El organismo internacional al considerar las consecuencias que podría implicar en la salud de los pobladores de esas comunidades indígenas se dirigió al Estado de Guatemala solicitando que adopte medidas necesarias para asegurar que las 18 comunidades indígenas tengan acceso a agua apta para consumo humano, uso doméstico y segura para el riego, en especial que el agua de esas poblaciones no sea contaminada por la actividad minera.
El Fredemi por su parte considera que se debe mantener la medida cautelar anterior de exigir al Estado el cierre de toda operación minera metálica en el área.
