Según explicó el investigador de la Cicig, hay sospechas que el dinero recaudado fueron unos Q8.6 millones, de los cuales unos Q4.6 millones habrían sido recaudados para la primera vuelta y otros Q4 millones se recolectaron para el balotaje.
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Cuestionamiento
Los representantes de Cicig comenzaron a detallar la forma en que rastrearon el dinero y cuando se disponían a hacer la presentación de cómo llegaron a esa conclusión fueron interrumpidos por los diputados.
El oficialista Rudy Pereira tomó la palabra y comenzó a cuestionar detalles que el MP presentó el día anterior, como una modificación de documentos; sin embargo, el presidente de la postuladora Luis Fernando Montenegro, le indicó que las modificaciones fueron permitidas en la reunión anterior. Otras preguntas del diputado de FCN-Nación fueron en relación a la cantidad de fiscales que, supuestamente, se habría pagado con fondos ilícitos. También dijo que hubo personas que no eran fiscales del partido en las mesas de votación, por lo que no deberían contarse como fiscales.
Los representantes de Cicig respondieron al diputado Pereira y, aunque recordaron que la información en gran medida está basada en indicios, pudo haber hasta 22 mil 741 personas que habrían recibido dinero proveniente de fondos anónimos del partido.
Pereira, al final, se reconoció “confundido” respecto a la versión de la Cicig y lo que el pasado lunes dijo el MP. Incluso, sugirió que al no existir ninguna una orden escrita y firmada por alguien del partido a Nova Servicios solicitando el pago de fiscales, podría tratarse de una persona ajena a FCN-Nación que utilizó de mala forma los símbolos del partido.
Para la Cicig, existe por ahora una investigación preliminar y también existen impedimentos y limitaciones para obtener más datos debido al derecho de antejuicio que tiene el presidente, por lo que se hace necesario retirar la inmunidad y poder continuar con las pesquisas.
“Esa es la razón por la cual se pide levantar el antejuicio, no para culpar a una persona, sino para hacer una investigación que nos permita tener elementos de juicio”, señaló el delegado de Cicig.
Lluvia de preguntas
Los diputados Fidel Reyes Lee, Boris España, Santiago Nájera y de nuevo Pereira, comenzaron a hacer una serie de preguntas a los representantes de la Cicig, lo que interrumpía la exposición de los hechos y otros indicios.
Las preguntas de los pesquisidores, por momentos, no eran necesariamente vinculadas al tema del presidente Jimmy Morales y los supuestos delitos de financiamiento electoral ilícito. Por ejemplo, se cuestionaba a los abogados de Cicig ¿cuándo se puede considerar ilícito un aporte? o ¿en qué momento se deben reportar los aportes al Tribunal Supremo Electoral?
La fase de preguntas se extendió y cayó en redundancia, por lo que el presidente de la comisión llamó al orden al resto de comisionados para que los representantes de la Cicig continuaran con la exposición.
Más impedimentos
Los representantes de Cicig comenzaron la exposición y por unos 25 minutos expusieron argumentos, pero de nuevo Pereira volvió a interrumpir y volvió a cuestionar detalles técnicos de la entrega de informes.
Incluso dio a entender que el TSE ya sancionó al FCN-Nación por este caso, por lo que no le quedaba claro si esta investigación procedía o no.
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Aseguró que estaba sumamente preocupado porque ayer el MP le indicó que creía que el mandatario sabía sobre la comisión de ilícitos, lo que lo hacía pensar que el MP se había extralimitado e investigado al mandatario pese a tener antejuicio.
Sin embargo, Orozco le indicó que hay más personas involucradas en el caso y fueron ellas quienes han hecho mención de Jimmy Morales y no el MP o Cicig.
“Nosotros encontramos algunos indicios y se pasó a la Fiscalía de Delitos Electorales, hay que construir los procesos. Hasta no tener los mínimos elementos que nos confirmen la probable participación dolosa del Presidente, no era posible hacer la solicitud de retiro de antejuicio”, respondió el experto.
Pereira dijo que le quedaba claro que no se había hecho nada ilegal con el proceso de antejuicio, pero argumentó que la Cicig fue hecha para buscar estructuras criminales solamente.
Posteriormente otros diputados tomaron la palabra y en este lapso Pereira abandonó la audiencia aduciendo que tenía otros compromisos.
Luego de la salida de Pereira hubo otras preguntas de los pesquisidores, entre los temas estaban los colaboradores eficaces y la opinión de la Corte de Constitucionalidad sobre el artículo 407 N del Código Penal, que habla del financiamiento electoral ilícito. La audiencia terminó minutos después.
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