Pero algunos expertos consideran que en los próximos meses podría haber una creciente demanda ante el incumplimiento de ofrecimientos de años anteriores y la ausencia de respuesta de las instituciones.
El estudio “Gestión e inclusión social”, publicado por la Universidad Rafael Landívar, afirma: “En los territorios con conflictividad existen carencias históricas y necesidades básicas no satisfechas generadoras de conflictividad (…) Alrededor del 65 por ciento de municipios donde en los últimos años se han otorgado licencias para la construcción de nuevas hidroeléctricas presentan enfrentamientos sociales, que aumentan en el caso de la industria extractiva y agrícola”.
La Secretaría General de la Presidencia juramentó a Rokael Cardona como titular de la Comisión Nacional de Diálogo. Según Cardona, se debe discutir la conflictividad de alto impacto y dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad de ejecutar consultas comunitarias por nuevos proyectos locales.
Algunas mesas en el Ejecutivo ya están instaladas con sectores campesinos, sindicalistas, académicos y empresarios organizados.
El nuevo comisionado trabajó en la Unidad de Prevención de Conflictos durante la administración de Alfonso Portillo, y reconoce que la problemática desborda la capacidad de los gobiernos. “Hay una gran fragilidad social, económica e institucional, y pobreza extendida”, afirmó.
Indicó que los conflictos en el país van desde las diferencias sociales y lingüísticas hasta pugna por recursos naturales y minerales. “Parece que Guatemala es un país minero, pero la manera en que se ha gestionado la explotación ha generado mucho conflicto y disparidades. Lo veo como una oportunidad para dar un segundo respiro a la democracia”, aseguró.
Habrá demanda
El politólogo Álvaro Pop considera que este año tiene una “posibilidad alta” de que crezca la molestia de la sociedad rural e indígena, ante el incumplimiento de promesas de años anteriores y las nuevas decisiones del Gobierno. Según Pop, continúan los conflictos estructurales, como hidroeléctricas y mineras. Además, espera que haya nuevos problemas relacionados con la tenencia de la tierra y el agua.
“No se ve a la violencia como un conflicto social. Es un tema muy urbano, y no convoca a expresiones sociales de manera fuerte. Por supuesto que genera inestabilidad e impactos complejos en la sociedad”, añadió.
Pop coincidió con el ex comisionado de diálogo Miguel Ángel Balcárcel, quien afirmó que se espera que en poco tiempo haya una demanda creciente, ya que las organizaciones se replegaron después de las manifestaciones del año pasado; pero los rezagos de soluciones sin concluir están creciendo.
“La gente lo que quiere son respuestas. Hay pendientes de toda naturaleza, compromisos gubernamentales que no han cumplido”, refirió el mencionado politólogo.
Detonantes
El informe anual del 2015 de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) señala como detonante de la conflictividad la violación al derecho de acceso a la información por parte del Gobierno. Según la PDH, la situación se agrava con la decisión gubernamental de autorizar, sin consulta previa e informada, licencias para la exploración y explotación de bienes naturales en territorios habitados por comunidades indígenas.
Para Cardona, las privatizaciones hechas al final de la década de 1990 han tenido impacto directo. “Hay excesos en privatizar los servicios, y no hay balance que permita equidad y distribución de recursos”, afirmó el funcionario.
Otro aspecto perjudicial es el crecimiento demográfico, pero no económico. “No hay capacidad real para atender las nuevas demandas, sobre todo en las áreas rurales, donde se ha estancado”, comentó Cardona.
El sociólogo Fernando Mack visualiza que las acciones desarrolladas el año pasado siguen vigentes, ya que no ha habido respuesta institucional.
“El actual gobierno, lejos de generar diálogo y consenso, está siendo un factor de conflictividad adicional por las acciones y posturas que ha tomado. Parece que cada gobierno que llega está vacunado contra el diálogo y la capacidad de escucha”, opinó.
Mack detalló que mientras eso ocurre en áreas urbana, en la provincia continúan los conflictos debido a que no se han superado los problemas. “Aunque por momentos pareciera que la sociedad no tiene conflicto, hay muchos latentes”, manifestó.
Para el sociólogo, es necesario fortalecer el diálogo nacional y fijar compromisos que se cumplan y que no queden en mesas de trabajo. “El Estado por muchas décadas no ha respondido adecuadamente, y ahora hay una gran acumulación, y la sociedad desconfía del Estado. Se ve en muchos lugares el diálogo como algo para detener las acciones de la población”, manifestó.
Corrupción
En la agenda de diálogo podrían incluir las jornadas de protestas desarrolladas el año pasado contra la corrupción. A criterio de Cardona, “ahora existe conciencia nacional” y estará en la agenda igual que la transparencia y rendición de cuentas, vigilancia de la sociedad y supervisión de las obras.
Balcárcel recordó que en su gestión lograron acciones interministeriales y remarcó que el desafío no está en las mesas de diálogo, sino en la respuesta del Gobierno.
“El equipo del Sistema Nacional de Diálogo nunca fue de orden político, sino técnico; así debe seguir”, destacó.
Otro avance fue la creación del proyecto de la Política Nacional de Diálogo y una unidad ejecutora para que la comisión tenga recursos propios y actúe por su cuenta.
