Según cálculos de la Dirección General de Hidrocarburos a abril de este año, las empresas Petro Energy, Latin American Resources, LTD. y la Empresa Petrolera del Itsmo deben, en conjunto, $66 millones 127 mil 642.32 al Estado. De estos, $12.8 millones corresponden a regalías y otras obligaciones contractuales, mientras que el resto son multas e intereses por pagos extemporáneos.
De las tres petroleras, la que más debe en regalías, multas e intereses es la Empresa Petrolera del Itsmo, S.A., cuya deuda total asciende a $60 millones 201 mil 910.80, según los datos oficiales.
La Ley de Hidrocarburos establece como una causal para finalizar contratos de operaciones petroleras la falta reiterada por parte del contratista de cualquier pago que le corresponda al Estado.
Sin embargo, en una auditoría reciente, la CGC reprochó al ministro de energía y minas y demás autoridades de esa cartera la falta de acciones para obligar a las petroleras a cumplir con sus obligaciones.
Esto provocó “falta de disponibilidad financiera para el Estado al dejar de percibir ingresos derivados de regalías, participación estatal o especial, incumpliendo con el traslado del os recursos a donde corresponde según la normativa legal vigente”, según la CGC.
Asimismo, se cuestiona al ministro y funcionarios por “velar por los intereses del Estado y el erario”.
Otro hallazgo consiste en la falta de pago de fianzas de aseguramiento de bienes e instalaciones, reparación de daños y perjuicios y cumplimiento de trabajos comprometidos, por lo cual existe el riesgo de incumplimiento de contratos y daños al medio ambiente.
La auditoría aún no ha concluido, ya que aún se encuentra en discusión de hallazgos. En esta fase el ministro y demás funcionarios tienen la oportunidad de presentar sus pruebas de descargo y el hallazgo se puede desvanecer si los auditores consideran válidos los argumentos.
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Niega señalamientos
El ministro del MEM, Alberto Pimentel, aseguró que es falso lo dicho por la contraloría, ya que desde 2017 y 2018 se iniciaron los procesos para la terminación no automática de los contratos petroleros. Estos extremos se hicieron ver a la comisión de auditoría en una audiencia ayer a las 9:00 horas, dijo el funcionario.
“Se le aclaró a la Contraloría de que su interpretación es equivocada y documentalmente demostramos que las acciones para la terminación no automática de los contratos con las tres petroleras ya se iniciaron y los cobros se están haciendo”, aseguró.
Una vez se cancelen los contratos, el Estado puede recuperar el área de operaciones y le corresponde al MEM administrarla, en tanto se adjudica a un nuevo contratista.
No obstante, esto no implica que las petroleras paguen de forma inmediata sus deudas, explicó el ministro. Para esto debe realizarse un juicio ordinario. En los años anteriores, se emprendió un proceso en un juzgado económico coactivo, pero la solicitud fue rechazada por el órgano jurisdiccional ya que el cobro de regalías no equivale a ingresos tributarios.
Pimentel dijo que fue hasta abril de este año que comprendieron que la vía para que las empresas paguen las multas y sus obligaciones contractuales es a través de un juicio ordinario.
“Fue hasta abril de este año que la Procuraduría General de la Nación y el MEM entendieron la vía idónea era un juicio ordinario. Habíamos planteado procesos económicos coactivos, que son más rápidos, pero nos lo rechazaron”, justificó.
Inconformidad
Al consultar con Petrolera del Itsmo S.A, representantes de dicha empresa argumentaron que la deuda a la que hace referencia el MEM aún se discute en los tribunales de justicia, por lo que no está firme. Asimismo, argumentaron que la cartera está haciendo un cálculo erróneo de los intereses a pagar.
“El contrato establecía que habría mejoras en los pagos de participación y regalías, siempre y cuando la empresa produjera 20 mil barriles diarios. Eso no sucedió nunca, la empresa produce 500 barriles diarios”, comunicó la empresa.
Por tal motivo, informaron que impugnaron los cobros que les están realizando.
Asimismo, en cuanto al cuestionamiento que se les hace por no pagar las fianzas de aseguramiento de los bienes e instalaciones, reparación de daños y perjuicios que irroguen al Estado y la fianza de cumplimiento de trabajos, comentaron que no todas figuran en el contrato.
“Cada contrato tiene peculiaridades. Dentro del contrato 2-2009 solo se establece una fianza de 250 mil dólares, la cual ha estado vigente todos los años”, justificaron.
Por medio de la Cámara de la Industria, se intentó contactar a la Gremial de Petroleros. Se informó que se comunicarían con este medio, pero al cierre de esta nota no sucedió.
Falta de oportunidades
Lourdes Molina, experta en política fiscal ambiental del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que el andamiaje legal para que el Estado realice esos cobros ya existe, pero hay una debilidad institucional para hacerlos efectivos, por lo que es importante fortalecer al MEM.
Molina comentó que los ingresos provenientes de las regalías, así como otros pagos que se rigen en los contratos petroleros, se destinan al Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol) y este financia proyectos de desarrollo a nivel local que facilitan el desarrollo del país.
“Este retraso en los pagos afecta todas las inversiones que son financiadas con fonpetrol, que se vinculan con el desarrollo en el interior del país y estudios de desarrollo de fuentes nuevas y renovables de energía. Esos recursos que no son percibidos tienen un alto costo de oportunidad”, dice la experta.
Rafael Maldonado, abogado ambientalista, afirma que las regalías debieron cobrarse mensualmente desde el momento de producción.
“La ley de Hidrocarburos permite al Mem tomar accesiones contundentes para hacer el cobro. Se deberían iniciar acciones inmediatas para intervenir las operaciones petroleras, con base al artículo 43 de la ley”, afirma el abogado.
