Mientras Salud espera que las dosis lleguen para cumplir con un plan de vacunación que ya está atrasado, las alarmas se encienden por los términos del contrato firmado con Human Vaccine LLC, que dejan en clara desventaja al país, que ya pagó Q614 millones.
El contrato firmado por la ministra Amelia Flores no garantiza la entrega de las vacunas en un tiempo determinado, pero sí obliga a Guatemala a pagar por las 16 millones de dosis, aún cuando ya no las quiera o necesite.
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El acuerdo de compra tampoco incluye fianzas de cumplimiento que garanticen la entrega del producto o la devolución del dinero.
Por ahora la Contraloría General de Cuentas (CGC), confirmó que se realiza una auditoría especial a la millonaria compra, aunque esta no alcanzará a la firma del contrato sino solo al proceso de adquisición.
José Alberto Ramírez, subcontralor general del gastó, dijo a Prensa Libre que las auditorías han sido constantes y que hasta ayer los expedientes abiertos relacionados a la vacuna rusa siguen su curso, a la espera que el equipo de auditores presente resultados.
Analistas, expertos en transparencia y control del gasto público, van más allá y advierten que fue un error haber firmado un contrato que no ofrecía garantías mínimas al país y la única vía para resolver conflictos es en un arbitraje en Singapur, según los términos aceptados por la ministra de Salud, Amelia Flores.
Errores se acumulan
El contrato con Rusia es el reflejo de la mala gestión del gobierno desde el día uno de la pandemia, según Marvin Flores, integrante de la organización social Acción Ciudadana (AC).
“El tema de la vacuna es como la guinda del pastel en cuanto a la mala gestión, obviamente se hizo una negociación totalmente desfavorable para el Estado de Guatemala, porque nuestro país no tiene garantías del contrato que se firmó (…) hay mucha oscuridad y mucha falta de información”, señaló Flores.
El experto de AC señaló que el gobierno tendría que tener una estrategia de respuesta ante los posibles escenarios de condiciones de incumplimiento, pero no es el caso.
¿Lesividad?
Los expertos creen que las entidades nacionales que tendrían que estar evaluando los escenarios y posibles respuesta de peso legal tendrían que ser, además de la CGC, la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Declarar lesivo el contrato podría ser una alternativa, si en efecto ese contrato violenta los intereses de país, pero hasta esta última alternativa parece lejana, dice Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
“Lo que hay que tener en cuenta son las condiciones contractuales y si en el contrato las condiciones negociadas son que no hay garantías de cumplimiento, que no hay posibilidad de reclamos ante incumplimientos del proveedor quien lleva las de perder es el gobierno de Guatemala, bajo aviso que eso es lo más lamentable”, resaltó la experta del Cien.
Marvin Flores considera que aunque se tengan opciones legales difícilmente veremos el accionar de la PGN: “como abogado y defensor del Estado tiene toda la obligación de dar seguimiento a este proceso; ver toda la gestión de negociación también es tarea de la Contraloría General del Cuentas, que tampoco se ha pronunciado, sin embargo el problema de la PGN es que depende del presidente y ha sido él el principal responsable en la gestión de la pandemia”.
