Le puede interesar
Velásquez agradece al Secretario Guterres su apoyo a la Cicig y asegura que “desde la presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder, las campañas de desprestigio, difamación y amenaza se han incrementado”.
Los 14 puntos que Velásquez expone en su carta son:
- La supuesta intervención en asuntos internos al promover reformas constitucionales. Según Velásquez, la Cicig actuó a petición y bajo auspicio de los tres poderes del Estado de Guatemala, además de mencionar que el entonces presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas acompañaron el proceso.
- El supuesto abuso de fuerza en las diligencias procesales. La carta afirma que en los operativos siempre participan agentes del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y de la Cicig, en calidad de apoyo técnico. Mencionan el caso específico de la diligencia realizada en Casa Presidencial en noviembre de 2016
- El supuesto abuso de prisión preventiva. Refiere que la prisión es dictada por un juez competente y detalla las falencias del sistema jurídico guatemalteco respecto a las condiciones del Sistema Penitenciario, el abuso de las prórrogas y el litigio malicioso por parte de abogados defensores.
- Las conferencias de prensa que habrían violado la presunción de inocencia. Afirma que, por decisión del Ministerio Público, se han realizado para informar a la ciudadanía “de primera fuente” sobre los hechos que sostienen las investigaciones. Recuerdan que Guatemala se adscribió en los años 90 al sistema acusatorio, oral y público, lo cual implica que cualquier ciudadano o medio de comunicación pueda acudir a los procesos judiciales. Afirma
- La trifulca en un partido de futbol entre personal de Cicig y el joven Andrés Zimeri. Velásquez afirma que el suceso fue en “horario no laboral” del personal de Cicig y “fuera del ejercicio de sus funciones” por lo que la responsabilidad es individual. Asegura que, para un proceso disciplinario interno, se pidió copia del video a las instalaciones deportivas y que los originales del mismo están en poder del MP.
- La transferencia de capacidades el MP. Afirma Velásquez que los resultados obtenidos por el MP en casos complejos “se han apoyado en formas novedosas de responder a la criminalidad, con métodos modernos de investigación”. Agrega que la Cicig ha contribuido con la creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad; la Unidad de Métodos Especiales y la Dirección de Análisis Criminal del MP. Además, asegura, ha impulsado la implementación de herramientas como “interceptaciones telefónicas, equipos de extracción de información forense y la figura del colaborador eficaz”.
- Que Cicig no rendir cuentas sobre el uso de sus fondos y de sus actividades. La comisión recibe fondos voluntarios de Estados miembros de Naciones Unidas a través de un fondo fiduciario que maneja el Programa de Naciones Unidas para el Desarollo (PNUD), quien rinde informes trimestrales a los donantes. Sobre las actividades, asegura, son comunicadas en los informes anuales.
- Las actuaciones sin control de la Cicig. Según el comisionado el mandato de Cicig establece los controles internos sobre los poderes de la comisión. Afirma que todas sus actuaciones son las reguladas por el derecho penal y procesal guatemalteco y agrega que no puede -la comisión- realizar allanamientos, arrestos o interceptaciones telefónicas.
- La supuesta persecución selectiva y la politización de la justicia. Según Velásquez “no existe evidencia alguna” y lista que el trabajo de Cicig ha alcanzado a más de 1000 sindicados o procesados que incluyen: diputados de múltiples partidos políticos, funcionarios de cinco gobiernos, municipalidades, jueces, magistrados, militares, policías, empresarios y particulares.
- La supuesta violación a la Constitución de Guatemala. Aclaran que las declaraciones de un funcionario de Cicig sobre la Constitución se refieren a la preeminencia del derecho internacional contenido en el Artículo 46 de la Carta Magna.
- La supuesta injerencia en asuntos electorales. Asegura que el apoyo de Cicig al TSE consiste en fortalecer las capacidades del personal de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las finanzas de los Partidos Políticos.
- La supuesta intimidación y compra de testigos. Velásquez afirma que durante su gestión no se han ofrecido beneficios económicos o de otro tipo a testigos.
- Los supuestos actos terroristas de funcionarios de la Comisión. Afirma el comisionado que la Cancillería de Guatemala tiene certificados de antecedentes penales de los funcionarios de Cicig y en ninguno aparecen antecedentes.
- El caso “migración” y la supuesta persecución a la familia rusa Bitkov. Asegura que en los exámenes realizados al caso por instituciones del gobierno de Estados Unidos no se han encontrado indicios o evidencias de colusión con el gobierno de Rusia.
A continuación el documento completo enviado por Iván Velásquez al Secretario General de la ONU, António Guterres:
Contenido relacionado
>Policía Nacional Civil le pide a la Cicig que devuelva cinco vehículos
>Congreso conocerá antejuicio de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad
>Congreso paga personal y oficina a asociación que promovió antejuicio contra CC
