece que fue una decisión de la anterior Junta Directiva, ya hice las consultas para que nos informen que sucedió al respecto”.
Al ser cuestionada de si estarían dispuestos a revertir la decisión encabezada por Rodríguez explicó que tienen que hacer un análisis, “tenemos que evaluar por qué la anterior Junta Directiva decidió hacer esto, toda vez lo hagamos yo les comento cual será la conclusión (…) todo lo que sea conforme a ley lo vamos a hacer”.
Por su parte Aníbal Rojas, cuarto secretario del Congreso, también dijo desconocer esa decisión, “pero nos vamos a enterar del tema, yo voy a pedir información. Hasta el momento no conozco nada”, explicó.
Rojas recordó como varios diputados criticaron a la Universidad de San Carlos cuando se oponía a este sistema, por lo que considera que el Legislativo si tiene que continuar bajo esta herramienta de fiscalización.
“Es súper importantísimo y el Congreso debe adherirse a esto, la herramienta nos permite tener transparencia en todo lo que se está haciendo y yo creo que no solo el Congreso sino todas las instituciones del Estado tendrían que estas adscritas a este sistema”, precisó.
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Retroceso y corrupción
El sistema Guatenominas es relativamente nuevo y nació como parte de aquellas demandas ciudadanas en contra de la corrupción, recordó Irene Flores, experta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
Salir de este sistema no solo hará que los esfuerzos por fiscalización sean complejos o casi imposibles, señala que Guatemala sería visto de manera negativa a nivel internacional en mediciones relativas al fisco y la transparencia.
“Lo que está solicitando el Congreso es un claro retroceso en materia de transparencia. De la mano con esa poca transparencia va la falta de información certera sobre ejecución del gasto en materia de funcionamiento, si no se tiene Guatenomina no queda registro o es muy difícil acceder a información para hacer evaluaciones de gasto público o para ser medidos en materia fiscal por entes nacionales o internacionales”, refirió.
Flores no puede explicar cuáles son las razones que motivan al Congreso salirse de esta plataforma de fiscalización, pero está clara que la medida no pasara por alto.
“Desvincularse más bien levanta sospechas para saber qué están tratando de esconder de este sistema, que si bien no es perfecto pero que está implementando en una ruta que tenemos que llevar como país si queremos ser transparentes, fiscalización, control y reducir la corrupción”, puntualizó.
