CIDH presenta informe sobre derechos humanos en Guatemala

El informe apunta que se mantiene “una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos, una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y altos niveles de corrupción”, señala el resumen.

Además, evidencia la fortaleza con la que se mantienen los niveles de discriminación, la desigualdad social, pobreza, exclusión y falta de acceso a la justicia; sumando a que la pobreza extrema es mayor en las comunidades indígenas.

Impunidad

En ese tema, la CIDH dijo haber recibido “información de manera reiterada”, sobre la existencia de estructuras paralelas de poder, las cuales impiden la lucha contra la impunidad, la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

En otro punto, el informe subraya que la CIDH fue informada del “uso abusivo del amparo como estrategia dilatoria en algunos procesos penales”, también denuncia las solicitudes de amnistía y otras estrategias para entorpecer los procesos y proteger a los acusados; sumado a ello la amenaza contra los operadores de justicia.

La CIDH asegura haber constatado la problemática que existe en el país sobre la impunidad, derivada de la incapacidad del Estado de proveer un sistema de justicia eficiente e independiente.

Asegura que el acceso efectivo a la justicia sigue siendo más complejo para las mujeres, la comunidad LGBTI y los afrodescendientes.

La CIDH reconoce que hubo avances en la lucha contra la impunidad, pero gracias al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y el Ministerio Público (MP).

“La contribución de la Cicig ha sido significativa, tanto en su labor de investigación, como en su apoyo en capacitación y promoción de reformas legales tendientes a una mayor eficacia en administración de justicia”, cita.

“Estos avances han venido aparejados de reportes, incluso desde los más altos niveles del Estado, sobre presiones dirigidas al Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, así como a la Fiscal General Thelma Aldana”, aseguran.

Otro de los puntos al que hace énfasis, fue la declaración de persona no grata a Iván Velásquez, comisionado de la Cicig y el intento infructuoso del presidente Jimmy Morales por expulsarlo del país, además del amparo de la Corte de Constitucionalidad que dejó sin efecto la orden presidencial.

“La CIDH hizo un llamado al ejercicio independiente de los Poderes Públicos con el fin de garantizar el Estado de Derecho e instó al Estado de Guatemala a tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del fallo de la Corte de Constitucionalidad y, en consecuencia, permitir que el Comisionado Velásquez, continúe desarrollando sus labores con las garantías requeridas” reafirma.

La CIDH reiteró la importancia que tienen las reformas al sector justicia, sobre todo por establecer nuevos lineamientos para la selección y nombramiento de los magistrados de las altas cortes.

Lea aquí el informe completo

Periodistas y defensores de DD. HH.

Respecto a los periodistas, la CIDH considera que Guatemala vive un “contexto de violencia caracterizado por asesinatos, amenazas y un discurso que busca estigmatizar a los medios y comunicadores comprometidos con el combate a la corrupción y abuso de poder”.

La CIDH considera que sobre todo en el interior del país, los periodistas se encuentran en “alto grado de vulnerabilidad para ejercer su profesión”, además recuerda que durante la visita in loco, el presidente Jimmy Morales habría ofrecido aprobar a la brevedad un Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales.

El informe asegura que Morales informó que el programa estaba siendo consultado con organizaciones de periodistas, pero al momento de elaborar el informe la CIDH incluyó una advertencia “con preocupación que desde entonces no habría habido avances tangibles con el objetivo de materializar el programa en cuestión”.

Sobre los defensores de Derechos Humanos evidenció una “grave situación”, por la violencia y agresiones a las que se ven expuestas constantemente, las cuales van desde asesinatos, amenazas, acoso, criminalización, arrestos y hostigamiento.

Desalojos y violencia

La CIDH condenó los desalojos forzosos y el riesgo en que queda un número significativo de comunidades campesinas e indígenas por cumplimiento de órdenes judiciales.

Denuncia, además, que detrás de los desalojos suelen haber intereses de corporaciones y empresas privadas, principalmente las que tienen intereses de inversión en monocultivos, minería, hidroeléctricas, petroleras o turismo.

Sobre la violencia e inseguridad que vive el país, la CIDH resalta que es preocupante y por la vulnerabilidad de las mujeres y niños, entre otros sectores de la población.

“A pesar de haber tenido una ligera disminución en los últimos diez años, la tasa general de homicidios en el país sigue siendo una de las más altas de América Latina y el Caribe. La mayoría de los delitos se atribuyen a las maras, los carteles del narcotráfico y el crimen organizado”, señala el informe.

Sobre los privados de libertad detalló la condición de hacinamiento, el uso excesivo de la prisión preventiva y la mora judicial, sumado a “las deplorables condiciones de detención, los altos niveles de violencia y la falta de programas eficaces para la reinserción social”.

Derechos

El informe destaca que los derechos de los niños, niñas y adolescentes recibieron especial atención después de la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. La comisión asegura haber constatado las condiciones “inseguras y deplorables” de los hogares de protección del Estado y los correccionales de menores.

“La CIDH observa que la grave situación de los niños, niñas y adolescentes en Guatemala se deriva de la debilidad y desarticulación institucional en materia de derechos de la niñez, así como de la falta de una Política Pública Nacional de garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes que no sea reduccionista ni proteccionista”, menciona.

Recomendaciones

La CIDH emitió una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala para corregir las situaciones de vulneración que denuncian en el informe.

Redoblar su compromiso para continuar con la lucha contra la impunidad, la violencia, intolerancia y la corrupción, a través de políticas y programas de prevención y de respeto a los derechos humanos, así como de una justicia fortalecida, independiente e imparcial.

Esfuerzos para la adopción de leyes, políticas y programas con el fin de cerrar la brecha de desigualdad y exclusión persistente, para que todas las personas, en particular quienes han estado históricamente excluidas, puedan ejercer sus derechos humanos.

La Comisión expresa su voluntad y disposición de aportar y colaborar con el Estado de Guatemala en la implementación de una agenda de derechos humanos encaminada a garantizar y proteger los derechos de sus habitantes.

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