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La intención de integrar una comisión pesquisidora para conocer los antejuicios de Gloria Porras y Francisco De Mata, magistrados constitucionales, no se materializó ayer en el Congreso, en una jornada que resaltó más por el despliegue de seguridad que por la asistencia de los diputados.
La plenaria estaba convocada a las 10 horas. Tres horas antes comenzó el cierre de calles alrededor del Palacio Legislativo, para evitar cualquier conato de manifestación durante la jornada parlamentaria.
El punto principal del día era integrar la comisión pesquisidora contra los dos magistrados señalados por la Asociación de Dignatarios de la Nación.
Los denunciantes afirman que Porras y De Mata Vela cometieron delitos al impedir la expulsión del exembajador de Suecia, hechos registrados durante la administración del expresidente Jimmy Morales.
Agenda variable
Al mediodía, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, abrió la sesión plenaria para tan solo pedir a los diputados que se volvieran a marcar, pues fallas en el servicio de energía eléctrica borraron los registros de asistencia y el retraso en sus actividades se extendió hasta las 13 horas.
La falta de quorum era evidente, y el presidente impulsó, con éxito, una moción para modificar el orden del día, y relegó las diligencias de antejuicio y propuso comenzar la jornada con la discusión del aumento del presupuesto de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) por Q20 millones.
Por varios minutos, el hemiciclo quedó en completo silencio, a la espera de que más diputados acudieran para reunir el número necesario, pero luego de las 14 horas, el presidente decidió levantar la sesión por falta de diputados.
Se oponen a antejuicio
Previo a que la sesión de Pleno quedará nuevamente suspendida algunos diputados de la oposición manifestaron estar en desacuerdo para tramitar dicho antejuicio, afirmando que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) obvió un amparo que frenaba dicha denuncia.
“Nos encontramos de nuevo ante una confabulación entre la CSJ y el Congreso para atacar de nuevo a los magistrados que se encuentran ejerciendo constitucionalmente las funciones que les corresponden, sin importarle a los diputados del Congreso caer de nuevo en desobediencia y esto gracias a que están actuando al margen del estado de Derecho”, señaló Ligia Hernández, diputada de Movimiento Semilla.
Por su parte el diputado Wálter Félix, jefe de bloque de URNG–Maíz explicó que seguir con este trámite sería ilegal porque existen acciones legales pendientes de resolución.
“Existe una serie de recursos de aclaración y también hay recursos de debida ejecución que la CSJ debe de acatar, por lo tanto consideramos que no es ni legal ni prudente que sometamos al Congreso a cometer delitos al darle tramite al expediente enviado por la CSJ”, dijo Félix.
La próxima semana
La ley obliga al Congreso a conocer en un lapso no mayor de ocho días las diligencias de antejuicio a las cuáles le dieron trámite, plazo que venció ayer.
A criterio del presidente del Congreso, ellos ya cumplieron con presentar la denuncia ante el pleno en los ocho días siguientes de ser notificados, ahora lo que corresponde es volver a agendar el tema para continuar con lo que establece la ley.
“En un plazo que establece la ley que pasados los ocho días de las diligencias de antejuicio deben de ser conocida en el pleno y fue lo que se cumplió el día de hoy, hoy se dio a conocer y se iba a entrar a conformar la comisión pesquisidora, lamentablemente no se logró por falta de quórum, pero hemos cumplido con lo que dice la ley dentro de los ocho días estipulados. Ahora debe de agendarse de acá en adelante y el próximo martes estará agendado, porque hoy no se pudo”, señaló.
A su vez, Rodríguez crítico a aquellos legisladores que se oponen al antejuicio.
“Los aliados siempre van a buscar protegerlos, los mismos diputados que en el Teatro Nacional hicieron una escenita, quitaron el micrófono, agredieron a la vicepresidenta del Congreso, esos mismos que hoy señalan que es ilegal y que siempre van a señalar que es ilegal porque están acostumbrados a manipular la ley a su sabor y antojo, pero quiero decirle a los guatemaltecos que estamos trabajando por la verdad, por la justicia y que soplan nuevos vientos para Guatemala, donde la justicia va a ser objetiva”, dijo el presidente del Legislativo.
El procedimiento
- La Ley en Materia de Antejuicio explica la ruta que debe llevar la denuncia contra algún funcionario que goce del vestigio de la inmunidad y es responsabilidad directa del Congreso resolver las denuncias en contra del Presidente, Vicepresidente, ministros, Fiscal General, Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), CSJ y CC.
- Toda vez el parlamento reciba el proceso de antejuicio lo tiene que notificar al Pleno e integrar la Comisión Pesquisidora, se trata de una mesa de trabajo de cinco diputados electos mediante sorteo, salvo el presidente del Legislativo; el primero en ser seleccionado tendrá el rol de presidente, el segundo de secretario y los tres restantes serán vocales.
- Entre las atribuciones de la Comisión Pesquisidora se establece que debe de analizar todos los documentos del expediente para convocar a la parte denunciante para que ratifique los hechos, así mismo también le debe dar espacio a la parte señalada para que se defienda presentando sus pruebas de descargo.
- Así mismo puede desarrollar las diligencias que considere pertinente para el esclarecimiento del hecho, esto implica entrevistar a otras personas que pudieran tener conocimientos valiosos para el trabajo de la Comisión.
- Por última este grupo de diputados debe de enviar un informe al Pleno del Congreso, en el mismo tan solo se limitará a dar una recomendación acerca si es viable o no el retiro de la inmunidad.
- La ley también aclara que esta mesa de trabajo no puede atribuirse facultades que les corresponden exclusivamente a fiscales o jueces, tipificar un hecho como delito y determinar la inocencia o culpabilidad del funcionario señalado.
- Ya al estar finalizado el informe de la Comisión será puesto de conocimiento del Pleno, quien deberá de escucharlo para luego votar por el retiro o no de la inmunidad.
- Para declarar con lugar las diligencias de antejuicio se necesita una mayoría absoluta de 107 diputados, si la denuncia tampoco obtiene esa cantidad de votos para que sea declarado sin lugar el expediente quedará resguardado en Dirección Legislativa a la disposición de un próximo evento de votación si el Pleno lo considera.
