El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, se expresó de forma escueta sobre la denuncia.
“El señor Manfredo Marroquín y la asociación Acción Ciudadana han interpuesto una serie de amparos en contra del Congreso. Se dio una situación, cuando se revisaba toda la papelería para darle respuesta a la Corte de Constitucionalidad (CC), se encontró que en su nombramiento como representante legal existía un vicio”.
El presidente del Legislativo aseguró que para no caer en omisión de denuncia se decidió denunciar a Marroquín ante el Ministerio Público por la posible comisión de delito y no trataría el asunto en los medios para “garantizar la presunción de inocencia de Marroquín y que se le garantice un debido proceso”.
Manfredo Marroquín fue consultado al respecto y respondió: “Es una reacción lógica a todas las acciones que hemos interpuesto para develar la corrupción que hay en el Congreso, el tráfico de influencia en bastantes de sus miembros”.
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Recordó que Acción Ciudadana acaba de ganar varios recursos ante la CC pues, de acuerdo con las reformas a la Ley Electoral y Ley Orgánica del Congreso, los diputados tránsfugas no pueden tener cargos dentro del Legislativo.
“Da pena que un Congreso, en lugar de poner atención en la agenda legislativa con muchos temas pendientes, gaste los recursos de todos los guatemaltecos para perseguir a quienes considera sus enemigos. Es una burla para todos que se gaste el dinero en esta persecución política”, aseguró Marroquín.
Reacciones
Algunos diputados rechazaron la denuncia.
Los congresistas del bloque Convergencia manifestaron “que no forma parte del grupo de diputados que a través de una denuncia buscan desatender la resolución de la CC y conservar privilegios”.
Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), dijo que la decisión de poner la denuncia no fue compartida en la instancia de jefes de bloque y que tampoco se le notificó personalmente sobre esa decisión.
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“Acción Ciudadana ha sido una organización seria que ha tenido la capacidad de apoyar al Congreso, pero será el Ministerio Público quien diga. Sin embargo, si alguien se sentía afectado pudo haber presentado un amparo”, señaló.
Afirmó que no se debió presentar la denuncia en nombre del Congreso y que fue un error no consultarles a los legisladores.
Andrea Villagrán, diputada de la bancada Todos, rechazó la forma en que se colocó la denuncia y aseguró que no estaba enterada, ni apoya la acción.
“Considero despótico el actuar de la Junta Directiva, que en nombre de los 158 diputados sin consentimiento previo y de manera arbitraria realizaron esta acción”, señaló la congresista.
Amílcar Pop, jefe del bloque Winaq, dijo que tampoco fue consultado sobre la denuncia y consideró que es un error decir que fue en nombre del Congreso.
Denuncia
La denuncia fue colocada el miércoles a las 11.41 horas en el Ministerio Público por Rudy Federico Escobar Villagrán, quien actúa como mandatario judicial con representación del Congreso.
Según la página electrónica del Congreso, Rudy Federico Escobar Villagrán es empleado en el renglón 022 con el cargo de profesional III en la Dirección de Asuntos Jurídicos.
El 26 de junio de 2015, fue detenido en un operativo montado por el Ministerio Público que lo señaló del incumplimiento de deberes por un caso de supuestas ventas de plazas fantasma en el Congreso.
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