De León Roque, en una llamada telefónica a Prensa Libre, aseguró que estudió Ciencias Políticas en la misma unidad académica que Mejía. “Fue hace muchos años… no quiero hablar, dar nombres”, añadió.
Mencionó a Juan Alcázar, diputado oficialista y secretario de Comunicación del PP, a quien también calificó de amigo en su tesis. Admitió conocerlo en visitas efectuadas al Congreso cuando acompañaba a la Asociación de Ayuda y Protección al Ciudadano (APC), de la que forma parte, y que trascendió en enero de este año por haber denunciado a tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral porque buscaban frenar el traslado de votantes de un municipio a otro.
Destituido
Mejía explicó que De León Roque trabajó para el CIV, en la coordinación de dos planes. El último en el que se desempeñó era para actualizar lo relacionado con los proyectos que esa dependencia ejecuta sobre el programa Hambre Cero, bastión del oficialismo, y recibía un sueldo de Q16 mil mensuales.
Ayer, Prensa Libre tuvo acceso a la resolución SA-95-2015, en la que el CIV rescindió el contrato al presidente de la Fundación contra el Terrorismo Mediático.
Muy molesto, De León Roque afirmó: “Todos tenemos derecho al trabajo, todos tenemos derecho a la libre emisión del pensamiento, y sin embargo la Prensa me está haciendo esto a mí, y quiero que lo escriba, la Prensa sí está cometiendo contra mí terrorismo mediático; por eso salimos nosotros —la Fundación—, para que algunos diarios, algunos periodistas no cometan terrorismo mediático”.
Empero, minutos antes había dicho que la Fundación se creó “contra los ataques cibernéticos, porque muchos usan correos electrónicos para difamar o dañar la imagen de personas e instituciones”.
Ilegal
Abogados constitucionalistas consideran que la Fundación cotra el Terrosimo es ilegal porque entre sus objetivos incluye “defender el orden público y luchar contra las informaciones de los medios que demeriten la dignidad y derechos de la persona”.
El abogado Mario Fuentes Destarac expuso: “La Constitución es clara en defender el ejercicio de la libertad de expresión. Esta es irrestricta y las limitaciones las establece la misma Carta Magna y la Ley de Emisión del Pensamiento”.
En tanto, Alejandro Balsells, del Centro para la Defensa de la Constitución, indicó: “La esfera donde se viola el derecho a la información o a la libre expresión es una esfera individual de derechos y no de una organización que se otorgaría el derecho de decir qué es adecuado y qué no”.
Según De León Roque, luego de las críticas los integrantes de la Fundación han considerado “reorientar el título, el nombre, no el concepto, porque lo tenemos claro, pero se ha creado una confusión”.
El presidente Otto Pérez Molina dijo que la Fundación fue autorizada sobre la base de la libertad de asociación. “Aquí hay choque de libertades que establece la misma Constitución. La libertad de asociarse está también en la Constitución”, subrayó.
Mientras, De León Roque insistía en que se había tergiversado la información. “Hoy —jueves— se me publica que tengo una empresa y que trabajo con el Estado. Yo no tengo empresa; además, esa empresa la vendí hace años. Eso puede causarme problemas con mi trabajo; no podría por ser contratista”.
Sin embargo, Guatecompras refiere que el aludido es representante legal de Calderas y Servicios Industriales y de la Distribuidora de Servicios Industriales; la primera, con datos actualizados por la Superintendencia de Administración Tributaria, el 27 de febrero, y la segunda, el 7 de marzo, ambas de 2015.
