Con el paso de la temporada de lluvia saltó a la vista para todos los usuarios la fragilidad de la obra, una carretera de 14.5 kilómetros de cuatro carriles, cuyo costo ascendió a más de Q500 millones y estuvo a cargo de la empresa Constructora Nacional S.A (Conasa).
La prevención de estos derrumbes e inundaciones requiere trabajos de reparación, reconoce el gobierno, pero se excusa con que no le es posible hacerlos porque hay investigaciones judiciales en marcha.
“Estamos trabajando en el paso del libramiento que ni siquiera lo podemos tocar bien porque está judicializado y lo único que podemos es quitar la tierra de los deslaves y no podemos hacer las obras porque la ley no nos lo permite, la Contraloría no permite que podamos tocar ese libramiento por el caso judicial que tiene pendiente”, dijo el presidente Alejandro Giammattei al ser consultado por medios de comunicación.
Sin embargo, lo dicho por el mandatario no es preciso.
En principio, no hay ningún impedimento legal, tampoco hay una instrucción de la Contraloría General de Cuentas (CGC) que impida al CIV trabajar en obras en el sector.
“Nosotros no ponemos la instrucción de que no se hagan mejoras o reparaciones”, dijo el subcontralor del gasto público, José Ramírez Crespín.
Explicó que la CGC se limita a hacer auditorías, las cuales pueden derivar en una sanción económica, una denuncia a los funcionarios responsables o una formulación de cargos para que los involucrados resarzan los daños ocasionados al Estado.
Ramírez Crespín considera que atribuir a la CGC la falta de reparaciones en estas obras constituye una evasión de responsabilidad por parte de quienes dan estas declaraciones.
“Es una evasión de responsabilidad de los funcionarios públicos, no solo en este caso. En muchos casos andan diciendo que no hacen nada porque la Contraloría no lo permite, pero eso no es cierto. Pareciera que nos quieren hacer ver mal ante la sociedad y eso no es así”, dijo el subcontralor del gasto público.
MP tampoco ve impedimento para trabajos
Moisés Figueroa, portavoz del Ministerio Público, dijo que la investigación en el caso libramiento Chimaltenango está en la Fiscalía contra la Corrupción. Sin embargo, aclaró que tampoco existe una orden de esta o de algún otro órgano jurisdiccional que impida al gobierno realizar arreglos en el tramo.
El problema, asegura, es que la obra no ha sido recibida por el CIV y ello le impide hacer mayores intervenciones en el sector.
“La Fiscalía contra la Corrupción está a cargo de esa investigación. Sin embargo, no existe una medida o alguna orden decretada por algún órgano jurisdiccional que impida al Micivi poder ejecutar algún arreglo o remozamiento. La obra aún no ha sido adjudicada por parte del CIV y al no estar adjudicada al ministerio sigue estando bajo administración de la entidad Conasa S.A., que es la que realiza las reparaciones cuando existe un derrumbe en el libramiento”, explicó el vocero del ente fiscal.
Sin recibir la obra
El departamento técnico de Conasa S.A. informó que las solicitudes para que el CIV reciba la obra empezaron desde el 29 de marzo de 2019 por medio de oficios a lo que le siguieron diferentes comunicaciones. Aseguró que cuenta con la debida documentación que requiere el proceso.
“Para la recepción y liquidación de la obra se han enviado una serie de oficios por parte de la empresa a la Dirección General de Caminos. Se han atendido las recomendaciones que previo a este proceso esa dirección solicitó por informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y hasta el momento sigue pendiente la respuesta de los últimos oficios enviados por la empresa a la Dirección General de Caminos para proceder con esta entrega”, explicó la empresa en una comunicación escrita.
Asimismo, dijo que para la recepción de la obra deben existir fianzas y que estas fueron entregadas desde el 1 de agosto de 2019.
A la fecha, las labores de limpieza y reparaciones en el libramiento de Chimaltenango ascienden Q16.5 millones y han sido absorbidos por Conasa.
“La inversión debe ser atendida y revisada cuando se haga la recepción y liquidación de la obra, es importante indicar que la empresa construye de acuerdo a las especificaciones del libro azul, disposiciones técnicas especiales y principalmente al diseño y planos constructivos de la obra que fueron entregados por parte de la Dirección General de Caminos para su ejecución, es decir el diseño es de la institución, la empresa construye de acuerdo a los planos especificaciones y disposiciones que establece dicha institución.
Recalcaron que la obra fue ejecutada y no hay reclamos de ninguna autoridad por trabajos deficientes.
Prensa Libre se comunicó con el vocero del CIV, Carlos Narez, para consultarle por qué no se ha recibido la obra y por qué no han efectuado reclamos oficiales, como dice la empresa, pero al cierre de esta edición no contestó mensajes ni llamadas a su celular.
