La solicitud obedece, según Conde, a que Rodas se negó a entregar un informe sobre su participación en el proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos y en cambio le requirió a la Comisión de Derechos Humanos una certificación del punto de acta de la sesión.
Además, Conde señaló que, en principio, la Comisión había acordado mantener a Rodas en el puesto, ya que está próximo a concluir su administración; sin embargo, tampoco llegó a una citación que se le hizo y delegó a su procuradora adjunta, por lo que considera que eso es una falta de respeto y consideraron prudente llevar la discusión a otro nivel.
El parlamentario agregó que Rodas se ausentó a la citación por participar en un evento sobre migrantes en Ecuador.
“Básicamente se le pidió información sobre si él había pedido algún permiso o licencia y si había utilizado recursos de la Procuraduría para su campaña como aspirante el rectorado, él no informó a la Comisión sino al contrario, pidió que se le certificara el punto de acta de la sesión de la Comisión”, dijo Conde.
“Se planteó que esta Comisión recomendara al pleno la cesación del cargo a Jordán Rodas como procurador de Derechos Humanos y la comisión votó y hay votación mayoritaria”, agregó Conde, quien agregó que para cesar a Rodas se necesitarían 107 votos en el pleno.
Rechazan decisión
En tanto, el diputado Bernardo Arévalo, señaló que la decisión de trasladar al pleno dicha solicitud le parece “una mala opinión, porque creo que es un acto de capricho y de irresponsabilidad, nosotros lo que solicitamos formalmente a la Comisión es que si existía la intención de considerar enviar una recomendación al pleno, lo que procedía es hacer una discusión de fondo, sistemática, seria, sobre la base de documentos sobre la medida en que el procurador haya o no cumplido o incumplido alguna de sus funciones, haya o no abusado del poder y a partir de ahí tomar una decisión informada”.
“Hoy sobre la base de una ocurrencia de lo que parece que ser un capricho y que lo que denota es que hay más carga política que un intento de hacer una evaluación seria, se toma una decisión de enviar esto al pleno sin discusión, sin un análisis serio de los hechos que compruebe sí ha habido ese tipo de faltas que se le están achacando al procurador”, agregó el parlamentario, quien agregó que esta sería la primera citación a Rodas.
Postura
“¿Me quieren destituir? Por cumplir con mi labor como defensor del pueblo y participar en un evento internacional sobre derechos de las personas migrantes (art 11 Ley Comisión DDHH y del PDH)”, escribió en su cuenta de Twitter Rodas.
En otro mensaje el procurador escribió: “En estos momentos se desenmascaran las verdaderas intenciones de algunos diputados como @manuelcondeo, vaya solidaridad con las personas migrantes y las causas estructurales que provocan la migración”.
“Ante la decisión tomada por 11 miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de aprobar la propuesta del diputado Manuel Conde del Partido Avanzada Nacional (PAN) y virtual candidato a la Presidencia, apoyado por el partido oficial del actual presidente Alejandro Giammattei, pues no tiene fundamento legal, es arbitrario y él (Conde) trata de ganar protagonismo atacándome, pero esto es como un bumerang porque no selo él, sino los diputados que lo hicieron, se están desacreditando aún más de los que están”, dijo Rodas.
Además, agregó que “agotaré todos los recursos legales y esperando que si llega al pleno prevalezca la madurez y no desgasten más a la institucionalidad. Ya queda poco tiempo, el 20 de agosto termina mi periodo constitucional y sin razón alguna, solamente prevalece más las vísceras, es decir, el hígado que el cerebro y espero que no se concrete esta intención de Manuel Conde Orellana”
El procurador de los Derechos Humano puede ser destituido por incumplimiento de obligaciones, participación comprobada en actividades de política partidista, ausencia inmotivada del territorio nacional por más de 30 días consecutivos, concurrir en incompatibilidad conforme lo previsto por la ley y haber sido condenado en sentencia firme por delito doloso.
