El portavoz del ministerio del Interior, Fernando Lucero, explicó que un convenio interinstitucional firmado en 2016 entre la Dirección General de Inteligencia Civil y la Policía Nacional Civil establece “la reconcentración de la fuerza policial para brindar servicios de seguridad a la ciudadanía antes, durante y después de Semana Santa”.
“Es un movimiento totalmente natural, puesto que se están requiriendo por parte de las autoridades ministeriales que los casi 40 mil policías presenten servicios en todo el país” durante estas fechas, dijo Lucero, quien agregó que en los años anteriores también se hizo esta reubicación.
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“La fuerza policial debe concentrarse ahorita en un solo tema”, acotó, aunque evitó confirmar si después de este operativo los agentes volverán a apoyar el trabajo de la Comisión.
Ante esta situación, la Cicig recordó en su comunicado la “vigencia” del convenio bilateral de Cooperación entre el Ministerio de Gobernación y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el compromiso del Gobierno de Guatemala de “prestar toda la asistencia necesaria para la realización de las funciones”.
La función de estos agentes, algunos de los cuales estuvieron en esta sección desde el inicio de funciones de la Comisión en el año 2007, era acompañar a los investigadores de la Cicig tanto en allanamientos y diligencias como en la entrega de informes.
Diversos sectores de la sociedad civil han opinado que esta es una estrategia más para minar el trabajo de la Cicig.
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El Gobierno de Guatemala mantiene un pulso con el comisionado de este ente, el colombiano Iván Velásquez, desde agosto del año pasado, cuando el presidente Jimmy Morales intentó expulsarlo del país sin éxito.
Desde entonces, Guatemala ha empezado en la ONU un diálogo para solucionar las controversias existentes, pues aseguran que el abogado colombiano se extralimita en sus funciones, presionando la aprobación de reformas, mediatizando los casos judiciales y manipulando los medios de comunicación.
Molestia
A principios de febrero último, el presidente Jimmy Morales confirmó que el motivo del viaje de la canciller Sandra Jovel a Naciones Unidas era para exponer “las preocupaciones” que el Estado de Guatemala tenía sobre la Cicig.
La misma Jovel, frente a diputados del Frente por la Transparencia, aceptó que el Gobierno tiene un problema con el trabajo que actualmente desempeñaba el jefe de la Cicig, Iván Velásquez.
“La Comisión como tal no tiene ningún problema. Creo que, si se convierte en relación con sus objetivos de creación, no hay ningún problema. Entonces como nosotros somos los padres de la Comisión no le veo nada malo, a la instancia. Aquí lo que está mal es la aplicación del acuerdo por la persona que lo está dirigiendo”, dijo la canciller.
Por esa razón, diputados citaron a Jovel al Congreso para que explicara dichos roces, pero el 8 de marzo último, la canciller salió del palacio legislativo con rosas y varios halagos en una breve interpelación.
Acuerdo
El documento al que hace referencia la Cicig, el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala Relativo al Establecimiento de uan Comisión Internacional contra la Impunidad en Gutemala, establece en el artículo 6 la plena cooperación del Estado.
“El Gobierno de la República proporcionará toda la asistencia necesaria para la realización de las funciones y actividades de la Cicig de conformidad con el ordenamiento jurídico”, y establece que dará una serie de garantías a sus integrantes.
Específicamente en el artículo 8, el tratado habla de las medidas eficaces por parte de los aparatos del Estado para garantizar la seguridad y protección del personal de la Cicig.
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