Esta iniciativa fue presentada por de León el 23 de junio de 2020 y fue trasladada para su evaluación y dictamen a la comisión de Transparencia y Probidad que él mismo dirige. Este 11 de noviembre de León entregó a la Dirección Legislativa el dictamen favorable de dicha iniciativa.
Sin discusiones públicas y sin esperar el análisis solicitado a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el diputado de León daba por hecho este momento, aunque no existieran los consensos entre diputados.
El 9 de noviembre los miembros de la comisión fueron convocados a reunión para dictaminar esta iniciativa, sin embargo, fue cancelada. Hugo Rodríguez, legislador de Compromiso Renovación y Orden (CREO) indicó que al ritmo que va, creen que pueda ser incluida en agenda en jefes de bloque para que inicie su discusión en el pleno antes que termine el año.
“Tengo entendido que el presidente (de León Maldonado) solicitó un informe que aún no se ha leído en la comisión. Yo no puedo dar el voto si eso todavía no está consensuado y si no estamos de acuerdo todos”, dijo Rodríguez un día antes que de León presentara en conferencia de prensa el dictamen favorable.
El informe al que hace referencia fue solicitado al procurador Jordán Rodas. A decir del PDH, él no tenía conocimiento sobre esta iniciativa hasta el viernes 6 de noviembre cuando el presidente de la comisión le envió un mensaje por whatsapp compartiéndole el documento y pidiéndole un análisis al respecto para este lunes 9 de noviembre.
“Yo le estoy pidiendo las actas originales de presentación de la iniciativa y los videos de las reuniones para saber cómo se ha llevado a cabo la discusión y así presentarle nuestra opinión al respecto”, respondió Rodas.
Alberto Ramírez, legislador por la bancada Semilla e integrante de dicha comisión agregó que no ve con buenos ojos la iniciativa. “Mi voto fue en contra, no lo vemos con buenos ojos porque lo lógico es fortalecer la institución que ya está, que es la Secai”, mencionó.
Cuál es la propuesta
Esta iniciativa propone la creación de la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (ONAIP), con personalidad jurídica propia y que no dependa jerárquicamente de otra institución.
Según el análisis que hace la comisión legislativa, el motivo de creación de la ONAIP es porque la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han recomendado que se implementen “instituciones independientes que garanticen el derecho de acceso a la información pública”. Además, la LAIP “no estipula en su contenido la existencia de un órgano garante especializado y solamente faculta a la PDH como autoridad reguladora y protectora del derecho humano de acceso a la información”.
Según esta iniciativa, la ONAIP se regirá bajo el mandato de un director y subdirector que serán elegidos por el pleno del Congreso tras una nómina de cinco candidatos que presentará la Comisión de Transparencia y Probidad.
El cargo de director y subdirector de la ONAIP será por cuatro años y podrán ser removidos por el Congreso con el voto favorable de una mayoría simple.
Se plantea un presupuesto inicial de Q30 millones y se obliga a la Secai trasladar su plataforma para su uso exclusivo.
También incluye sanciones de Q100 por cada día de atraso, con un máximo de Q1,500, a las instituciones que no cumplan con las recomendaciones emitidas por la ONAIP; una multa del 100% de su salario mensual al funcionario que obstruya el acceso a la información y a quien no cumpla con subir y actualizar la información pública en el portal electrónico.
Los recursos provenientes de esas multas irán a los fondos privativos de esta institución.
Desconfianza en la iniciativa
El diputado de León Maldonado insiste en que la iniciativa no es un ataque contra la PDH ni una amenaza al derecho humano al acceso a la información pública. “Aquí no estamos debilitando a la PDH, reconocemos que ha hecho su mayor esfuerzo, pero no han dado los resultados que se han querido”, expresó.
Lilian Sierra, secretaria de la Secai, agregó que sería más fácil para el Congreso asignarle a la actual instancia los recursos necesarios para mejorar su función, ya que actualmente funciona con Q2 millones anualmente.
“Nuestra sugerencia es que en lugar de crear más instituciones, lo que se debe hacer es fortalecer a la secretaría actual. La ley dice que se nos debe asignar un presupuesto y en los 11 años de existencia no se nos ha asignado un presupuesto específico para contratar más personal y así tener más incidencia”, dijo Sierra.
Otra de las preocupaciones es que la iniciativa no establece a detalle cómo será la elección de las autoridades de la ONAIP para garantizar que no haya una intromisión política.
“Imagínese una instancia con plazas para repartir entre diputados, es un riesgo que se corre que no podemos descartar con los antecedentes que hay”, agregó Rodas.
“Nos preocupa que ante una situación como la que estamos viviendo ahora, se plantee una reforma a esta ley sin tomar en cuenta las instituciones que tendrían que ver con esto, especialmente a la Asociación de Periodistas que puede opinar al respecto”, dijo Miguel Ángel Albizures, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).
Albizures agregó que aunque es necesario hacer reformas a la LAIP, estas se deben hacer consensuadas para garantizar el derecho de acceso a la información “están creando una entidad que no sabemos qué objetivo tiene”, dijo.
