La propuesta del Gobierno era de Q79 mil 830 millones; sin embargo, la intención de los congresistas es hacer una reducción hasta Q76 mil millones, explicó el presidente de la Comisión de Finanzas, Jairo Flores. La propuesta se entregaría hoy, pero ayer por la tarde aún se hacían cambios.
La Junta Monetaria conocerá la próxima semana sobre un nuevo crédito, el cual servirá para financiar el programa de inversión y modernización del sector justicia.
El préstamo es por US$300 millones (unos Q2 mil 250 millones) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y no está contemplado en el proyecto actual de Presupuesto, por lo que de aprobarse en el Congreso tendría que efectuarse una ampliación en el gasto.
Los recursos serían ejecutados así: US$175 millones por el Ministerio de Gobernación y US$85 millones por el Organismo Judicial; el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto de la Defensa Pública Penal tendrían US$20 millones cada uno.
El crédito tiene un plazo de 20 años, con 48 meses de gracia y una tasa de interés de 3.75 por ciento.
Flores explicó que habrá reducciones a Comunicaciones, Defensa, Agricultura y Desarrollo, pero incrementos a Salud, Educación, y Justicia.
Luego de la elección de la Junta Directiva 2017, que llevó a Óscar Chinchilla a la presidencia del Congreso, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) denunció que los bloques habrían asumido compromisos con el presidente Jimmy Morales, para aprobar el Presupuesto planteado por el Ejecutivo.
Adim Maldonado, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), aseguró que nunca se han cerrado al diálogo y reconoció que participó, aún ayer, en la elaboración del dictamen de la Comisión de Finanzas, en el que se hace la reducción.
Explicó que hay un acuerdo en eliminar los proyectos de empresas vinculadas con el caso Cooptación del Estado y que se incluyeron en las proyecciones Comunicaciones. Aunque solicitaron que se incluya una cláusula que permita reestablecer el gasto si las empresas solucionan su situación, o que se permita una nueva licitación.
Según Flores, la Comisión de Finanzas cumplió con una función técnica, en la que se discutió con sectores la propuesta oficial. “Todos los que participaron opinaron y en base a ello se tomó una decisión”, manifestó.
Agregó: “Si la alianza que se conformó para elegir Directiva y que asumió compromisos quiere pasar una aplanadora para rechazar el dictamen del presupuesto discutido, el problema no será con la Comisión de Finanzas, sino con la sociedad civil, los institutos de investigación y universidades que dedicaron horas para hacer un proyecto viable”.
Cambian reglas
La Comisión de Finanzas presentó ayer una norma que quitará a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) la facultad de manejar los recursos financieros.
La norma será incluida en el Presupuesto para el 2017, y según Flores, los Cocodes continuarán con la priorización de las obras, aunque los recursos los manejarán las municipalidades.
