Según el CRS, “como los esfuerzos anticorrupción han tenido éxito y las investigaciones se han ampliado, los ataques contra la Cicig y el sistema judicial se han vuelto más intensos” y señala que el principal impulsor de dichos ataques es el actual mandatario guatemalteco.
“Desafortunadamente, la expulsión de Cicig de Guatemala por parte del gobierno pone en tela de juicio su compromiso de luchar contra la corrupción arraigada”, indica el texto.
En el documento se hace alusión a que Morales había dicho que en el 2019 pediría una nueva prórroga para el mandato de la Cicig; sin embargo, desde que él, su hermano, su hijo, y los miembros de su círculo íntimo se convirtieron en blancos de investigaciones, “Morales ha tratado de debilitar y ahora expulsa a la Cicig” y una de las medidas que lo comprueban es que “el presidente reemplazó a algunos de sus ministros y funcionarios reformistas que trabajaron en estrecha colaboración con la Cicig y la oficina del fiscal general, con aliados políticos más cercanos”.
Resalta, además, que en agosto del 2018 se hizo una solicitud para retirar la inmunidad al presidente para investigarlo por un caso de corrupción y que “aunque la Corte Suprema -de Justicia- de Guatemala aprobó la solicitud, fue bloqueada en el Congreso, donde casi la mitad de los diputados están bajo investigación o tienen procesos legales pendientes en su contra por corrupción u otros delitos”.
Lea también: Este será el futuro de la Feci luego del fin del mandato de la Cicig
En el informe también se recuerda que además de no renovar el mandato de la Cicig, el mandatario también prohibió el ingreso al país del jefe de esa comisión, Iván Velásquez, “desafiando dos fallos de la Corte Constitucional de que el presidente carecía de la autoridad para impedir el regreso de Velásquez”.
El análisis sobre la situación de Guatemala apunta a que “muchos observadores están preocupados de que las acciones de Morales contra la Cicig” que serían un esfuerzo amplio para protegerse a sí mismo y a otros de la persecución, y porque sus acciones amenazan la “frágil” democracia de Guatemala.
De parte del CRS también hizo un análisis sobre la situación en la que se desarrollarán las elecciones este año.
“Algunos observadores también han expresado su preocupación de que reducir la actividad de la Cicig antes de las elecciones nacionales de junio podría facilitar el financiamiento continuo de políticos por parte de los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales en Guatemala”, apunta.
Lea también: En dos minutos ante la CC el MP da una postura “ambigua” y “confusa” sobre la Cicig
El papel del MP
Además de las acciones emprendidas por Morales, el informe del CRS indica que el Ministerio Público influyó en el estancamiento de la lucha contra la corrupción.
“La batalla para erradicar las redes criminales que han cooptado al estado guatemalteco se ha estancado casi desde el 24 de enero de 2019, cuando la actual Fiscal General canceló la protección policial para los comisionados o el personal de la Cicig en el país”, dice.
En el informe se indica también que, aunque algunas instituciones guatemaltecas han desarrollado una mayor capacidad gracias a su trabajo conjunto con la Cicig, muchas de ellas “siguen siendo vulnerables y algunas temen un retorno a la impunidad por el crimen organizado y la corrupción gubernamental”.
El apoyo financiero que EE. UU. proporciona para el trabajo de la Cicig estuvo en riesgo debido a que integrantes del Congreso de aquel país se preocuparon por “un empresario ruso y su familia que habían sido declarados culpables de comprar pasaportes falsos, pero quienes afirmaron que fueron atacados injustamente por la Cicig”.
Para analizar el caso, se hizo la retención de US$6 millones de ayuda de parte de EE. UU. pero en julio del año pasado, el Departamento de Estado anunció que no encontró pruebas que respaldaran la alegación de los rusos, por lo que la asistencia económica fue liberada.
El MP, a través del departamento de Información y Prensa, indicó que “el Ministerio Público no ha tenido acceso a ese documento y tampoco le ha sido presentado de manera oficial como para analizar el mismo. En relación a la consulta, no le compete la función de seguridad ni al fiscal general ni al Ministerio Público como institución”.
“La señora fiscal general, como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades, apoya el trabajo que la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha realizado con el acompañamiento de Cicig y continuará con las acciones de fortalecimiento de la fiscalía para que siga con su labor de luchar contra la impunidad y la corrupción”.
Impresiciones
En respuesta al documento emitido por el CRS, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, asegura que el análisis “en el caso de Guatemala tiene algunas imprecisiones en los señalamientos hacia el señor presidente”.
Sobre los cambios efectuados en el Ministerio de Gobernación, el funcionario asegura que “los indicadores en materia de seguridad se han fortalecido” y que en los procesos de retiro del antejuicio en contra del presidente “estos pasaron a manos del Congreso y fueron los diputados quienes decidieron sobre el camino legal y de ninguna manera se bloqueó el proceso”.
Respecto a la información sobre el impedimento a Velásquez para que ingrese al país, Brito asegura que “en ningún momento existió tal supuesto” y que “no ha habido ninguna movilización orgánica que sustente esa afirmación”.
“El señor presidente ha sido enfático al mencionar que la lucha contra la corrupción no es exclusiva de un organismo internacional o una institución en particular. La lucha contra la corrupción debe ser un compromiso de todos los funcionarios públicos y las instituciones a las que representan, el presidente siempre ha promovido la honorabilidad y transparencia desde el Organismo Ejecutivo”, finaliza la respuesta.
El informe se elaboró con la justificación de que la corrupción que ejercen los funcionarios públicos de América Latina es una preocupación política prominente.
“En los últimos años, 11 presidentes y expresidentes de América Latina han sido expulsados de sus cargos, encarcelados o están bajo investigación por corrupción”, señala el informe, en donde se destaca que el Índice de Percepción de la Corrupción del 2018, elaborado por Transparencia Internacional, señala que la mayoría de los encuestados, en varios países, creen que la corrupción está aumentando.
En el caso de Guatemala, el informe destaca el trabajo de la Cicig en la investigación que puso tras las rejas al expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Contenido relacionado
Jimmy Morales critica que las elecciones estén judicializadas por acciones del MP y TSE
Cicig ubica netcenters en Guatemala, Xela y Cobán
ONU expresa preocupación por riesgos sobre jueces y fiscales guatemaltecos
