“Inclusive, empresarios que me decían en Guatemala, ‘si lo que pretenden es cogernos a todos empiecen’ —junta las manos enfrente como para que sean engrilletadas— y varios empresarios me hacían así —juntar las manos— empiece porque aquí todos tenemos… —casos—”, aseguró Velásquez durante su intervención.
Según el titular de la Cicig, los empresarios manifestaban que con las investigaciones que efectuaba la misión de Naciones Unidas junto con el Ministerio Público, podría desestabilizarse el país, afectar la economía y eventualmente “destruir Guatemala”, pero lo que en realidad les preocupaba a los era que “cada vez nos acercábamos más al núcleo de la captura del estado”.
Velásquez aseguró que al ver “los grupos de poder que controlaban el sistema público” que la lucha contra la impunidad era “en serio”, los elogios que la Cicig recibió en el 2015 producto de las investigaciones que derivaron en la renuncia de los mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se fueron transformando en críticas y señalamientos de injerencia extranjera.
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De acuerdo con el comisionado, las investigaciones causaron que los actores afectados se coordinaran “no solo por la pérdida de la impunidad, sino de control”.
“Ahí se desató una gran campaña de lobby financiada en Estados Unidos. Empresas contratadas por empresarios guatemaltecos con el Gobierno de Guatemala para que, por ejemplo, retiraran a un embajador que les era incómodo o para que no se continuara apoyando a la Cicig”, afirmó Velásquez.
No obstante, destacó que esa misión de la ONU goza de aceptación de parte de los ciudadanos guatemaltecos.
“A pesar de toda la campaña negativa de difamación en contra de la Cicig y de que el Gobierno haya intentado echar a la Comisión, diversas encuestas dan cuenta que 7 de cada 10 guatemaltecos apoyan la misión de la Comisión y que siga en Guatemala”, resaltó.
Corrupción sistémica
Durante su intervención en el foro Corrupción y Derechos Humanos en Guatemala, el jefe de la Cicig expuso que este no es un problema coyuntural, sino sistémico ya que se ha producido una captura del Estado por parte de grupos de poder que han controlado a todo el sistema público, incluido el de justicia.
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“La corrupción es un delito contra la dignidad humana, es la fuente de la impunidad sustentada en un deficiente funcionamiento del sistema de justicia”, precisó Velásquez, quien añadió que la independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial es fundamental para la estabilidad democrática.
Declaraciones confrontan
El director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, lamentó los comentarios que hizo en Ginebra el titular de la Cicig, puesto que generan más polémica y confrontación en la sociedad lo cual “no ayuda al proceso —electoral— en que nos encontramos en este momento”.
A criterio de Zepeda, Velásquez debería dar nombres y apellidos, si los hay, de los empresarios que le habrían dicho tales afirmaciones ya que esas opiniones no representan a las instituciones empresariales de Guatemala.
El director de la Cámara consideró que es momento de dejar las confrontaciones y sacar adelante al país, por lo cual no es conveniente caer en provocaciones y comentarios que no benefician al país.
“Esa época de señalar a sectores queriendo confrontar o señalar ya la pasamos, es el momento de ver al futuro, construir y dejar de hacer comentarios que no ayudan al proceso en que nos encontramos”, expuso Zepeda, para quien en el problema de la corrupción todos los guatemaltecos son responsables por acción, omisión o presión.
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No saben quiénes participaron
Janio Rosales, director de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, indicó que no comparte las opiniones de Velásquez, aunque él tiene la libertad de emitirlas.
En cuanto a las opiniones que habrían vertido los empresarios a Velásquez, Rosales consideró que no era oportuno hacer comentarios, puesto que si hubo alguna reunión fue privada y desconocen qué empresarios o empresas participaron.
Consideró que “no es el momento para hacer ruido” de los comentarios de Velásquez, aunque “como organización pensamos que cualquier ciudadano o empresa está sujeto a la justicia y que parte del estado de derecho democrático es que se cumpla la ley”.
Foro
El foro sobre Corrupción y Derechos Humanos en Guatemala se desarrolló como parte de la 40 sesión del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra Suiza, un foro en torno al cual se reúnen activistas y un importante número de oenegés de todo el mundo que trabajan en este ámbito, y con algunas de las cuales el comisionado mantendrá intercambios.
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La Cicig cuenta con 160 funcionarios, de los cuales él y otra decena de colaboradores tuvieron que abandonar el país, pero el resto “sigue trabajando en el análisis de los informes criminales y policiales”, aseguró.
Conforme al último acuerdo de renovación de mandato de la Cicig suscrito entre el Gobierno de Guatemala y la ONU, la entidad debería continuar funcionando al menos hasta el 3 de septiembre próximo.
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