Presupuesto 2025: CC suspende cuatro artículos impugnados por el Cacif
Entre los artículos que quedaron suspendidos de manera provisional, por decisión unánime de la CC, se encuentra uno vinculado a la ampliación de fondos asignados a los Codedes.
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La CC aceptó la inconstitucionalidad parcial al presupuesto nacional 2025. Fotografía: Prensa Libre: Hemeroteca
El presupuesto nacional para el 2025 deberá tener algunas modificaciones luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera este jueves 30 de enero a favor una de las inconstitucionalidades que suspende, por ahora de manera provisional, cuatro artículos del proyecto de gastos del Estado.
La acción dada con lugar fue presentada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), sector patronal que consideraba negativo para las finanzas del Estado la ejecución de algunos artículos relacionados al presupuesto aprobado por el Congreso.
En un primer momento la CC no declaró la suspensión provisional de una serie de inconstitucionalidades que atacaban la totalidad del presupuesto, pero en la acción legal del Cacif sí encontraron elementos que, a juicio de la Corte, ameritaban una suspensión provisional.
La decisión fue tomada por los magistrados de la CC y la resolución deberá de ser enviada a las autoridades del Ejecutivo, incluido el Ministerio de Finanzas, para evitar alguna vulneración tras la suspensión de cuatro artículos del presupuesto.
Los artículos que ahora quedan suspendidos de manera provisional hasta que se tenga una resolución definitiva por la CC son los números 118, 130, 135 y 137 del Decreto 36-2024 del Congreso de la República.
Los detalles
Los cuatro artículos en cuestión fueron explicados por el Cacif al momento que formularon el escrito. Argumentos que fueron aceptados por la Corte al momento que discutió la suspensión provisional parcial al presupuesto nacional del 2025.
El artículo 118. "Ampliación al presupuesto general de ingresos y egresos", por Q2 mil millones para ejecutar fondos provenientes de donaciones, prestamos, extinción de dominio e incluso para casos de calamidades que se decrete alguno de los supuestos de la ley de orden público.
- El artículo 130. "Asignación para cubrir desfinanciamientos del Régimen de Clases Pasivas y Civiles del Estado" por los aumentos hechos en los decretos 17-2024 y 18-2024. Esto además de ser ilegal (porque no puede el ministerio ampliar por acuerdo gubernativo el presupuesto) es antitécnico, porque, esto ya debió contemplarse como gasto ordinario del Estado para este año y no como ampliación presupuestaria.
- El artículo 135. "Ampliación a los Consejos Departamentales de Desarrollo", establece que se podrá ampliar el Presupuesto 2025 hasta por los saldos por devengar de las asignaciones extraordinarias a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo, aprobadas mediante el artículo 12 del Decreto Número 17-2024 del Congreso de la República de Guatemala (ampliación del año pasado) y mediante el Artículo 130, "Asignación presupuestaria para apoyo de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición en el Decreto Número 54-2022. Nuevamente esto es ilegal porque no se puede hacer por acuerdo gubernativo y en este caso, la ampliación del 2024, si no se ejecutó así debe quedar; y si se comprometió algo, debió quedar provisionado y no ponerse como una ampliación para cubrir la ampliación anterior, según el Cacif.
- El artículo 137. "Ampliación a la Ley Temporal de Desarrollo Integral". Se amplía hasta por el monto de Q300 millones el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente a favor del Ministerio de Desarrollo Social hasta por el monto necesario para cubrir los compromisos de los beneficiarios del Decreto Número 51-2022 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Temporal de Desarrollo Integral y sus reformas.
Además de esta inconstitucionalidad parcial, también está pendiente una acción similar que ingresó la semana pasada por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Ellos cuestionan la asignación de fondos a las entidades ediles por medio de otra inconstitucionalidad parcial que no se ha discutido.