Por aparte, el órgano fiscalizador presentó 94 formulaciones de cargos por Q51 millones, pues según el auditor constituyen faltas producidas por un gasto que no está sustentado adecuadamente o no corresponde al giro normal de la institución, por lo que se requiere el reintegro de los fondos públicos.
Entre las formulaciones hay 37 contra funcionarios de la administración central, por Q7 millones; 28 contra ediles, por Q7.7 millones, y 16 contra entidades autónomas y descentralizadas, por Q32.8 millones.
De sanciones pecuniarias, donde se incluyen hallazgos de cumplimiento y control interno, se emitieron seis mil 877, por Q202.8 millones. Las corporaciones municipales suman tres mil 191, por Q74.6 millones; entidades autónomas y descentralizadas, mil 14 sanciones, por Q50.4 millones; y de la administración central son 986 hallazgos, por Q45.9 millones.
Las acciones las emprendió la Contraloría con base en los hallazgos señalados durante la auditoría efectuada al Presupuesto General de gastos del 2015.
“A lo largo del año pasado hemos trasladado información que es producto de auditorías concurrentes y especiales que provienen de la atención de las denuncias ciudadanas”, señaló el contralor Carlos Mencos.
Faltan comunas
El informe de auditoría también revela que no todas las comunas fueron auditadas y, según Mencos, fue debido a que hubo informes que no convencieron.
“Les pedimos a las comisiones de auditoría que profundizaran más en los exámenes, y se les dio un plazo prudencial para que puedan presentar los informes. Estamos tratando de que se hagan con los mejores índices de calidad y transparencia, para ofrecer al pueblo de Guatemala resultados y cumplir las expectativas previstas”, manifestó Mencos.
El funcionario señaló que en 30 días las comisiones a las que se les rechazó el informe deben presentar los nuevos exámenes de auditoría que se requirieron.
Resaltó casos
El contralor resaltó algunos casos en los que se presentaron denuncias penales. El primero fue contra el ministro de Economía, Rubén Morales, por abuso de autoridad y nombramientos ilegales, debido a que designó al jefe del Registro de Garantías Mobiliarias y, según la Ley, este debe ser nombrado por el presidente de la República.
En el Ministerio de Agricultura fueron denunciados el exministro Sebastián Marcucci y el ex viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional Fidel Ponce, porque no se liquidaron Q11 millones 273 mil en cupones de raciones alimenticias, aunque sí fueron pagadas, por lo que en conjunto con el Ministerio Público se tratará de averiguar si hay delito.
En el Ministerio de Gobernación se denunció a los exinterventores de la Dirección General de Migración Fredy Viana, Manuel Vicente Roca y Héctor Raúl Hernández, por haber firmado los contratos para la prestación del servicio de operación del sistema y equipo de impresión de pasaportes guatemaltecos en el extranjero.
A decir de los auditores, se pudo haber dado fraude de ley, ya que no se han desarrollado los procesos de licitación a escala internacional para otorgar ese servicio y los cuales se dieron por contratos de excepción.
“La licitación internacional se debe hacer por las características del documento, para que puedan participar las empresas que tienen esa experiencia y puedan ofrecer sus servicios, quizá de mejor calidad y, de pronto, por un precio más bajo”, señaló Mencos.
El contrato fue otorgado a la firma Techniques and Security and Systems TSS USA, INC., propiedad de Uri Roitman, quien guarda prisión señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de fraude por el caso del Lago de Amatitlán.
Más denuncias
El informe de auditoría detalla que funcionarios y empleados del Ministerio de Salud también fueron denunciados en la Fiscalía.
Según el Contralor, se presentaron 29 querellas por Q1 mil 532 millones, por lo que esa cartera es la principal entidad con más denuncias y con un monto elevado.
Suspenden concursos
El titular de la Contraloría manifestó que, debido a las auditorías especiales, se suspendieron de manera temporal o definitiva varios procesos, por causas que van desde malas prácticas y deficiencias administrativas hasta eventual menoscabo de los recursos del Estado.
Entre esos casos se encuentra el proyecto “Ciudad de la Salud”, un plan del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social, el cual sobrepasaba los Q3 mil millones.
También se suspendió de manera temporal la ampliación del centro de cumplimiento de condena Canadá, Escuintla, debido a que la empresa adjudicada no tiene experiencia en ese tipo de construcciones. El monto adjudicado para la edificación era de Q754.1 millones.
No convence el trabajo
El economista Carlos Aníbal Martínez explicó que según los datos que reveló la Contraloría se podría decir que menos del cinco por ciento del presupuesto del 2015 tiene reparos, algo que calificó como poco creíble. “Visto dentro de la lógica de la eficiencia se podría decir que somos súper eficientes, pero esto no se cree”, dijo el experto, quien señaló que una deficiencia que tiene la Contraloría es que este no es un “cuestionamiento final” porque los funcionarios pueden poner reparos y luego de un proceso poder salir victoriosos y no pagar lo que la Contraloría reclama.
“Esto no es lo suficientemente sólido. Tampoco se ha podido superar el trabajo reactivo. ¿Qué pasaría si se hubieran investigado casos durante la ejecución del presupuesto? Se evitaría que el gasto fuera de mala calidad o que se hubieran hecho prácticas desleales”, dijo Martínez, quien agregó que se debe superar este tipo de situaciones para hacer más efectivo el trabajo.
Analizar sanciones
Gabriela Ayerdi analista en transparencia de Acción Ciudadana, comentó que la Contraloría podría hacer más al no rebajar las sanciones puestas a los funcionarios, debido a que aún existen mecanismos con los cuales estos pueden optar a rebajas a los montos fijados en un principio por la Contraloría.
“Consideramos que el mecanismo para otorgar rebajas debería ser revisado para que la sanción sea algo que inspire respeto”, comentó Ayerdi.
Agregó que esto no debe ser visto como un castigo sino una “justa sanción” que corresponda a los hallazgos que se realicen en las diferentes entidades del Estado, debido a la exigencia que últimamente ha tenido la ciudadanía para la lucha en contra de la corrupción.
Espera consecuencias
Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, resaltó que el trabajo de la Contraloría es importante porque es la que supervisa el gasto público.
“El tema acá es que la ciudadanía, ahora más que nunca, espera mejores resultados en el sentido de que todos esos hallazgos que se han encontrado tengan un seguimiento y que existan las sanciones que correspondan”, señaló el experto.
Prado añadió que al tener los seguimientos se garantiza poder aplicar las sanciones pues “lo que ha sucedido en años anteriores es que los hallazgos se han quedado en informes. Hace falta mostrar a la ciudadanía que cuando se encuentran cosas graves habrá una consecuencia”, dijo.
