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La intención de los diputados se basa en la misma resolución de la Corte de Constitucionalidad que suspendió el actuar de la comisión anticicig, que en el numeral romano quinto establece los lineamientos que debe tomar el Congreso para crear una comisión.
“Acota este Tribunal que distinto resultaría si a la Comisión creada se le atribuyeran, en forma clara y determinada, otras funciones; siempre que estas no interfirieran, ni invadieran, en ninguna forma o modo, las competencias y funciones que la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes de carácter ordinario le atribuyen al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial de la República”, señala la resolución.
La comisión creada por el Congreso de la República para investigar el actuar los 12 años de la Cicig, suspendió sus labores después de ser notificados de la resolución emitida por la CC.
Aún así, el presidente que integró dicha comisión aseguró que seguirán escuchando a las personas que se acerquen al Congreso y se declaren víctimas de la Cicig.
Los legisladores ya no actuarán a nombre de la comisión y pidieron al personal del Congreso que se retire del Salón del Pueblo, lugar donde se estaban llevando a cabo las sesiones programadas.
“Escucharemos a las personas citadas porque el pueblo de Guatemala debe saber la verdad y nadie puede coartar la obligación constitucional para hacer nuestras funciones”, dijo el diputado y presidente de la comisión, Juan Ramón Lau.
Se sumó a la reunión el diputado Felipe Alejos y Juan Manuel Giordano, y más tarde también participó el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar.
“No es un desacato del Congreso, es una audiencia pública, aprovecho para decirle a los diputados que puedan hacerlo se hagan presentes y escuchen a los guatemaltecos, dijo Arzú Escobar.
Al momento de ser notificados por la CC, los diputados estaban escuchando el testimonio del abogado de los hermanos Valdés Paiz, acusados de ser los autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg.
Comisión acató la resolución de la Corte de Constitucionalidad por lo que ordena que al personal del Congreso que se retire. Sin embargo, el diputado Juan Ramón Lau continuará escuchando a las víctimas de la Cicig e invita a diputados que se sumen a escuchar a las personas. pic.twitter.com/L7jfbud6ZV
— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) October 8, 2019
La primeras personas en declarar ante la comisión anticicig fueron los familiares de Jesús Oliva Leal, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, quien se suicidó en la cárcel Mariscal Zavala y que estaba vinculado en el caso IGSS Pisa por supuestas compras anómalas.
Silvia Lorena Oliva, hermana del señalado, dijo que no tenían dinero para pagar abogados cuando fue capturado y enfrentaron varios problemas. “Se sentía abandonado cuando otros tenían abogados de grandes firmas, para nosotros eso fue la peor pesadilla de nuestra vida”, añadió.
El siguiente en tomar la palabra fue Enrique Zimeri Gándara, padre de Andrés Zimeri, quien fue golpeado supuestamente por personal de la Cicig, en un juego de futbol. Él llegó acompañado de su abogada.
