El más reciente caso es el de José Luis Benito, exjefe del CIV durante el gobierno del FCN-Nación, a cargo de Jimmy Morales. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) busca su detención luego de que el pasado 16 de octubre se decomisaran Q122 millones en una vivienda en Antigua Guatemala supuestamente producto de actos ilícitos.
Esta mañana, el MP confirmó que el inmueble fue arrendado por Benito un mes después de cesar en el cargo como titular de dicha cartera. De momento, permanece prófugo de la justicia.
Sinibaldi y Corado
En el gobierno del Partido Patriota (PP) fueron sindicados Alejandro Sinibaldi y Víctor Corado, entre 2012 y 2016.
Sinibaldi se entregó a la justicia el 24 de agosto pasado tras permanecer prófugo desde 2016, cuando se giró la primera orden de captura el 11 de julio de 2016. Está implicado en cinco casos: Construcción y Corrupción, Cooptación del Estado, Caso Arca, Odecbrecht y Transurbano. Sin embargo, le otorgaron falta de mérito en el caso Arca.
Por su parte, Corado se puso a disposición de los tribunales en junio del 2019, un año después de que se girara orden de captura en su contra por el caso Construcción y Corrupción por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Según las investigaciones, en el CIV se conformó una estructura criminal que cobraba sobornos a cambio de favorecer a constructores con la adjudicación de obra pública y agilizar el pago de deuda.
Alejos
Luis Alfredo Alejos Olivero, exministro de Comunicaciones durante el gobierno del expresidente Álvaro Colom, permanece prófugo de la justicia. La Feci lo sindica de los delitos de peculado y fraude en el caso Transurbano, en el que se señala al Gabinete de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de avalar la sustracción de Q270 millones del Estado a través del sistema prepago para las unidades del Transurbano.
Rabbé
Luis Rabbé permanece prófugo de justicia por su presunta implicación en el caso Plazas Fantasmas, mientras fue diputado en el Congreso de la República. Fungió como ministro de Comunicaciones en el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), de Alfonso Portillo.
Desde el 26 de mayo del 2016, la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron una solicitud de antejuicio contra el congresista por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.
La Fiscalía tuvo conocimiento que el exdiputado se encontraba en México y se inició un proceso formal de extradición. El 31 de julio se informó que ese Estado aceptó la solicitud de extradición, pero Rabbé aún no ha sido puesto a disposición del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, donde se ventila el caso.
