El 10 de diciembre del año pasado, casi con dos meses de retraso, la comisión de postulación entregó la nómina de seis candidatos al Congreso: Jorge Enrique Dávila Martínez, Alejandro González Portocarrero, Vilma del Rosario Xicará Tahay, Edwin Humberto Salazar Jerez, Carlos Humberto Echeverría Guzmán y César Armando Elías Ajcá.
Los últimos tres son los que tendrían más posibilidades.
Salazar Jerez y Echeverría Guzmán son los que más simpatizan al oficialismo, mientras que, para la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) la mejor opción es Elías Ajcá, quien fue subcontralor durante la gestión de Mencos, quien es aspirante a diputado por este partido.
Con todo y finalizado ya el primer trimestre del 2019, los diputados han sido incapaces de llegar consensos para elegir contralor. La hipótesis más aceptada es que hubo un acuerdo interno entre bancadas para no trastocar a la Contraloría mientras finalizaba el proceso de extensión de finiquitos.
Esto se debe a que, en teoría, un cambio de contralor podría traer cambios de subcontralores y mandos medios que podrían haber atrasado la entrega de los documentos, requisito para la inscripción de candidatos. Pero, a pesar de que esa etapa del proceso electoral ya finalizó, aún no está claro si la elección se hará pronto o no.
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Atraso afecta institucionalidad
Representantes de instituciones que siguieron de cerca el proceso de postulación señalan que la falta de consensos para elegir al jefe de la Contraloría repercutirá directamente en el trabajo de quien salga favorecido.
Esto tiene su origen en que el próximo contralor comenzará su gestión medio año después de lo que establecía su plan de trabajo, por lo tanto, deberá ingeniárselas para readecuarlo, y eso va en detrimento de la institucionalidad.
Mónica Marroquín, representante de Guatemala Visible, consideró que la elección tardía es una desventaja porque y serán entre cinco y seis mes menos para implementar su plan de trabajo.
“Hace falta tiempo para poder lograr las metas. Pero en este momento ya va con esta desventaja. Esperábamos que en marzo fuera electo el contralor, pero vemos que no hay consensos. Nada -en el Congreso- pasa por casualidad”, señaló Marroquín.
La experta consideró que, si el futuro contralor no está familiarizado con los procesos y procedimientos de la institución, habría un retraso más de uno o dos meses para que entere de la situación.
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Al final esto es más tiempo perdido para la gestión de quien llegue y por lo tanto el trabajo final se podría ver comprometido por el acortamiento del plazo.
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro-Justicia, agregó que “el funcionario que resulte elegido será afectado porque no tendrá todo su periodo completo para implementar su plan de trabajo”.
Ibarra destacó que esta situación ya pasó con Mencos, aunque reconoció que el retraso no fue tanto como en esta ocasión, por lo que los problemas sí podrían ser más fuertes para quien resulte elegido.
La experta también criticó la forma en que los diputados han abordado el tema y consideró que son los culpables de que esto pase, primero porque convocaron de forma incorrecta a la postuladora y luego ya han pasado varios meses desde que tienen la nómina y han sido incapaces de elegir al contralor.
Aunado a esto, señaló que las disputas que han tenido los diputados en torno a señalamientos de compra de votos solo provocan más dilación del proceso.
Opiniones divididas
El análisis de las expertas crea discrepancias entre los legisladores, pues mientras que unos concuerdan con lo expuesto otros no e incluso aseguran que aunque ingrese medio año después no hay razón para que se afecte el trabajo que debe desarrollar.
Rudy Castañeda, jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), consideró que el retraso en la elección del contralor “no necesariamente retrasa procesos internos”.
“La Contraloría es un ente técnico de tal manera que tiene la Subcontraloría del Gasto Público, que hace la que hace la gestión de fiscalización y direcciones y hasta cierto modo todos trabajan de acuerdo a los reglamentos que existen”, aseguró el congresista.
Agregó que aunque es evidente que cuando lleguen nuevas personas habrán cambios, el trabajo “no pierde el balance” porque hay un grupo de personas que traban de forma coordinada siempre.
Raúl Romero, jefe de la bancada Fuerza, recordó que cada uno de los aspirantes a contralor ya presentó su plan de trabajo y según sus ejes “seis meses no van a incidir en una manera sustantiva que puedan ser implementados o no”.
“Son ejes que en todo caso llevan un proceso que va más allá de seis meses de trabajo. En todo caso en lo que insistimos es en la importancia de hacer las elecciones que están pendientes”, añadió el parlamentario.
Agregó que espera que el atraso no se interprete con especulaciones de negociaciones bajo la mesa. “La Contraloría es muy importante para seguir la lucha por la transparencia en el Estado”, acotó.
Leonel Lira, subjefe de Encuentro por Guatemala (EG), no coincidió con sus colegas y en cambio sí consideró que el atraso podría afectar la estacionalidad de la Contraloría y el plan de trabajo de quien resulte electo.
“El contralor puede entrar con un periodo de retraso de seis meses o más dependiendo de cuándo sea electo al final. No importa en qué momento llegue, pero si en el que va a salir y al final le afectará en el desempeño de sus gestiones y es preocupante”, aseveró el diputado.
Sandra Morán, subjefa de Convergencia, señaló que es evidente que quién resulte electo como contralor deberá adecuar su plan de trabajo al tiempo que tenga de gestión algo que no es lo mejor pero que deberá hacer.
“La institución se mantiene a partir de la persona que esté en funciones y lamento mucho que no haya un acuerdo en el Congreso. Habría que ver las razones de las bancadas mayoritarias para no lograr acuerdos, aunque entiendo que este miércoles habrá elección”, puntualizó Morán.
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