El motivo de la denuncia es por haber otorgado un amparo provisional que suspendió provisionalmente la comisión que creó el Congreso para investigar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en los 12 años que estuvo en Guatemala.
La única magistrada que no fue denunciada por los diputados fue Dina Ochoa ya que ella no votó a favor de otorgar dicho amparo.
Este amparo fue promovido por el Ministerio Público, Acción Ciudadana y el abogado Alfonso Carrillo quienes señalan que dicha comisión es ilegal ya que atenta contra el principio de división de poderes.
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Esto obligó a que el Congreso suspendiera las reuniones de dicha comisión, sin embargo, los diputados se siguieron reuniendo para escuchar a las personas que se declaran víctimas de la Cicig.
Pero cuatro días después la Junta Directiva del Congreso denuncia a los magistrados que resolvieron dicho amparo indicando que según el artículo 171 del Constitución Política de la República les permite crear comisiones específicas de investigación.
“El Congreso tiene las facultades para nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que plantean problemas de interés nacional”, indica un comunicado publicado en las redes oficiales del Congreso.
Miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República interpusieron una nueva acción legal en contra de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, Neftaly Aldana Herrera y José Francisco de Mata Vela. pic.twitter.com/PZA1UvPeh7
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) October 11, 2019
Entre las personas que se acercaron a los diputados para exponer cómo la comisión creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) violó sus derechos, están varios familiares de procesados por casos de corrupción.
Las primeras personas en declarar ante la comisión anticicig fueron los familiares de Jesús Oliva Leal, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, quien se suicidó en la cárcel Mariscal Zavala y que estaba vinculado en el caso IGSS Pisa por supuestas compras anómalas.
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El siguiente en tomar la palabra fue Enrique Zimeri Gándara, padre de Andrés Zimeri, quien fue golpeado supuestamente por personal de la Cicig, en un juego de futbol. Él llegó acompañado de su abogada.
Una de las últimas personas en pasar fue María José Duarte de Molina, esposa de Juan Manuel Molina, condenado en el caso Odebrecht.
Molina fue abogado del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y en julio de este año recibió una condena de 14 años de prisión por lavado de dinero y asociación ilícita.
