Además, que la solicitud respecto de la embajadora de Venezuela sería un mensaje para Estados Unidos, con el que se pretendería demostrar que Guatemala es su aliado. Ese país mantiene una tensa relación con Venezuela y ha dicho que están bajo una dictadura y opresión.
El excanciller Fernando Carrera dijo que el objetivo es lesionar el trabajo de la Cicig, la cual “ha ganado influencia”.
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Para el exdiplomático, la primera estrategia del presidente Jimmy Morales fue declarar no grato al comisionado Iván Velásquez y la segunda era intentar cancelar el acuerdo de creación de la Cicig, pero no iba a lograr los votos suficientes en el Congreso.
Recientemente, el senador Marco Rubio presentó una petición para suspender los desembolsos de EE. UU. a la Cicig, y ahora Guatemala pretendería hacer lo mismo solicitando el retiro de Kompass, para disminuir los aportes suecos.
“Quieren erosionar el apoyo financiero de la Cicig y congraciarse con el gobierno de EE. UU.”, enfatizó Carrera.
La molestia
La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, señaló el jueves que los embajadores tuvieron actitudes que “derivan en injerencia en asuntos internos del Estado”, lo cual no es acorde con la política exterior guatemalteca.
Acerca de Kompass, Jovel indicó que “una de las razones” es porque supuestamente llamó “corrupta” a la sociedad guatemalteca. Esto habría sido en un pronunciamiento del embajador a comienzos de año. Sobre Salcedo Poleo no dio detalles, solo dijo: “Ha cometido algunos tipos de injerencia”.
“Cinco meses después expresan su molestia. Honestamente, eso no tiene sentido. A nivel diplomático, cuando hay molestias, se expresan en el momento, cosa que tengo entendido que sí se hizo: citó al embajador, le pidió explicaciones y él tuvo que darlas. Pero después de cinco meses es irregular y un poco irresponsable”, expresó Carrera.
La canciller de Suecia, Margot Wallström, emitió un comunicado en el que expresa que buscarán más explicaciones de Guatemala para decidir acciones.
Además, destaca que mantendrán sus comentarios “al mínimo” y que las opiniones y acciones de Suecia respecto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción “son bien conocidas”.
Procesos
Anamaría Diéguez, exviceministra de Relaciones Exteriores, opinó que existen procedimientos diplomáticos que permiten resolver diferencias entre los países antes de llegar a una decisión radical como solicitar el retiro.
Diéguez analiza que, si Suecia dice que pedirá “más información”, se desconoce si hubo comunicaciones. “Cuando hay una situación con un embajador, la Cancillería debe llamarlo a dar una explicación. Mayores instancias son comunicaciones de canciller a canciller, donde se expresan las molestias”, añadió.
Según la exviceministra, si hay cosas muy serias, el país llama a su embajador a consulta y que explique qué es lo que ocurre en donde está destacado.
“Esto realmente vulnera las relaciones diplomáticas del país”, opinó Diéguez.
Respaldo
Estuardo Galdámez, primer vicepresidente del Congreso, afirmó que la decisión de Morales está entre sus facultades.
“Lamento la actitud del señor embajador de Suecia. Sé que han financiado activamente a Cicig. Todo lo que sea en apoyo para coadyuvar cualquier esfuerzo para combatir la corrupción y fomentar la transparencia para nosotros es correcto”, expresó.
Aseguró que con lo que no está de acuerdo es que el embajador Kompass haya “ofendido” a la sociedad cuando supuestamente la llamó “corrupta”. “Debe ser responsable de sus actos. Debe comprender que cometió un error”, aseveró.
José Conrado García, diputado independiente, coincide con Galdámez en que “fue una falta de respeto llamar corrupta a la sociedad”.
En contra
Para Raúl Romero, del Frente Parlamentario por la Transparencia, los integrantes de esa instancia han expresado su preocupación por las últimas decisiones tomadas.
“Se debe tener una política permanente seria con una visión de nación que permita no solo tomar decisiones que beneficien a la sociedad, sino también que nos sitúen en el contexto internacional como un país serio que está, efectivamente, buscando el desarrollo”, dijo.
Andrea Villagrán, de Todos, criticó la decisión del Ejecutivo que, según su criterio, busca debilitar el trabajo de la Cicig y el Ministerio Público a favor de la lucha contra la impunidad.
El Frente Ciudadano contra la Corrupción rechazó la posición gubernamental, y señaló que la solicitud de retiro de los embajadores merma los avances alcanzados en la lucha anticorrupción.
“Todas estas acciones ponen en riesgo la labor de la Cicig y de quien lidera”, señalaron.
La Convergencia por los Derechos Humanos dijo que las acciones reflejan intereses personales y gremiales de impunidad.
“Demandamos a la Cancillería que cancele la petición de retiro”, indicaron.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional se expresó “preocupado” por la decisión respecto de Kompass. “Condenamos la decisión del Gobierno de Guatemala de tratar de eliminar a un actor clave en la lucha contra la corrupción”, comunicó.
La Asociación de Estudiantes Universitarios informó que no descartan movilizaciones la próxima semana.
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