Durante una citación con diputados del Grupo Parlamentario de Oposición, Figueroa afirmó que el Conap entregó a la Comisión de Ambiente del Congreso un listado de observaciones que muestran esos vacíos de la propuesta.
La sala legislativa le dio dictamen favorable a la iniciativa el 29 de agosto recién pasado, cinco meses después de que la alianza oficialista la presentara a la Dirección Legislativa.
De acuerdo Figueroa, la iniciativa no especifica cómo participaría el Ministerio de Ambiente en procedimientos que hoy están a cargo del Conap.
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“Hay temas que habría que ampliar, como la vinculación de algunas actividades con otras leyes vinculantes que son específicas para cada área protegida, creo que el tema de los instrumentos ambientales en áreas protegidas también cuál era la ruta que se le iba a dar, puesto que ya es el ministerio el que va a tomar la resolución sobre cada solicitud que se presente a las instituciones”, refirió Figueroa.
También dijo que “no se está considerando la participación del Ministerio en lo que es la administración y otro marco normativo que es parte de la institución”.
La iniciativa fue presentada el 22 de marzo pasado por la diputada Shirley Rivera, presidenta del Congreso, otros integrantes de la Junta Directiva y congresistas afines al oficialismo.
La propuesta lleva por nombre Ley que Sitúa bajo la Coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las Instituciones de Competencia Ambiental, según el documento.
El complejo nombre de la iniciativa se resume a la eliminación de las oficinas de gobierno que velen por el medioambiente, para así entregar su campo de acción y fondos al Ministerio de Ambiente.
Lo anterior ha hecho que ambientalistas y críticos de la propuesta bauticen la 6054 como “La Ley del Súper Ministerio de Ambiente”, ya que dejarían control total y una cantidad basta de recursos a un solo ministerio.
El criterio de expertos en materia ambiental al analizar la propuesta de ley fue que se corre el riesgo de que los recursos naturales de Guatemala se utilicen como un botín político, ya que podrían prescindir de criterios técnicos para la futura toma de decisiones.
Esta propuesta llevaría al cierre del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las cuatro autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Peten Itzá.
Con el cierre de todas estas instituciones el nuevo “Súper Ministerio de Ambiente” podría concentrar hasta Q900 millones, recursos que llegaría a esta entidad en pleno año electoral, advierten los críticos.
