La función de esta dependencia de Estado no es simple. Tiene que ser el primer gran filtro para combatir desde dentro cualquier acto de corrupción, al menos esas son sus directrices.
Es uno de los grandes órganos de control gubernamental que a manera simple, tiene que vigilar para que funcionarios no malgasten el dinero que los contribuyentes pagan en concepto de impuestos.
Aunque esa responsabilidad ha rebasado la gestión de los últimos Contralores, según la perspectiva de Francisco Quezada, integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
Él considera que la CGC se ha enfocado en cuestiones administrativas y burocráticas sin atacar los problemas de fondo, algo que asegura es vital para que los recursos públicos se utilicen de manera correcta.
Con la convocatoria que el Congreso hizo a la Comisión de Postulación, qué está por ser integrada, se requiere una buena participación de profesionales para tener buenas opciones, según el Movimiento Cívico Nacional (MCN).
Esta futura mesa de trabajo será presidida por un rector de las universidades nacionales, estará integrada por los decanos la carreras enfocadas en las ciencias económicas y por representantes de los respectivos colegios profesionales.
Aunque el rol de la CGC es auditar y vigilar el buen uso del presupuesto nacional, existen otros temores que analistas destacan con la cercanía de las próximas elecciones generales.
Frenar candidaturas
Uno de los primeros retos que tendrá el nuevo Contralor será dirigir una dependencia que tendrá que ser objetiva al momento de extender o negar las solicitudes de finiquito, documento necesario para todo aquel ciudadano que aspire a algún cargo de elección popular en 2023.
Aunque la objetividad tiene que ser la regla para la emisión de este documento casi siempre ha premiado la discrecionalidad porque se ha utilizado la CGC como un arma política, apunta Quezada.
“La CGC se ha venido utilizando de arma política pero en las elecciones pasadas fue burdo porque el Contralor terminó de diputado, ya había una afinidad partidista”, destacó.
Como la elección queda en manos del Congreso los partidos políticos que dominan el Pleno se van a encargar de colocar un contralor “amigo”, para que ayude a los integrantes de la alianza oficialista y frene la oposición, señaló Lindsay Tillit, analista política.
“La CGC será un arma porque buscarán que el oficialismo no pierda el control que tiene ahora, no van a dejar participar a muchos candidatos de partidos políticos de la oposición; no van a otorgar finiquitos de la oposición y van a facilitar la entrega de los allegados al oficialista aunque no llenen los requisitos”.
Todo el peso político que ahora tiene la CGC no tendría que ser así, según José Echeverría, quien esperaría que cualquier decisión relativa a los finiquitos tenga sustento de derecho y objetividad.
“La CGC se ha vuelto más popular en el ámbito político de lo que tendría que ser porque el finiquito no debe de volverse, no quiero decir politizado, pero quizá arbitrario al momento de las elecciones; entonces si juega un rol importante que tiene que ser objetivo y transparente”.
Doble fiscalización
La convocatoria que hizo el Congreso para comenzar a renovar al Contralor coincide con la recta final del proceso de renovación de Procurador de Derechos Humanos (PDH), lo que podría entorpecer la vigilancia ciudadana por concentrarse más en uno de los dos eventos.
Según Tillyt en estos eventos se podrían comenzar a negociar los finiquitos, lo que tendría como único fin mantener a la alianza oficialista en el poder y cercar la posibilidad a la oposición política.
Lectura en la que coincide Álvaro Montenegro, integrante de Alianza por las Reformas, quien destaca que un Contralor sesgado podría perjudicar el evento democrático más importante para el país.
“Es preocupante que la CGC se pueda prestar a ‘inventar’ hallazgos para evitar candidaturas que sean incomodas al oficialismo, tal y como hemos visto en otras instituciones. Que todo el sistema se adecue para favorecer candidaturas a todo nivel de los partidos afines a la alianza político dominante”, puntualizó.
Los últimos dos contralores no han tenido los mejores antecedentes tras dejar el cargo; Nora Segura fue denunciada por Carlos Mencos por aparentemente no señalar ilegalidades en un contrato internacional que desembocó en el Caso TCQ.
Mencos, por su parte, tras dejar la CGC se dedicó a la política de la mano de Sandra Torres lo que valió conseguir una curul para la presente legislatura, hechos que ponen en duda su objetividad en el cargo, según analistas.
