Por ley, ahora el Estado debe crear la Autoridad Nacional Migratoria, la carrera de servicio migratorio, el Instituto Nacional de Migración, que elimina la Dirección General de Migración; debe ampliar la red de servicios consulares y debe crear albergues para el abrigo y protección temporal de migrantes extranjeros y guatemaltecos que soliciten ayuda para retornar al país.
Algunos aspectos que quedaron fuera del Código son el pasaporte diplomático para la familia del presidente o vicepresidente de la República y la expulsión de extranjeros involucrados en política interna, los cuales paralizaron el avance en su trámite ordinario.
Briere explicó que el nuevo instituto ya no estará sujeto a las disposiciones del Ministerio de Gobernación, y “aunque no es autónomo, sí será descentralizado”. No obstante, el director de esa entidad será nombrado por el presidente de la República, cada cuatro años.
El Instituto General de Migración estará a cargo de registrar el origen, tránsito y retorno de migrantes. Los recursos que obtenga serán propios, es decir, de los cobros que se efectúan por pasaportes y otros servicios.
El Código obliga a contar con sistemas de seguridad basados en rasgos físicos, para registrar a las personas que ingresan en el país.
La votación fue antes del polémico debate para que avanzara una moción que conozca y resuelva la situación del diputado Luis Rabbé, quien es prófugo de la justicia, a lo cual los diputados se negaron por segunda vez.
