El dinero se aprobó para mitigar los efectos de la crisis en distintos sectores. Los recursos se destinaron al sector salud, para la compra de pruebas, equipos de protección personal e infraestructura. También se canalizarlon recursos para apoyar a empresas, trabajadores, campesinos y familias que se vieron afectados en los últimos meses por la pandemia.
Entre los 14 programas sociales, resaltan cuatro que reportan cero por ciento de ejecución a la fecha. Estos son el de agricultura campesina, fondo para las micro, pequeñas y medianas empresas, infraestructura de salud y los Q600 millones destinados a proyectos de reactivación económica a través de Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
El dinero se autorizó mediante los decretos 13-2020, 15-2020 y 20-2020 del Congreso de la República.
Los únicos que ya se ejecutaron al 100 por ciento son el fondo de protección de capitales, que disponía de Q250 millones para créditos a comerciantes individuales, profesionales, empresas y cooperativas de ahorro y crédito, así como los subsidios a la energía eléctrica, que se regularon en los decretos 13-2020 y 20-2020 con un fondo que suma Q630 millones.
Erick Coyoy, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, explicó que los saldos que sobren de los programas sociales al finalizar el ejercicio fiscal irán a una cuenta que administra la Tesorería Nacional, comúnmente llamada fondo común.Sin embargo, los recursos no pueden utilizarse para un propósito distinto al cual se estableció en los decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, a menos que le Congreso de la República apruebe un cambio en su destino.
Falta de capacidad
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que la baja ejecución se debe a varias razones. Entre estas el hecho que gran parte de los funcionarios no tenían experiencia en la administración pública.
“Parte del equipo del presidente provenía del sector privado empresarial o de realizar actividades académicas y, si bien tenían conocimientos teóricos sobre algunos temas, no contaban con experiencia en la administración pública. De esa cuenta se dieron renuncias y destituciones de altos funcionarios porque simple y sencillamente no sabían que hacer”, cuestiona Barrientos.
Otro problema, específicamente en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia (MSPAS), fueron los actos de corrupción que implicaron la destitución de funcionarios de esa cartera. Según el presidente reconoció, detectaron una estructura de ocho trabajadores del área administrativa que confabularon para cometer fraude en el contexto del estado de emergencia.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, coincide con que las dificultades de los ministerios para invertir los recursos se deben a que el personal que se contrata no es idóneo.
“Muchas veces lo que ocurre es que los perfiles no son adecuados, por eso es importante una reforma a la Ley de Servicio Civil, además de una reforma integral al sistema de contrataciones, porque definitivamente hay trabas burocráticas al momento de ejecutar”, dijo Zapata.
Como ejemplo de lo segundo mencionó que durante pandemia el MSPAS no fue capaz de comprar insumos y pruebas en el mercado internacional, todas las adquirió en Guatemala a un precio más caro. “Cualquier prueba PCR o antígeno por ser un producto que no se produce en Guatemala es más barato comprarlo a nivel internacional”, dijo Zapata.
Por su parte, el diputado Carlos Barreda, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), comentó problemas particulares en cada uno de los programas. En el listado de beneficiarios del programa de dotación alimentaria que distribuye el Ministerio de Desarrollo junto con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, hay personas fallecidas o personas que se incluyeron con criterios políticos, y no técnicos.
Otra deficiencia, según el congresista, se dio en el programa de agricultura campesina, a cargo del Ministerio de Agricultura, en donde hubo una ineficiencia de parte de la cartera para organizar a hogares rurales con fines productivos.
Promete mejoras
Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, aseguró que en las próximas semanas habrán avances en los programas sociales.
En el caso de los Q600 millones para obras de reactivación económica, el ministro dijo que ya se presentaron proyectos que suman alrededor de Q500 millones y a partir de la primera semana de octubre podrían realizarse los desembolsos.
“Hay que recordar que decreto decía que los proyectos tenían que ser de agua y saneamiento, eso conlleva un proceso largo de validación y firma de convenio”, dijo.
En el programa de agricultura campesina dijo que el Maga ya lanzó un evento para comprar semillas y equipos de riego. Si no se cae el proceso de compra, pronto se ejecutará.
De igual forma, en el fondo para las MYPYMES el dinero podría empezar a ejecutarse en los primeros días de octubre, aseguró el funcionario. “La ejecución va en orden y pareciera que todo va a ejecutar”, aseguró.
