Según Aguirre, la seguridad del hemisferio occidental es una responsabilidad compartida que EE. UU. toma muy en serio, por lo cual esa administración trabaja para establecer un grupo de trabajo para combatir la corrupción en México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
“Queremos recalcar que estos retos no interrumpen nuestra amistad con los países, al contrario, celebramos nuestra geografía compartida y nuestra historia”, agregó.
Según la funcionaria estadounidense, la Cicig podría, incluso, involucrarse en el combate a ciertos grupos del crimen organizado que impulsan la migración indocumentada, ya que ese ente de las Naciones Unidas “es realmente una oportunidad para combatir la corrupción y la impunidad”.
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“Lo que vemos con Cicig es una oportunidad para combatir la corrupción y la impunidad y también ver cómo se puede eliminar lo que estamos viendo, que hay estos grupos organizados del crimen organizado que impulsa la inmigración ilegal”, apuntó Aguirre.
El mandato de la comisión es investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que afectan los derechos humanos de los guatemaltecos, identificar las estructuras de estos grupos ilegales y sus vínculos con funcionarios; además debe colaborar con el Estado para promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por esas estructuras. También es parte de su trabajo hacer recomendaciones sobre políticas públicas para erradicar grupos oscuros y prevenir su reaparición.
Para Aguirre, los grupos del crimen organizado “desbaratan a nuestras comunidades” y son uno de los factores principales de la falta de desarrollo de los países centroamericanos.
¿Contra Cicig?
Apenas horas antes de aquella declaración, el Miami Herald publicó una nota en la que menciona que la administración de Trump estaría dispuesta a que se hagan cambios en el mandato de Cicig como lo ha pedido Guatemala, que consisten en aumentar los requisitos de presentación de informes a donantes, limitar los términos del director de la comisión y crear la figura de un comisionado adjunto que Guatemala ayudaría a seleccionar, según tres fuentes familiarizadas con las discusiones que están en marcha.
Esas acciones de Washington podrían ser en agradecimiento a Guatemala por haber trasladado en mayo último su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, apenas pocos días después de que Estados Unidos también lo hiciera.
“El presidente (Morales) está molesto porque la Cicig está investigando a algunos de los miembros de su familia, entonces toma la decisión de hacer todo en Israel para ponerse frente a la administración Trump y luego decirle a Trump, 'Ayúdenme en la Cicig”, dijo una fuente al Herald.
La nota señala que las críticas contra Cicig no habían tenido eco en Estados Unidos, pero ahora “enfrenta ahora sus propias acusaciones de corrupción y el abuso de poder que los republicanos dicen que no ha controlado durante demasiado tiempo”.
Los republicanos “se alarmaron”, dice la información, cuando la Cicig apoyó las investigaciones para llevar a juicio a la familia rusa Bitkov, que alega ser perseguida por personas poderosas y cercanas al Kremlin que le habrían arrebatado un millonario negocio de la industria del papel.
El diario cita a un portavoz de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, quien no abordó los cambios que estaría respaldando Washington, sino que en cambio dijo bajo condición de anonimato que la comisión debe seguir abordando la corrupción e impunidad que socavan la impunidad en Guatemala.
“Cualquier reforma de la Cicig solo debería servir para fortalecer la comisión y preservar su mandato importante e independiente”, dijo el vocero.
Cicig en números
Un informe reciente de la comisión detalla que se han identificado más de 60 estructuras, más de 650 personas procesadas ante la justicia, de las cuales el 60 por ciento tiene medida sustitutiva; 34 propuestas de reformas legales, más de 80 casos presentados, más de 200 personas condenadas y sindicaciones contra 115 personas que ahora son prófugas de la justicia.
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